Por Luis Alvarado
La UNICEF refiere que en América Latina y el Caribe más de 154 millones de niños, niñas y jóvenes, vale decir un 95% de estudiantes matriculados de la región, se encuentran actualmente fuera de jardines, escuelas y liceos, a causa de las medidas de confinamiento por el COVID-19.
En Chile según la UNESCO alrededor de 1,5 millones de estudiantes, se encuentran sin sus clases presenciales en los establecimientos educacional, afectados en sus procesos educativos, no solo por no gozar de experiencias de aprendizaje en el aula, falta de conexión entre pares y con los estamentos de la comunidad escolar, sino también la mayoría de las familias no cuentan con las redes de apoyo para la educación de sus hijos, desplegando responsabilidad escolares hacia adultos a cargo de los niños, niñas y jóvenes en sus hogares, insertando una necesidad educativa, con mayores desafíos para satisfacerla apropiadamente.
La continuidad del aprendizaje ha sido la política del MINEDUC, pese a los factores de riesgos que se han multiplicado en este periodo de expansión del coronavirus, como la ampliación de denuncias por violencia intrafamiliar, problemas de salud, el hacinamiento y aumento de condiciones de allegamiento en sectores populares, en la cuales frente a ese escenario de más adversidades, la diversidad de grupos familiares buscan nuevas estrategias de supervivencia ante la desocupación y cesantía, incrementando el trabajo informal.
Según el INE las cifras del desempleo arrojan un total de 940 mil desempleados en última encuesta, siendo sectores asalariados más afectados en el rubro del comercio con 159.763 trabajadores, 142.449 en sector de la construcción y 116.780 en servicios de alojamiento y turísticos. Existe una cantidad de 693.139 mil personas suspendidas en sus contratos, un 84% con contrato indefinido y un 15% a plazo fijo, y alrededor de 112.117 mil empresas que se acogido a la “Ley de Protección al Empleo”.
MINEDUC, la continuidad de los aprendizajes sin favorecer un acceso gratuito universal a internet
Según una entrevista del Ministro de Educación Raúl Figueroa para la UNESCO, la política del Ministro de Educación ha sido la continuidad de los aprendizajes, basado en uso de plataformas virtuales como aprendo en línea, con recursos educativos de primero básico a muerto medio, favoreciendo la no utilización de planes de datos de internet (en alianza con Asociación de Telefonía Móvil), bibliotecas digitales (10 mil libros gratuitos a disposición), con acceso a soportes tecnológicos en los centros educacionales para uso de G Suite y Google Classroom, para el desarrollo de clases on line, disponiendo de vías virtuales para el contenidos de los cursos, seguimiento del proceso escolar y comunicación con el estudiantado.
Por parte del Gobierno de Sebastián Piñera en periodo de confinamiento, donde la mayoría de estudiantes de enseñanza parvularia y básica se encontraban en sus hogares junto a sus familias, se implementó la creación de una señal infantil durante la cuarentena TV Educa a Chile con material pedagógico y educativo.
¡Educación pública y gratuita en todos los niveles! Garantía de condiciones de acceso universal, público y gratuito a la educación online.
Es necesario saber que no todo los hogares de estudiantes que reciben la educación por internet, cuentan con las instalaciones de compañías telefónicas, de las telecomunicaciones, y que tampoco no poseen computadoras, notebook o tablets, sobre todos en sectores populares, e incluso escritorios escolares en sus domicilios debido a la pobreza multidimensional y la precariedad habitacional, esto evidencia que una mayoría de la población no posee los recursos mínimos educacionales para garantizar la tan anhelada misión del MINEDUC de dar continuidad de los aprendizajes, y priorización curricular.
La realidad es que muchos estudiantes no pueden navegar por internet, por no poseer las tecnologías de información y comunicación (TIC`s) adecuadas, lo que genera, no es solo vulnerar el acceso y ejercicio al derecho a la educación, sino que incrementa la desigualdad, segregación social e aislamiento, e incluso la exclusión a la educación.
Actualmente existe una obligatoriedad a las familias de asegurar la continuidad de los aprendizajes escolares, recayendo en gran medida de esta responsabilidad en mujeres jefas de hogar, que además deben cuidar hijos/a, enfermos, realizar el trabajo doméstico, no obstante, el Estado a través de MINEDUC, no otorga los recursos educativos básicos para garantizar tales objetivos educativos, visibilizando las urgencias en torno a la necesidad de acabar con el negocio de la industria tecnológica y poner los materiales a disposición de las familias, madres, padre y apoderados, ya que es profundamente injusto que dependa de las capacidades financieras y económicas de cada una de ellas, considerando que en su mayoría de los sectores populares han sido afectados sus ingresos algunos no satisfaciendo las necesidades básicas de alimentación.
Se torna urgente en este contexto no solo socializar el acceso universal a internet, con computadores, notebook, tablets y teléfonos para cada estudiante, con portátiles simples, gratuitos y redes wifi públicas, cuestión que permita realmente garantizar al conjunto de la población el uso de las tecnologías para fines educativos, así de esta forma no excluir a un alto porcentaje de la población por no contar con los recursos económicos, rompiendo realmente las barreras a la educación pública.
Por otra parte, las direcciones del Colegio de Profesores, sindicatos y asociaciones de asistentes de educación, solo se ha enfocado en postergar el ingreso a clases presenciales, la no realización de la prueba SIMCE, o aplazar la evaluación docente, y no velar por demandas democráticas mínimas del estudiantado en este contexto de COVID-19, situación que ha incrementado a mayores niveles de estrés y agobio a docentes y familias, por cumplir la continuidad de estudios exigidas por el MINEDUC, pero sin condiciones igualitarias para los 1,5 millones de estudiantes del país.
Es una emergencia retomar el paso al Estado de jardines, escuelas, liceos y universidades, con el traspaso a planta de todo el personal docente y de asistente de educación para tener un único sistema de educación, bajo control democrático triestamental, financiado por el impuesto a las grandes fortunas, que permita abordar estas demandas de democratización en la educación, donde no se postergue como actualmente, y se asegure el derecho a la educación de todos, todes y todas las estudiantes, sin distinción de su situación económica, habitacional o social.
