El último 7 de junio, más de 50 personas presentaron fuertes síntomas de intoxicación en la ciudad de Quintero, debiendo ser llevadas al hospital local para ser atendidas. Varios colegios tuvieron que suspender sus clases. Menos de diez días después, nuevamente 10 alumnos de un Liceo presentaron síntomas de intoxicación y tuvieron que ser atendidos y derivados a sus casas o al hospital. Este nuevo caso de intoxicación masiva en la llamada “zona de sacrificio” de Quintero-Puchuncaví no es una novedad.

Entre agosto y octubre de 2018 se produjo la primera intoxicación masiva en la región, que afectó a más de 1300 personas. Colegios tuvieron que cerrar sus puertas, familias completas fueron a parar al hospital. La situación fue tan grave que las autoridades tuvieron que instalar hospitales de campaña. Nadie tenía dudas: las nubes tóxicas venían del parque industrial Quintero-Puchuncaví, que agrupa a más de 20 empresas relacionadas al sector químico, energético y a la minería. Las intoxicaciones masivas causaron la indignación de la población, que se manifestó en varias ocasiones, cuestionando el entonces gobierno de Piñera y también a los gerentes y encargados de las empresas del parque industrial. La población indignada llegó a tomar las oficinas de Codelco en el sector, exigiendo respuestas inmediatas de sus gerentes.

Pocos meses después la Corte Suprema ordenó 15 medidas que deberían ser tomadas por el Estado y las empresas en distintas áreas: salud, ambiente, gestión de riesgos, acceso a la información, niños, niñas y adolescentes y población vulnerable. En 2021, tres años después, dirigentes vecinales y de organizaciones ambientales de la región denunciaban el incumplimiento casi total de las medidas y acusaban que la Justicia hizo caso omiso de sus reclamos. Hoy, pasados ya 4 años de los primeros episodios de intoxicación, vemos que la situación sigue igual y la comunidad sigue sufriendo los daños causados por las industrias.

Una historia de abusos: Estado y empresarios de manos dadas

La zona de Quintero-Puchuncaví fue elegida para la instalación de industrias a partir de fines de los años 1950, con la instalación de Chilectra y Enami. Con el pasar de los años y la llegada de nuevas industrias, la Bahía de Quintero dejó de ser uno de los balnearios de mayor prestigio del país y se fue transformando cada vez más en una “zona de sacrificio”.

El “desarrollo” del parque industrial estuvo relacionado con la matriz productiva chilena, principalmente con la generación de energía para la producción minera y también la refinación del petróleo para consumo interno (la mayor parte del combustible utilizado en Santiago viene del petróleo refinado por la Refinería de Concón).

Ya en 1992 la zona fue declarada como “zona saturada” y fueron aprobados los primeros planes de descontaminación, con medidas ordenadas para la Fundición y Refinería Ventanas y para la planta termoeléctrica de Chilgener S.A. Esas medidas no fueron cumplidas y casi no hubo fiscalización estatal para su cumplimiento. La crisis fue en aumento con la instalación de nuevas industrias y el crecimiento de la población en el sector.

El Estado chileno no solo fue connivente con ello, sino que fue uno de los principales responsables. Uno de los casos emblemáticos de esa relación inescrupulosa entre el gran empresariado y el Estado fue la instalación de la Central Termoeléctrica Campiche, perteneciente a la multinacional AES Gener, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Después de un primer revés en la tramitación del proyecto debido a su alto impacto ambiental y social, se desató un intenso lobby sobre el gobierno chileno que involucró a empresarios norteamericanos, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno sur-coreano (que tenía participación en el proyecto). Ese lobby logró presionar a distintos ministerios del gobierno y a revertir las decisiones judiciales. Al final, el proyecto fue aprobado en 2010 y empezó a operar en 2012.

Este ejemplo es ilustrativo de cómo funciona la relación entre el Estado y el gran empresariado en el capitalismo. El Estado chileno y los distintos gobiernos de derecha e “izquierda”, como representantes y defensores del gran empresariado, han sido los principales responsables de la situación de contaminación en la región.

