Nuestro derecho al agua está amenazado por los empresarios

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En el último tiempo se ha intensificado la discusión sobre la crisis del agua. Recientemente el gobierno anunció que entregaría los derechos de aguas a perpetuidad a los privados, pero por las críticas se retractó. Dentro de estas polémicas, incluso aparece el senador Guido Girardi (PPD), proponiendo una “ley que nacionaliza el agua”. Pero ¿qué hay detrás de estas discusiones que dan por arriba los parlamentarios y el Gobierno? ¿cómo vivimos las y los trabajadores esta escasez de agua?

Un 90% del agua dulce se usa indiscriminadamente en agricultura y, en Chile esa cifra es un 74%. El Foro Económico Mundial y otras instituciones calculan que para 2030 habrá una demanda 40% más alta, que el planeta no podrá suministrar.

El cambio climático también juega un rol perjudicial, ya que por ejemplo, genera cambios en las lluvias: algunas zonas se vuelven más secas y otras más lluviosas. Las más lluviosas son más intensas, lo que no favorece la infiltración del agua bajo las napas freáticas (capas de agua cercanas a la superficie de la tierra), y se favorece el escurrimiento generando inundaciones.

Cómo nos afecta a los/as trabajadores/as

Esta situación nos golpea al punto en que casi dos millones de personas se mueren al año por falta de agua potable. Más de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua y a otros 2.700 millones les hace falta por lo menos un mes del año.

En Chile hay 79 comunas, dos millones de personas, que dependen de camiones aljibes, no porque no haya agua sino porque algunos se apropiaron de ella usando la ley actual que privatiza el agua. La provincia de Petorca lleva siete años declarada zona de emergencia hídrica por sequía.

La ex concertación y Piñera profundizaron la privatización que impuso Pinochet

La privatización del agua potable en Chile es un fenómeno casi único en el mundo. La reforma al Código de Aguas realizada durante la dictadura de Pinochet en 1981, permitió inscribir gratuitamente los derechos de agua. Una gran diferencia con el Código de 1969, ya que este último jerarquizaba los usos: en su artículo 30 declaraba que la concesión se realizaría priorizando la bebida y el servicio de agua potable, luego, el uso doméstico y saneamiento, y finalmente dando lugar a “otros usos”.

Durante el gobierno concertacionista de Frei–entre 1994 y 1999-, se inició la privatización del agua potable con la empresa de Servicios Sanitarios de Valparaíso (Esval), ya que licitó la venta del 35% de sus derechos, adjudicándoselos el consorcio Enersis-Anglian Water. Posteriormente se enajenó las distribuidoras de la región metropolitana, Emos,  (Aguas Andinas), la del Biobío (Essbio) y la de los Lagos (Essal). En esa oportunidad se mantuvo alrededor del 30% de la propiedad de uso público, algo que posteriormente, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se liberalizó al mercado al cien por ciento. Finalmente, antes de terminar su mandato, Sebastián Piñera el 2012 consumó las ventas de la Empresa de Obras Sanitarias.

La falsa de que la privatización mejora el servicio

Cada vez que los empresarios y sus gobiernos quieren privatizar algo, tratan de convencernos de que traerá un mejor servicio y terminará siendo beneficioso para las y los trabajadores, así lo hizo José Piñera con la farsa de las AFPs, así también lo hicieron el agua. Actualmente nuestro país posee acceso casi universal al agua potable, con un 99% de la población cubierta. Pero, ¿es esto realmente mérito de la empresa privada? No, muy por el contrario. Un estudio indica que en realidad el financiamiento público previo al traspaso a manos privadas fue el que permitió extender la cobertura. Es más, los empresarios dueños de las sanitarias han incumplido los requerimientos mínimos estipulados. Según cifras gubernamentales, la empresa Aguas del Valle sólo invirtió un 49% del mínimo recomendado para 2014, mientras que Essbio y Esval invirtieron un 75% y 64% del mínimo recomendado.

Debemos luchar por renacionalizar el agua y los recursos naturales Está en nuestras manos evitar una crisis mayor del agua, los empresarios han demostrado que con su afán de lucro no van a revertir la crisis ni racionalizar su uso. Necesitamos una economía planificada, donde se produzca lo que realmente necesitamos para vivir y no lo que el empresarios quieran para sus bolsillos. Una economía planificada podría dar un uso razonable al agua. La economía planificada se contradice con la producción capitalista que es pauteada por lo que más lucro trae. Uno de los primeros pasos en ese sentido es luchar por nacionalizar el agua bajo control obrero, no con el discurso hipócrita de Girardi, militante del mismo pacto político que la privatizó, sino con un interés ligado a las necesidades de las y los trabajadores.

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