La empresa AngloAmerican, que controla 4 de las principales minas de cobre de Chile, anunció utilidades, en lo que va de 2021, de 5,4 mil millones de dólares. AngloAmerican es controlada por capitales de Sudáfrica, Inglaterra, Estados Unidos y otros países. La mayor parte de ese dinero será repartida entre los accionistas de la empresa.
Para que se tenga una idea de cuánto es ese dinero, hagamos algunas comparaciones. El presupuesto total del Ministerio de Salud para 2021 es de 12 mil millones de dólares. O sea, sólo con las ganancias de una empresa minera, podríamos aumentar en casi 50% la inversión en la salud pública del país, lo que sin duda podría evitar que miles de personas murieran esperando cirugías. Con ese dinero, podríamos construir 10 nuevos grandes hospitales totalmente equipados.
También se podría doblar la inversión del programa de construcción del Ministerio de Vivienda, lo que significaría construir 120.000 mil viviendas; o, podríamos pagar un sueldo mínimo de 600 mil pesos durante un año para más de 500 mil trabajadores.
Con ese único dato entendemos todos los problemas del país. Existe un verdadero saqueo de las riquezas producidas por la clase trabajadora. Toda esa riqueza termina en las manos de grandes capitalistas extranjeros y de las familias más ricas del país. Por eso existe tanta desigualdad, por eso las pensiones son miserables, por eso la juventud no tiene futuro, por eso el país explotó.
El patrimonio nacional fue entregado a los grandes empresarios
La dictadura empresarial-militar de Pinochet regaló el patrimonio nacional a sus amigos y a los grandes empresarios. Según un informe de 2004, de la Comisión de Privatizaciones de la Cámara, la dictadura privatizó o devolvió a sus antiguos dueños, entre 1973 y 1990, un total de 725 empresas, algunas de las más importantes y estratégicas del país, como bancos, empresas de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, metalúrgicas. Además de esas empresas, millones de hectáreas de tierras que habían sido utilizadas para la Reforma Agraria fueron privatizadas o devueltas a antiguos latifundistas, profundizando el robo de tierras en el territorio mapuche.
Muchos ex ministros de la dictadura estuvieron entre los principales beneficiados por esas privatizaciones. ¡Los que organizaron las privatizaciones fueron los mismos que se hicieron dueños de las empresas! Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, fue director ejecutivo de CONAF en 1974 y en pocos años ya era dueño de enormes fundos. Posteriormente, se benefició con la privatización de Soquimich y hoy es uno de los grandes magnates del litio. Otros beneficiados fueron Roberto de Andraca, hoy dueño de una de las principales siderúrgicas del país -CAP- y José Yuraszeck, también exministro, que se transformó en el dueño de las principales empresas eléctricas del país, vendiéndolas posteriormente a grandes transnacionales. Otro muy conocido es nuestro “amigo” José Piñera, creador del sistema de AFPs y del Código Laboral. José Piñera también se hizo rico controlando AFPs y participando de los directorios de muchas empresas estatales que fueron privatizadas.
Asimismo, los grandes grupos económicos fueron beneficiados con las privatizaciones a precio de huevo: los grupos Matte, Luksic, Yarur, Angelini. Todo ese enorme saqueo está descrito detalladamente en el libro El saqueo de los grandes grupos económicos al estado chileno de María Olivia Monckeberg.
Los métodos utilizados para las privatizaciones son totalmente cuestionables por donde se los mire. Se calcula que el Estado perdió entre 30 y 70% del valor de esas empresas en las privatizaciones, ya que sus acciones fueron vendidas muy por debajo de los valores de mercado, para favorecer a los compradores (ellos mismos). El mismo informe de 2004, de la Cámara, calcula en más de 2 mil millones de dólares de pérdida por un grupo de 30 empresas privatizadas entre 1978 y 1990. La cifra total sin dudas es diez o veinte veces mayor.
Pero no sólo eso. Tales grupos, que “compraron” las empresas estatales, no las compraron con su propio dinero. Muchos tuvieron acceso a crédito barato… ¡del propio Estado! El saqueo es realmente impresionante y totalmente ilegítimo. Todo aquello solo fue posible, porque mientras esos grupos se adueñaban de todo el patrimonio nacional, una dictadura militar torturaba, desaparecía, asesinaba y exiliaba a miles de trabajadores/as. Tal saqueo sería imposible sin una dictadura militar.