Con el crecimiento del cordón industrial, la población de la zona empezó a sentir los efectos de la contaminación, como las intoxicaciones masivas y los altos índices de enfermedades cardiorespiratorias, problemas vasculares, cánceres, etc.

Y aquí se expresa el principal problema que debemos lidiar los trabajadores y comunidades: al mismo tiempo en que el parque industrial contamina los asentamientos humanos y destruye la naturaleza, esas industrias generan empleo y posibilitan la existencia misma de miles de familias que dependen directa o indirectamente del parque industrial.

Esa contradicción se expresa en dos luchas distintas: por un lado, las comunidades exigiendo el cese de la contaminación. Por otro lado, los trabajadores de esas industrias preocupados principalmente por sus empleos. Esas luchas no son necesariamente opuestas, pero esto va a depender de la política de los sectores que las dirigen.

El cierre de Ventanas

En este contexto, el directorio de Codelco y el gobierno de Gabriel Boric anuncian el cierre de la fundición estatal de cobre de Ventanas, una de las empresas que supuestamente más contamina en el sector. Muchos pobladores/as y jóvenes celebraron la noticia. Los movimientos ecologistas y algunos movimientos de la zona también salieron a celebrar la noticia, como un “avance” en la solución del problema ambiental de Quintero.

Aquí queremos discutir con esas personas: ¿el cierre de Ventanas realmente es un avance para acabar con el problema ambiental y social en Quintero-Puchuncaví? ¿Con el cierre de la fundición estaremos un paso más cerca de acabar con la contaminación?

En nuestra opinión, no.

Las primeras preguntas que debemos hacer son: ¿por qué se cierra Ventanas y siguen funcionando las demás empresas, que incluso son más contaminantes? ¿Por qué no ordena la paralización inmediata de todas las empresas del cordón? ¿Por qué no ordena el cierre de las termoeléctricas, que son algunas de las empresas más contaminantes y además contribuyen para el calentamiento global?

Evidentemente no estamos de acuerdo con esa forma de hacer política, porque no confiamos ni exigimos del gobierno que cierre las empresas, ya que sabemos que esto significa dejar a miles de trabajadores en las calles y sin perspectivas. Ya vimos esa historia antes, con el cierre de las minas de carbón en Lota. Pero esas preguntas deben ser respondidas si queremos saber las reales intenciones por detrás del cierre de Ventanas.

Entre los trabajadores de la minería ya es ampliamente conocido el hecho de que los distintos gobiernos han querido cerrar la fundición de Ventanas. Esto responde a una política del Estado chileno, presionado por el capital internacional, de acabar con la fundición y refinación de cobre en Chile y hacer que el país exporte cada vez más concentrados de cobre sin procesamiento. Esta es una política nefasta, ya que elimina la posibilidad del país de tener su propia industria, desarrollar tecnología, ciencia y generar empleos calificados. Por otro lado, la exportación de concentrado es un gran negocio para las mineras privadas y también para las empresas que funden y refinan nuestro cobre, ya que con el cobre concentrado se van toneladas de subproductos muy valiosos que son utilizados en distintos procesos industriales, como el oro, la plata, el molibdeno, las tierras raras y muchos otros. Todos esos subproductos se quedan en los países que refinan el concentrado y las empresas no pagan un peso por su venta. Además de eso, la exportación de concentrados es altamente contaminante, ya que se utiliza de 2 a 3 veces más combustibles, embarcaciones y agua para su exportación.

El saqueo del cobre a través de la privatización y exportación de concentrados es el mayor saqueo que existe en Chile y esto no puede ser ignorado cuando hablamos sobre el cierre de una de las pocas fundiciones que existe en el país.

