Violencia y tortura policial, la criminalización de las protestas

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Según el INDH ha interpuesto 1895 querellas, donde 1468 corresponden a eventuales torturas y otros tratos crueles, 270 denuncias de flagelos con violencia sexual, del total de querellas sólo 21 tienen formalizados, con un total de 60 carabineros, tres militares y un marino.

La Fiscalía registra que 1168 personas acusaron que sufrieron sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos cuando se encontraban detenidos al interior de los carros policiales, comisarias o recintos militares desde el 18 de octubre del 2019.

Según la información entregada a Ciper.cl, los registros que fueron realizados hasta el mes de marzo del 2020, 364 son denuncias de desnudamiento y violencia sexual, 12 corresponde a violaciones. El reporte señala sobre ataque a menores de 18 años de edad, correspondiente a 1315 denuncias según registro de Fiscalía

Existen querellas frente a disparos de perdigones, donde existen 1026 casos a junio del 2020 registrados por Fiscalía, donde de esa totalidad 411 corresponden a daño oculares, otros casos son fracturas y traumatismo encéfalo craneanos, y disparos a corta distancia de munición no letal de las escopetas antidisturbios que pueden dejar daños de consideración, incluso la muerte.

La situación desatada del 18 de octubre en adelante no solo trajo un mar de personas violentadas por agentes del Estado, sino que por parte de este se evidencia una total criminalización de las protestas, efectuando el Gobierno de Sebastián Piñera hasta el 7 de julio, un total de 1914 recursos judiciales contra 3274 personas, de ellas casi la mitad se basan en la Ley de Seguridad Interior del Estado, algunos castigados con prisión preventiva, por desórdenes públicos (608), ataques a miembros de las Fuerza Armadas y de Orden (118), entre otros.

La Impunidad del personal de Carabineros, investigaciones PDI, Militares y de la Armada

Según Ciper.cl, hasta la fecha de junio del 2020, existen una totalidad de 8510 casos de acusaciones por “eventuales” vulneraciones de los derechos humanos a agente del estado, y de este total, tan solo 800 se han traducido en querellas según las cifras de Fiscalía. Del total: 6369 apuntan a carabineros, 307 a militares, 137 a efectivos de la PDI, 27 a marinos.

Según la Fiscalía se encuentran en investigación por “posibles” violaciones a los derechos humanos, de parte de la policía y Fuerzas Armadas son solo 466 casos (419 efectivos policiales, 30 efectivos de las PDI y 11 del Ejercito, 4 de la Armada), y de estos sólo 64 se encuentran formalizados judicialmente, ya que las víctimas identificaron total o parcialmente a los agentes del Estado.

Juicio y castigo a los responsables de los ataques a los derechos humanos

La situación de irrupción de las masas a partir del 18 de octubre no solo colocó en el centro de la situación nacional la necesidad de mejorar la situación de las grandes mayorías, sometidas a pensiones de pobreza, salarios de hambre, hacinamiento y allegamiento habitacional, endeudamiento familiar, a la espera de atención por especialistas e intervención quirúrgica en la salud pública, pagando pasaje en el trasporte casi más caro del mundo, evidenciaron factores de riesgos que abrió una crisis en la sociedad chilena que no ha sido cerrada.

La crisis del sistema político, reflejo la complicidad de los partidos políticos tradicionales, tanto de Chile Vamos, la Ex Concertación y la Ex nueva Mayoría, de amparar la acumulación de la riqueza para una minoría multimillonaria capitalista, y las desigualdades y precariedad en las vidas de millones de trabajadores. Al pueblo pobre, no solo les ha costado encarcelados y prisioneros políticos, sino también muertos, mutilados, torturados y violentados, exigir su dignidad hasta que se haga costumbre.

No podemos permitir que mientras el Estado se querella contra trabajadores, mujeres y jóvenes de sectores populares, demostrando una persecución política, todos los agentes del Estado, que efectuaron violencia, represión y muerte queden en la impunidad y anden libre con la posibilidad de volver a efectuar su actuar de violación sistemática a los derechos humanos, sin ningún castigo y juicio por sus responsabilidades en hechos cometidos contra el pueblo trabajador y pobre.

Por esto, como MIT levantamos la campaña por la libertad a todas y todos los presos políticos desde el inicio de esta revolución. Hacemos un llamado a todas las personas y organizaciones a sumarse a esta campaña, a no olvidarnos de nuestros luchadores que están en la cárcel o con arresto domiciliario, dentro del SENAME o recibiendo amenazas por agentes del gobierno o civiles.

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