Déficit habitacional, hacinamiento y allegamiento. La producción de viviendas desiguales

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En el contexto de crisis sanitaria, y los llamados a cuarentena por parte del Ministerio de Salud, evidencia no solo los problemas sanitarios, que han enfrentado trabajadores de la salud en complejos hospitalario, sin insumos médicos, ni equipamiento, perpetuando las listas de esperas, sino también evidencia las condiciones habitacionales de las familias, los altos índices de hacinamiento habitacional, favoreciendo el desarrollo de factores de riesgo que facilitan el contagio del COVID-19, haciendo imposible guardar distancia y evitar la infección de algún familiar por las condiciones de infraestructura habitacional.

Según Fundación Sol en la comuna de Vitacura de una población total de 96774 personas, el tamaño de vivienda corresponde a 106 metros cuadrados, de 30,2 metros cuadrado por persona del hogar, de un total de 3 a 4 personas por infraestructura habitacional, mientras que, en Puente Alto de una población de 645909 habitantes, con un tamaño de la vivienda de 44 metros cuadrados, de 3 a 4 personas por hogar, de 12,5 metros cuadrado por persona del hogar.

La desigualdad de la vivienda en el país no solo se expresa al rol de estado subsidiario frente a las políticas habitacionales, sino también se percibe en los desplazamientos a las periferias que aumentaron la pobreza en las familias, políticas de la vivienda que fueron ejecutadas desde la dictadura, hasta el Gobierno de la Ex Concertación, Ex Nueva Mayoría y Chile Vamos, que han mantenido y profundizado una política habitacional basada en la producción desigual del espacio residencial.

Una de las expresiones de la desigualdad en relación a las políticas de vivienda, se expresan en el desplazamiento que existió de las zonas centrales de las ciudades, destinando la producción del espacio residencial de familias en campamentos, tomas de terreno y un conjunto de vivienda de “origen irregular” hacia las periferias de las regiones, desarrollando un sistema de ciudades excluyentes, no sólo expresada en viviendas reducidas, sino también alejadas de servicios públicos, transporte y acceso a redes de apoyo.

Según la Encuesta Casen del año 2017, existe casi 7 millones de vivienda en situación de hacinamiento, teniendo mayores porcentaje Arica y Parinacota un 7,8% de personas, Tarapacá un 7,5% y la Región Metropolitana con un 8,1%, donde el déficit habitacional corresponde a un total de 270.714 viviendas, aumentando a 77.000 familias en condiciones de hacinamiento, correspondiente a un 16,8% mayor que la anterior medición.

Muchos sectores populares y de la clase trabajadora chilena, se encuentran dentro de esta lista de hacinamiento habitacional, en la cantidad de familias sin vivienda propia, o también que han sido receptores de subsidios habitacionales que producen espacios habitacionales marginales, de exclusión social y que reproducen una pobreza “multidimensional”, desarrollando infraestructura residencial vulnerable.

Las cifras al respecto en torno al déficit habitacional aún el Chile son porcentajes altísimos de personas que no tienen hogar para sus familias, o se encuentra en situación de arriendo, o están sobre endeudados y no pueden acceder a créditos hipotecarios, enfrentando la desigualdad de un derecho que no es garantizado, existiendo un inacceso a la vivienda de sectores populares, trabajadores y estratos medios precarizados.

Sin embargo, actualmente existen estratos sociales de las familias más ricas, que pueden acceder y residen en verdaderas “casas de lujo” o departamentos sobre 300 a 500 metros cuadrados, a diferencia de la comuna de Puente Alto de 44 metros cuadrados promedio. Estas diferencias se expresan que sus residencias habitacionales que cuentan con jardines y piscinas, de 48 mil UF, en lugares como La Dehesa, o Residencias de Lo Curro evaluadas en unos US$3.000 millones de dólares, habilitadas con 6 dormitorios, 6 baños, suite con salón, comedores, salas con escritorios, salón de juegos y recreación, quinchos, sala con gimnasio, camarines y saunas.

¿Qué familia de la clase trabajadora puede acceder a departamentos de 48.000 mil UF, o a residencias de US$3.000 millones de dólares? La producción de ciudades excluyentes no solo tiene un factor de afectar a las y los trabajadores, sino que perpetúa la desigualdad social en los sectores populares con viviendas de 600, 800 UF y 1200 UF (incluso menos) que ni siquiera alcanzan a más de dos dormitorios, 1 living comedor-cocina, 1 baño, siendo una gran porcentaje que reside en estas condiciones, con familias en su mayorías numerosas, haciendo de la vivienda un derecho vulnerado más, evidenciando la crisis de la vivienda en el capitalismo, otorgando soluciones habitacionales pero con hacinamiento, mientras una élite vive una realidad sin aglomeración en su espacio habitacional, desarrollando un contexto para el crecimiento sano de sus hijos, y en el escenario de crisis sanitaria, contando con mejores condiciones preventivas para evitar un contagio.

No podemos seguir permitiendo que se siga produciendo ciudades desiguales, donde el suelo y la planificación y urbanización está regida por el mercado inmobiliario y el lucro de las grandes constructoras, necesitamos terminar con esta especulación financiera inmobiliaria, que construye en función quienes más tienen, y solo con el fin de lucrar, por lo cual, necesitamos un plan de viviendas para terminar con el hacinamiento y allegamiento de la clase trabajadora y el pueblo pobre, con inmobiliarias estatizadas controladas por trabajadores y comités de trabajadores-pobladores para otorgar vivienda para quienes no tienen, o para quienes quieran mejorar su vivienda, financiado no solo por la nacionalización de recursos naturales y la estatización de la banca bajo gestión de trabajadores, sino también afectando las ganancias de sector inmobiliario y las fortunas empresariales de las familias más ricas de Chile, que durante más de 30 años han acumulados millones de dólares en base al negocio habitacional, en alianza con las bancas privadas.

La economía capitalista ha dejado claro que produce no para el beneficio de la humanidad y sí para un puñado de familias. Frente a la crisis sanitaria y económica debemos exigir que se suspendan los pagos de créditos inmobiliarios usureros, especialmente para quienes han quedado cesantes. Necesitamos una economía planificada que ponga como el centro de sus preocupaciones la salud, vivienda y educación. Todos deben tener el derecho a vivienda digna, no son necesarias las viviendas de lujo, acabando con el negocio de los empresarios de inmobiliarias. La infraestructura debe ser según la cantidad de personas por familia, en función de sus necesidades y acabar con el hacinamiento.

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