El gobierno de Gabriel Boric no tiene ningún plan para acabar con el saqueo del país y con los proyectos “extractivistas”. Todo al revés. El Frente Amplio y el Partido Socialista, principales partidos que dirigen el gobierno, se opusieron a la nacionalización de la gran minería del cobre en la Convención Constitucional y votaron por mantener todo como está. Hace pocos días Boric estuvo en Canadá ofreciendo 34 faenas mineras (la mayoría de ellas pertenecientes a Codelco) a mineras privadas. Su gobierno, encabezado por Mario Marcel, un economista de confianza de la alta burguesía chilena e internacional, no tiene otro proyecto que terminar de rifar el país a las transnacionales. Por otro lado, el actual presidente del directorio de Codelco tiene un largo historial de incentivar y aprobar proyectos altamente cuestionados por sus impactos ambientales y sociales.

Máximo Pacheco

Así, no podemos entender el cierre de Ventanas como un hecho aislado de un gobierno que supuestamente quiere acabar con el “extractivismo”, nada de eso. Boric se aprovecha de una nueva crisis ambiental en Quintero para cerrar una de las pocas fundiciones del país. Este gobierno, al servicio del gran capital, no terminará con los problemas ambientales en Quintero-Puchuncaví.

El cierre de Ventanas, además de no solucionar el problema de la contaminación, significará una pérdida para el país y también para las miles de familias que dependen directa o indirectamente de la empresa. Entre trabajadores de planta y subcontratistas se calcula que la fundición emplea a más de 1000 personas (y por detrás de cada trabajador hay una familia). Además de esas miles de personas, debemos sumar por lo menos una o dos personas más que dependen indirectamente de la fundición (transportistas, trabajadores de servicios, etc.). Esto sin hablar de los miles de pirquineros de la región que no tendrán donde fundir el cobre que extraen de pequeñas minas. Estos últimos quizás serán los mayores perjudicados por el cierre de Ventanas. Estamos hablando de 10 o 15 mil personas que dependen directa o indirectamente de la fundición.

El gobierno dice que reubicará a los trabajadores directos en distintas faenas de Codelco y nadie quedará sin trabajo. En primer lugar, no podemos confiar en las palabras del gobierno. Algunas semanas antes, la Ministra de Minería había prometido una nueva inversión para modernizar la fundición, lo que fue celebrado por los trabajadores y los sindicatos. Días después, el directorio de Codelco y el gobierno deciden cerrar la empresa sin ninguna consulta a los sindicatos y a los trabajadores. Entonces, los trabajadores tienen muchos motivos para desconfiar de este gobierno.

En segundo lugar, el gobierno no toma en consideración los miles de trabajadores indirectos que dependen de la fundición y también a los pirquineros. Su política de “reubicación” laboral de los trabajadores directos puede que no solo no sea cumplida, como es totalmente insuficiente en relación al daño que será causado a los que dependen de la fundición.

Es por esto que desde el MIT no apoyamos el cierre de la fundición de Ventanas en los moldes que está planteando actualmente el gobierno. Si esta fuera una decisión democrática de los trabajadores junto a las comunidades y si viniera acompañada de reales medidas para mantener el empleo de miles de personas y para acabar con la contaminación en Quintero, la historia sería distinta, pero hoy no es esto lo que está planteado.

Desde el MIT y el boletín La Voz del Minero apoyaremos activamente el Paro Nacional convocado por la Federación de Trabajadores del Cobre y estaremos codo a codo con los trabajadores para defender Ventanas.

Vemos que empieza a surgir por redes sociales una campaña para atacar a los mineros y a su legítima lucha en defensa del empleo y de la modernización de la Fundición. Muchas de esas personas han reproducido una falsa opinión de que los mineros no han luchado al lado de la población desde el 18 de octubre y que sólo se manifiestan en defensa de sus intereses. No compartimos esa opinión y sabemos que miles de mineros fueron parte de la lucha popular desde el 18 de octubre, participando en marchas, caceroleos, barricadas y hasta en la Primera Línea. El hecho de que no hayan existido grandes paros mineros tiene relación con el rol de las distintas burocracias sindicales, que limitan las luchas de la clase obrera a las negociaciones colectivas y a los bonos. Los mineros son parte del pueblo chileno y han sido parte de la lucha social en las últimas décadas y en los últimos años. La violenta campaña de ataque a los mineros, principalmente a partir de figuras del Frente Amplio y sus seguidores, no debilitará ni un milímetro la solidaridad popular a la clase obrera.

