Desde el MIT y nuestra compañera constituyente María Rivera convocamos a un Encuentro Abierto el jueves (01/07) a las 20h (Zoom) para discutir la Soberanía de la Convención Constitucional y la preparación de la movilización para el inicio de la Convención. Invitamos a todos los trabajadores, trabajadoras, estudiantes, sindicatos, organizaciones sociales, territoriales, feministas y políticas a sumarse a este Encuentro.
A partir de nuestra compañera María Rivera, constituyente por la Lista del Pueblo, presentamos la siguiente propuesta de Moción para el inicio de la Convención, partiendo del Manifiesto de los 34 constituyentes de la Vocería de los Pueblos, publicado el martes 08/06.
Propuesta para una Moción por la Soberanía de la Convención Constitucional
1 – La Convención Constitucional tiene como su finalidad escribir la más importante Ley que guiará el futuro de Chile y sus instituciones por los próximos años o décadas, la Constitución. Así, no hay Leyes, Tratados o Instituciones previas que puedan subordinar el trabajo, las discusiones y decisiones de la actual Convención Constitucional.
2 – La Convención Constitucional es fruto de la enorme movilización social que estalló a partir del 18 de octubre de 2019. El gobierno de Piñera, que declaró la guerra al pueblo, fue obligado a negociar con la mayoría de los partidos políticos en el Congreso, una salida a la enorme crisis social abierta en octubre de 2019. Para mantener sus privilegios, los partidos representantes del gran empresariado impusieron límites al Acuerdo que generó el actual Proceso Constituyente (Acuerdo por la Paz y la Justicia), después traducido en la Ley 21.200.
3 – Los límites fijados a la actual Convención Constitucional tienen como objetivo impedir los profundos cambios anhelados por la gran mayoría de la población que vive en Chile y mantener el modelo económico, político y social actual, protegido por Instituciones totalmente cuestionadas por más de 78% de la población, que son fruto de la dictadura militar y su Constitución y se han mantenido por los últimos 30 años. Esos límites son:
a) El establecimiento de un quórum de ⅔ para la aprobación de los artículos de la Nueva Constitución, lo que da el poder de veto a una minoría de los Convencionales Constituyentes;
b) La imposibilidad de la Convención de revisar y/o suspender los Acuerdos Internacionales ya firmados por el Estado chileno, entre ellos los Tratados de Libre Comercio, que son uno de los nudos del actual modelo económico;
c) La atribución de la facultad de dirimir controversias acerca del reglamento a 5 Ministros de la Corte Suprema, órgano no electo por la mayoría de la población e indicado por el Poder Ejecutivo (presidentes) y el Senado, instituciones completamente cuestionadas por la enorme mayoría de la población.
4 – Además de las limitaciones impuestas por la Ley 21.200, el Estado chileno mantiene a centenas de presos políticos chilenos y mapuche en sus cárceles, gran parte de ellos presos después de las movilizaciones sociales de octubre de 2019. El Estado Chileno, a través del gobierno de Sebastián Piñera, la Fiscalía y los Tribunales han hecho de la prisión política una herramienta para criminalizar la protesta social y asustar a la población para que ésta no siga luchando por sus derechos.
Así, partiendo de las premisas de que la futura Constitución será la Ley más importante del país y que ésta tendrá el poder de cambiar toda la institucionalidad, el modelo económico y social, plantéase:
La Convención Constitucional se declara soberana en relación con las demás instituciones estatales: poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Fuerzas Armadas y Carabineros. La Convención debe tener total libertad de discutir y decidir sobre su propio reglamento, quórum, funcionamiento y para también tomar las decisiones políticas y jurídicas que el pueblo exige mientras ésta mantenga su funcionamiento.
La Convención, luego de declararse soberana, debe iniciar sus debates en el sentido de aprobar las siguientes medidas democráticas, planteadas en el Manifiesto de la Vocería de los Pueblos:
1 – Liberar a todos los presos y presas políticas;
2 – Garantizar el juicio y castigo a los violadores de DDHH;
3 – Garantizar la reparación a todos y todas los que fueron víctimas de la represión del Estado;
4 – Desmilitarizar inmediatamente el Wallmapu;
5 – Terminar con las expulsiones de extranjeros;
Además, la Convención debe tomar medidas urgentes que apunten a un verdadero control de la pandemia que garantice la dignidad de las y los trabajadores.
¡Arriba las y los que luchan!
