por Paz Ibarra

La figura de un Edecán acompaña a la Presidencia de Chile, así como al Congreso, desde los inicios de la república siguiendo una tradición militar. Un edecán es un alto oficial, ayudante muy cercano y de toda la confianza de la autoridad. El significado es potente: la vida política del país está bajo la custodia del Ejército desde que Chile es Chile.

Pinochet se hizo acompañar por cuatro edecanes, uno por cada rama de las FF.AA. y de Orden. Uno de ellos fue Jorge Arancibia, por la Armada entre 1980 y 1982. Eso implica que fue un colaborador estrecho del dictador. No sólo un admirador de la “obra del gobierno militar”, sino al menos cómplice, de las atrocidades cometidas en ese periodo contra el pueblo luchador y los trabajadores, así como del voto de silencio que hasta hoy guarda la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas respecto a ellas. Paradójicamente, aún con esa carga, Jorge Arancibia continuó con su “carrera” en la Armada, incluso en democracia. Fue ascendido a Almirante y designado comandante en Jefe, en 1997 por el propio presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Cuando renunció a la Armada, y siendo coherente con su participación en la dictadura cívico militar, Arancibia ingresó a la UDI, el criadero ideológico de Jaime Guzmán; y por ese partido fue senador durante un período, hasta 2010.

En todos estos años, el ex edecán de Pinochet se ha caracterizado por defender permanentemente el actuar de la dictadura, y de minimizar y no condenar las violaciones a los derechos humanos de miles de opositores. Arancibia, así como tantos otros ex uniformados, políticos y empresarios, hablan de “pronunciamiento militar” en vez de golpe militar. Hablan de excesos cometidos en vez de crímenes. Los miles de torturados fueron objeto de crímenes atroces consumados por agentes del Estado, obedeciendo un plan de exterminio y con recursos fiscales. Los cuerpos enterrados en fosas en pleno desierto o arrojados al mar fueron parte del mismo plan, no fueron excesos ni eventos aislados.

El entrenamiento de miles de uniformados y civiles para cometer genocidio. El silencio de altos oficiales para borrar todo rastro. La persecución a los familiares y sobrevivientes denunciantes. La justicia militar y la complicidad de los tribunales civiles. La manipulación de la prensa. Todas esas fueron las armas del Estado burgués contra el pueblo. La versión oficial sobre excesos cometidos en dictadura es la que defiende Arancibia, la versión negacionista de ese periodo en la historia del país.

Sólo cuando se sacrifica la verdad y la justicia en favor de la «democracia» y la institucionalidad se abre la puerta del negacionismo. Si no hay culpables, el delito se olvida y sus efectos se invisibilizan. Los gobiernos de la Concertación, cumpliendo lo pactado y para garantizar la débil democracia, llevaron a cabo el perdonazo a la gran mayoría de los criminales de lesa humanidad, empezando por Pinochet. Aylwin ordenó hacer justicia en “la medida de lo posible” a través del informe Rettig. Lagos decretó la clasificación de miles de archivos del informe Valech sobre prisión política y tortura, asegurando el secreto de las identidades de los criminales por 50 años, a partir de 2004. Esa ley fue aprobada por los parlamentarios de la época.

Según datos de la organización Londres 38, de las 41.467 personas afectadas por violaciones graves a los derechos humanos; entre desaparecidos, ejecutados y prisioneros sobrevivientes; sólo en 2,65% de los casos ha habido juicio. Es decir, casi 1.100 juicios. Por otra parte, los poco más de 100 condenados en Punta Peuco, gozan de privilegios que incluyen jubilaciones mensuales de hasta $2.3 millones con cargo a las arcas públicas.

Sólo cuando se normaliza semejante impunidad y se acepta el negacionismo como una opinión válida, es posible que personajes como Jorge Arancibia puedan ser electos “democráticamente” para el Congreso. Aún hoy, el proceso constituyente refleja esa aberración. Junto a constituyentes salidos de los procesos de lucha social, hay también “independientes” como Arancibia que representan a una minoría. Los defensores de esta democracia de ricos no ven nada de malo en ello.

La permanencia de Arancibia en la comisión de Derechos Humanos de la Convención es intolerable. Él ha explicado que “para un oficial de las FF.AA. ser edecán de un Presidente es un honor”. Vuelve a tergiversar los hechos y negarlos. Pinochet no fue presidente. Fue el dictador más sanguinario en la historia de Chile, y si Arancibia siente honor por eso, entonces debe ser juzgado por un tribunal. Arancibia dice que no va a renunciar a la comisión porque él fue electo por miles de personas a las que él “debe defender y representar”. Queda claro que esos miles son parte de quienes rechazaron cambiar la constitución del ’80, y que habiendo sido la minoría, la misma que ostenta todos los privilegios económicos y políticos, ahora necesitan defenderse del 80% de la población que quiere cambiar la situación del país.

Debemos decir que la clase privilegiada, el 20% más rico que se apropió y concentró todas las riquezas del país valiéndose del poder de la dictadura y sus leyes de amarre que fueron mantenidas por todos los gobiernos sucesivos, no requiere que Arancibia los proteja. Tiene a su servicio sus recursos democráticos: el Tribunal Constitucional, el parlamento, el Acuerdo por la paz para atar a la Convención. Usará la publicidad del terror y su discurso de Chilezuela. Anunciará la debacle económica y la fuga de capitales ante la eventual aprobación de una constitución teñida de rojo. Si fuera necesario usará el boicot, la acción de grupos paramilitares de ultraderecha. En último caso, ese 20% se quitará la mascarilla democrática y usará las armas para salvar su patrimonio.

Por lo anterior, no sólo exigimos la salida de Arancibia de la comisión de derechos humanos, también llamamos a todos los trabajadores a hacer lo mismo. Los derechos del pueblo deben movilizar al pueblo. No sólo a los familiares de los detenidos desaparecidos, ejecutados o presos políticos. No sólo a las organizaciones de derechos humanos. Es más. Con una movilización cada vez mayor debemos inhabilitar a Arancibia y a cualquier otro personaje al interior de la Convención que esté comprometido con la mantención de los privilegios de la clase empresarial que explota a los trabajadores y saquea las riquezas naturales, y en cuyo beneficio se cometieron los crímenes de la dictadura.

Exigimos juicio y castigo para todos los responsables y cómplices del terrorismo de Estado, de los crímenes cometidos por la dictadura y por los gobiernos democráticos contra el pueblo chileno y mapuche.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí