Los devastadores incendios de la V Región dejan un saldo de más de 135 personas fallecidas y más de 400 desaparecidas, con miles de familias afectadas y cerros y barrios enteros arrasados por las llamas. A cinco días del desastre, la situación sigue siendo crítica, con denuncias de abandono por parte de las autoridades y ayuda limitada proveniente de voluntarios y trabajadores de la región y otras áreas.
Los residentes, preocupados por el saqueo y nuevos focos de incendio, permanecen en constante tensión. Las autoridades han demostrado nuevamente su ineficacia para proporcionar asistencia completa ante la emergencia. La indignación y desesperación entre los afectados son generalizadas, mientras que nuevos focos de incendio surgen en otras regiones del país, aumentando el temor a futuras tragedias.
1. El fracaso de la prevención
El fracaso en la prevención de tragedias como los recientes incendios radica en la falta de medidas adecuadas por parte del Estado. En primer lugar, persiste la autorización para la expansión masiva de bosques de pino y eucaliptos, árboles altamente inflamables pero rentables para la industria forestal, dominada por las familias más adineradas del país, como los Matte y Angelini.
En segundo lugar, la grave carencia de viviendas en Chile conduce a que numerosas familias se vean obligadas a ocupar terrenos en zonas de riesgo, incluyendo ocupaciones irregulares y campamentos, debido a la ausencia de planificación urbana y falta de inversión en soluciones habitacionales definitivas.
En tercer lugar, las medidas adoptadas por municipios y el gobierno central para prevenir y controlar incendios resultan claramente insuficientes. A pesar de las advertencias de expertos sobre la necesidad de planificación urbana, técnicas de cortafuego, mejoras en sistemas de alarma y en la estructura de bomberos, estas recomendaciones han sido ignoradas por las autoridades gubernamentales durante años.
2. Capitalismo y cambio climático
El impacto del capitalismo en el cambio climático y calentamiento global se refleja en el aumento tanto en la frecuencia como en la magnitud de las catástrofes ambientales. Este fenómeno, principalmente atribuido a la industria de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), es una consecuencia directa del sistema capitalista que impulsa la constante expansión de la producción de bienes y el comercio internacional en pos de acumular riqueza en manos de unos pocos.
La falta de una planificación económica a nivel mundial impide que los países más contaminantes, como China, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, reduzcan la velocidad de sus economías o realicen cambios significativos en su matriz energética debido a la feroz competencia entre los grandes monopolios. Además, el poder considerable del sector petrolero a nivel global, evidenciado por el lobby ejercido durante la reciente Cumbre del Clima en Emiratos Árabes Unidos, contribuye a la continuación del aumento en la producción de combustibles fósiles, superando los límites críticos para la supervivencia tanto de la humanidad como de los ecosistemas en las próximas décadas, a pesar de las urgentes advertencias provenientes de la comunidad científica.
3. Sobre la intencionalidad de los incendios
Es necesario que el Estado invierta de inmediato en la contratación de personal capacitado para abordar la prevención de nuevos focos incendiarios y el resguardo de las pertenencias de los bienes de las comunidades afectadas. Por otro lado, han surgido diversas teorías sobre la posible intencionalidad y la coordinación entre diversos focos de incendio.
Algunos sectores de izquierda señalan a las inmobiliarias como responsables, argumentando que podrían tener interés en cambiar el uso del suelo mediante incendios para luego desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios. Esta hipótesis no carece de fundamentos. En 2017, un estudio realizado por Jonathan Alejandro Caviedes (Universidad de Chile), evidenció una correlación en varias regiones del país entre incendios y futuros proyectos inmobiliarios, derivados de modificaciones en las normativas de uso de suelo.
El estudio expone igualmente el modo en que diversos sectores empresariales (como el forestal, agrícola, ganadero e inmobiliario) han utilizado históricamente esta práctica para «limpiar» terrenos con miras a futuras explotaciones. Esto ha llevado a que incluso algunos países, como Grecia, promulguen legislaciones para prohibir proyectos inmobiliarios en suelos afectados por incendios.
Aunque el estudio evidencia la relación en Chile entre incendios y expansión inmobiliaria, no existen pruebas concretas de que los incendios hayan sido causados por empresas inmobiliarias, aunque no resulta descabellado considerar esta posibilidad, dados los extremos a los que algunos empresarios pueden llegar en busca de beneficios económicos.
