La Convención Constitucional que se instalará a comienzos de julio, fue concebida como un órgano más dentro del Estado y está regulada por la ley 21.200 (dictada a partir del Acuerdo por la paz) que fijó las normas de funcionamiento que van desde la fijación de un presupuesto para que la Convención trabaje, el lugar de las sesiones, los mecanismos para resolver diferencias, etc. La Convención Constitucional es en sí un parlamento para escribir la nueva constitución y sesionará como tal, con asesoría técnica y en relación directa con la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) para ejecutar el presupuesto asignado al funcionamiento de ella. Ejecutar el presupuesto significa comprar los bienes o contratar los servicios que se necesitan para ese trabajo. Para ello se creó la Secretaría Administrativa, designada por la SEGPRES, que ya está dedicada a resolver temas como la seguridad de la Convención para “otorgar protección y seguridad tanto a la estructura del edificio del Ex Congreso Nacional, así como también a la integridad física de las personas…en particular tratándose de los Convencionales Constituyentes.” (1)
La empresa que realizará el servicio de vigilancia, INCAR Seguridad, pertenece a un ex carabinero que integró la guardia presidencial en los últimos años de la dictadura de Pinochet, bajo el período de Aylwin y hasta el inicio del gobierno de Frei, precisamente el periodo en que quedó instalada la “tutela” uniformada a la democracia, con las vallas para control callejero como parte permanente del equipamiento en el centro de Santiago.
La empresa; que entre sus clientes cuenta a Tottus, Sodimac, la universidad del Desarrollo, el Registro Civil, el aeropuerto Pudahuel, el puerto de Valparaíso, Banco Falabella, Líder y la municipalidad de Las Condes; recibirá más de $480 millones para su operación. Además contratará ex funcionarios de Carabineros o FF.AA. para “el resguardo del patrimonio, realizar control de acceso de personas y vehículos, además de despliegue de seguridad en caso de catástrofes, asaltos y sabotaje en las inmediaciones”; para lo cual considera un sueldo líquido mensual de $1 millón a cada guardia contratado, según consta en la oferta técnica de INCAR Seguridad.
Por tratarse de una licitación pública, existen condiciones para las empresas oferentes como lo indica el punto 7 en la ficha de licitación, en el sentido de no “haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador”. Sin embargo, INCAR aparece con al menos diez multas cursadas por la Dirección del Trabajo en lo que va del 2021; y desde 2017 ha pagado cerca de $231 millones en 197 multas por prácticas como no pago de remuneraciones, despidos injustificados, no otorgar descansos durante la jornada de trabajo o reducir el salario sin acuerdo entre las partes, entre otras.
Además de la dotación de guardias, otra licitación contempla la compra de equipos para el control de acceso a la convención, que consta de dos torniquetes y dos cámaras para reconocimiento facial ($17 millones).
Más allá del tema de la seguridad que tanto le preocupa al gobierno, pero que sabemos tiene principalmente el objetivo del control social; los convencionales constituyentes deberán fijar sus propias reglas de funcionamiento. Parte de lo previsto por la ley 21.200 es la formación de una Secretaría Técnica para asesorías específicas y que según muchas voces debería conformarse con personas de comprobada idoneidad académica o profesional, sin ninguna militancia. Desde el gobierno, ya en noviembre pasado, Andrés Allamand “ofreció” asesoría de la OCDE. Sectores académicos también han hecho propuestas. Así se muestra cómo, bajo el disfraz de la objetividad académica o la imparcialidad profesional de tecnócratas y expertos, todos buscan influir en el proceso que debe reflejar antes que cualquier otra cosa, la soberanía popular.
Debemos saltar el torniquete del Acuerdo por la paz
Este proceso constitucional fue arrancado desde las calles al actual régimen que se sostiene hasta ahora sobre la Constitución del ’80 y el modelo neoliberal, a costa de muertos, mutilados y miles de presos políticos. No vamos a permitir que los mismos partidos de los 30 años, que gobiernan para las 10 familias y las transnacionales que saquean el país y nos explotan, impongan los temas que se deben o no discutir. Por ello rechazamos tajantemente cualquier intento por controlar los debates al interior de la convención y de impedir que los constituyentes tengan relación directa con otros representantes del pueblo trabajador cuando lo estimen necesario. Rechazamos que la empresa INCAR se haga cargo de la seguridad que sólo servirá para trabar el diálogo entre los constituyentes y el pueblo organizado. No queremos ex uniformados ni anillos de seguridad, porque contamos con la confianza del pueblo.
No confiaremos las vidas de nuestros constituyentes independientes a la seguridad de una empresa privada, tampoco a la “protección” de agentes del Estado como los carabineros. Vamos a controlar y a exigir a nuestros constituyentes que cumplan con el mandato popular, desde todas las asambleas y colectivos territoriales y de trabajadores en lucha contra el poder de los empresarios. Vamos a tomar en nuestras manos la protección de nuestros constituyentes. Para lograrlo debemos retomar la unidad de todas nuestras organizaciones y acompañar el inicio y el trabajo de la convención constituyente con una poderosa movilización, para asegurarnos que nuestra voz se haga ley. Exigimos que la convención constituyente sea en verdad soberana.
- https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=s0Lf3/v7RQuADQR1DLN0hoj591ukDjLJN/k29HUke6aWoxDmMGZci1MpvdaiyQWB
- https://www.ciperchile.cl/2021/06/24/licitacion-adjudicada-seguridad-de-la-convencion-constitucional-sera-dirigida-por-ex-miembro-de-la-guardia-presidencial-de-pinochet-y-aylwin/
Cualquier persona sensata partiría por lo básico: exigirle al propio frente del cuál se es parte (Lista del Pueblo), que se niegue a sesionar mientras siga el pinochestimo como resguardo armado de la Convención. Que no aparezca esta reivindicación en un comunicado tan general (por no decir vacío) es bastante revelador.
Asimismo, cuál será la política de lit-ci frente al apoyo de Elisa Loncón por parte del Frente Amplio, conglomerado que ha sido correctamente motejado como las «juventudes de la concertación»?