Para defender la vida y el empleo: unidad de los trabajadores y comunidades

La política de defensa del empleo y de la fundición no puede significar no responder al problema de la contaminación en Quintero-Puchuncaví. Los trabajadores y sus sindicatos deben tener una política para que la comunidad sea su aliada y que no apoye el gobierno en sus medidas. Sabemos que los trabajadores de Ventanas y sus sindicatos están defendiendo la realización de nuevas inversiones en la fundición para modernizarla y disminuir la contaminación. Esta política está bien, pero también es totalmente insuficiente para solucionar los graves problemas ambientales en la zona.

Por ello, desde el MIT consideramos que es fundamental unir las luchas de las comunidades y de la clase obrera contra el Estado y los empresarios. Ellos son los principales responsables por la situación de Quintero-Puchuncaví y sus medidas actuales solo generan más daños a la clase trabajadora.

Así, planteamos algunas ideas que pueden ser fundamentales para buscar esa unidad:

1 – Reforzar la preparación del Paro Nacional en todas las faenas de Codelco y buscar la solidaridad de los trabajadores de la minería privada, pirquineros y de otros sectores de trabajadores; Es fundamental que organicemos asambleas de trabajadores en las bases y comités de huelga para organizar el Paro. También debemos hacer una amplia campaña de concientización entre la población, que está siendo engañada por este gobierno y no entiende la profundidad de lo que está en juego con el cierre de Ventanas.

2 – Crear una Coordinación entre sindicatos y representantes de trabajadores de la minería, del cordón industrial de Quintero-Puchuncaví, de organizaciones sociales y vecinales de la zona y científicos para discutir todas las medidas que deben ser tomadas para proteger la vida de los habitantes de la región;

3 – Exigir del gobierno la suspensión inmediata de la producción de TODAS las empresas contaminantes, con la mantención del empleo, sueldos y beneficios a todos los trabajadores de esas industrias; Esa suspensión debe durar hasta que se haga una investigación independiente y a fondo sobre las empresas contaminantes y se definan medidas concretas para acabar con la contaminación. Las empresas que acusen no tener condiciones de mantenerse paralizadas deben ser nacionalizadas, sin indemnizaciones y con control de sus trabajadores.

4 – Plantear la necesidad de la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre y el control de los trabajadores sobre esas empresas. Las comunidades que viven cerca de las mineras también deben participar de las decisiones que les afecten directamente. Sólo de esta forma será posible revertir la trágica situación de Quintero y también de muchas otras comunas afectadas por proyectos mineros. Codelco también debe ser controlada por los trabajadores con participación de las comunidades. ¡Basta de directorios designados a dedo por los partidos de la derecha y ex Concertación. ¡Basta de directorios compuestos por ejecutivos millonarios! ¡Los trabajadores de la minería somos capaces de administrar las empresas en armonía con el medioambiente y las comunidades!

5 – Exigir del gobierno de Gabriel Boric que invierta inmediatamente en nuevas fundiciones y refinerías con tecnología de punta, como las que existen en Japón o Alemania, que pueden capturar hasta 99,5% de las emisiones de dióxido de azufre. Esto posibilitaría frenar el saqueo del cobre y utilizar toda esa riqueza en beneficio de la población trabajadora que vive en Chile.

Por último, es importante destacar que el ejemplo de Quintero-Puchuncaví, si bien es uno de los más emblemáticos en Chile, no es una excepción en el sistema capitalista mundial. Las “zonas de sacrificio” son una realidad en todo el planeta, debido a la lógica de producción y acumulación capitalistas. Para acabar definitivamente con ese problema tendremos que acabar con el capitalismo en Chile y en todo el planeta, reorganizando toda la producción en base a las necesidades humanas (y no del capital) y para la recuperación de la naturaleza. La lucha de las comunidades y obreros de Quintero-Puchuncaví puede ser un pequeño (pero importante) paso en pavimentar el camino hacia una nueva sociedad.

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