Por otro lado, existen teorías más cuestionables, como un video publicado en la cuenta de Instagram nomászonasdesacrificio, donde prácticamente se acusa al Ministerio de Obras Públicas de estar detrás de los incendios con el fin de facilitar la construcción del proyecto de carreteras denominado «Ruta Periférica de Valparaíso».
En el espectro político de la derecha chilena, estas «hipótesis» alcanzan el nivel de teorías conspirativas. El pseudointelectual Ivan Poduje, arquitecto y urbanista de la burguesía, llegó a plantear en El Libero que la causa más probable de los incendios es la actividad de anarquistas organizados. En las redes sociales también circulan videos e imágenes intentando relacionar a los migrantes con los incendios. Estas fantasías y fabricaciones de la derecha tienen un objetivo claro: fomentar la represión estatal sobre los sectores más vulnerables de la sociedad y las organizaciones de izquierda.
El gobierno de Boric, en ocasiones, ha insinuado tales explicaciones, intentando transformar los problemas sociales y ambientales en asuntos de «Seguridad Nacional», como suele hacer con las organizaciones mapuche que reclaman tierras.
4. La autoorganización popular y obrera debe profundizarse
“Solo el pueblo ayuda el pueblo”. Este lema ha sido fundamental en todos los momentos de hambruna y catástrofes socioambientales en Chile. Es una realidad que la solidaridad y autoorganización populares son fundamentales. Muchos vecinos de barrios afectados por los actuales incendios dicen que la única ayuda que les ha llegado es de trabajadores y jóvenes voluntarios. Mucha gente no espera nada del Estado, porque sabe que es un Estado que nunca ha tenido a los pobres como prioridad. Así, debemos fortalecer las iniciativas de acopio y voluntariado donde sea necesario y posible. También hemos visto a sindicatos organizados participando de las iniciativas de solidaridad, como es el caso de los portuarios de Quintero-Ventanas. Creemos que las organizaciones de la clase trabajadora, sindicatos, juntas de vecinos, deben sumarse a esas iniciativas.
Por otro lado, el Estado debe asegurar la disponibilidad de lugares dignos donde las familias afectadas puedan residir mientras se lleva a cabo la reconstrucción de sus hogares. Esta reconstrucción debe ser planificada con la participación activa de los residentes locales, determinando dónde se construirán las nuevas viviendas y qué medidas se deben implementar para prevenir futuras tragedias.
Desde nuestra perspectiva, como lo planteamos en la Convención Constitucional con nuestra compañera María Rivera, proponemos la creación de una Empresa Nacional de Construcción, de carácter completamente estatal y gestionada por los trabajadores. Esta iniciativa permitiría la construcción de viviendas sin especulación inmobiliaria ni intereses capitalistas, representando el primer paso hacia la resolución del déficit habitacional que afecta a más de 640 mil familias en nuestro país.
Asimismo, es imperativo prohibir el cambio de uso de suelos forestales afectados por incendios para proyectos inmobiliarios, ganaderos y agrícolas. Las grandes empresas forestales deben ser expropiadas, y sus vastas extensiones de pino y eucalipto reemplazadas por cultivos pertinentes para garantizar la soberanía alimentaria y promover la recuperación del entorno natural.
Para financiar la planificación urbana en las principales ciudades y hacer frente al déficit habitacional, proponemos la nacionalización de los bienes naturales de nuestro territorio, asegurando que los ingresos generados por su explotación se destinen a resolver los problemas sociales y ambientales. En esta línea, planteamos la nacionalización del cobre y el litio, bajo el control de los trabajadores y las comunidades afectadas por la minería a gran escala.
Es fundamental que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones de la clase trabajadora elaboren un conjunto de demandas para liderar esta lucha. No podemos seguir permitiendo que gobiernos capitalistas prioricen los intereses empresariales por encima de las vidas de los trabajadores. En este sentido, la CUT ha convocado a un Paro Nacional para el 11 de abril, una medida que consideramos necesaria para discutir las causas y consecuencias de la tragedia actual y movilizar a nivel nacional para abordarla de manera efectiva.