Ese es el principal legado de Pinochet: la privatización de todas las empresas estatales, la creación de las Isapres, de las AFPs, la entrega del cobre, litio y el agua a las grandes transnacionales. Ese legado permaneció durante los últimos 30 años de democracia. La privatización de las empresas y la entrega del patrimonio nacional a los capitalistas extranjeros se profundizó en los gobiernos de la ex Concertación, derecha y Nueva Mayoría (éste último gobierno tuvo la célebre participación del ¡Partido Comunista!, que ahora quiere aparecer como “gran opositor al modelo”).
Derechos sociales y recuperación de la riqueza nacional
Ya sabemos muy bien lo que queremos: una vida digna, lo que significa tener derechos sociales. Salud y educación públicas y de calidad. Pensiones que nos permitan vivir y disfrutar nuestra vejez. Viviendas para no vivir en campamentos o hacinados. Buenos empleos, derechos laborales, tiempo para disfrutar el arte, la cultura, la ciencia. Eso es lo que todos seres humanos necesitamos para vivir con dignidad. ¿Es posible que tengamos todo eso?
Sí, es posible.
Nuestro país produce mucha riqueza. Sin embargo, como ya demostramos, esa riqueza sale del país o se concentra en las manos de unos pocos. Para que conquistemos todos los derechos sociales, no basta con escribirlos en una Constitución. Tenemos que hacerlos realidad. Y para ello, los trabajadores y trabajadoras, y las comunidades tienen que controlar toda esa riqueza. ¿Qué significa eso?
Significa que necesitamos Re estatizar todas las empresas privatizadas y estratégicas del país. No estamos hablando de las pequeñas empresas, pymes, pequeños negocios, panaderías, etc. Estamos hablando de las empresas de energía eléctrica, las mineras, salmoneras, forestales, grandes empresas agrícolas.
Aquella recuperación del patrimonio nacional es un paso necesario para que el pueblo pueda tener sus derechos garantizados. Sin embargo, la estatización de esas empresas no significa, todavía, que el pueblo controlará esa riqueza. Mientras los empresarios controlen el Estado, estatizar una empresa no significa que su riqueza será utilizada para solucionar los problemas del país. El mejor ejemplo de una empresa estatal que funciona como una empresa privada es Codelco. En las últimas décadas parte de las ganancias de Codelco fue utilizada para financiar las Fuerzas Armadas, a través de la Ley Reservada del cobre. En Codelco, los gerentes ganan sueldos multimillonarios: sueldos anuales de 60 a 400 millones de pesos líquidos!!! O sea, mensualmente los principales gerentes de Codelco ganan más de 30 millones de pesos. Además de eso, Codelco es una “mina de oro” para las empresas privadas, ya que la mayor parte de su producción hoy es manejada por empresas subcontratistas, que contratan trabajadores con muchos menos derechos y bajos sueldos.
Codelco no es el modelo de empresa pública que queremos. Todas esas desigualdades deben acabar en las empresas estatales. Eso solo será posible si los propios trabajadores las administran. La administración obrera no es nada nuevo en nuestra historia. En los años 70 muchas empresas, algunas de las más importantes del país, fueron administradas de forma democrática por sus propios trabajadores, organizados en sindicatos, comités de fábrica, comisiones obreras. En muchos casos, las empresas pasaron a producir bienes básicos para solucionar los problemas de los trabajadores y dejaron de privilegiar las exportaciones.
Es evidente que después de 50 años de salvaje capitalismo, la clase trabajadora no está consciente de su poder y de su historia. Es fundamental que empecemos a recuperar esa historia y esa consciencia entre los trabajadores, única forma de solucionar definitivamente los problemas del país.
La Constitución y la lucha por un Estado obrero
La Constitución no puede ser vista como un fin en sí misma. Los trabajadores debemos recuperar nuestras organizaciones y movilizarnos para que la próxima Constitución sea un reflejo de las necesidades de la mayoría de la población del país. Sin embargo, esa lucha debe ser solamente un paso en el sentido de construir un poder verdaderamente obrero y popular. Ya sabemos, por la experiencia histórica, que los grandes empresarios no van a entregar sus riquezas y pueden incluso llegar a una enorme violencia para defender sus propiedades y privilegios. Por eso, la clase obrera y el pueblo deben organizarse con la perspectiva de enfrentar al gran empresariado si ese no respeta la voluntad de la mayoría. Debemos luchar con la perspectiva de conquistar un Estado obrero y popular, donde sean los trabajadores y trabajadoras organizados quienes controlen el poder político y económico. Ello solo será posible si también controlan las armas y conforman un verdadero ejército popular para defender sus conquistas. El MIT está al servicio de construir tal proyecto, un proyecto de emancipación de la clase obrera en Chile y en el mundo.
