Dos medios de prensa (Interferencia y El Desconcierto) denunciaron, recientemente, la contratación de ex oficiales involucrados en violaciones a los derechos humanos para cumplir tareas de seguridad en grandes empresas, como el Grupo Falabella y Mall Plaza.
Una vez más, se evidencian los lazos colaborativos entre grandes empresarios y uniformados en ejercicio o en retiro.
Por PAZ IBARRA
Para nadie es un secreto que las FF.AA. y de Orden son una casta de privilegiados, que jubilan con un promedio de 28 años de servicio y 45 años de edad. Media vida por delante, que permite iniciar un nuevo ciclo laboral en cómodas condiciones. También es sabido que muchos ex uniformados ofrecen sus servicios como guardias de seguridad en distintas empresas, bancos o edificios públicos.
Aquí el lío es la relación entre empresarios y ex oficiales, que va más allá de la simple contratación de servicios de vigilancia.
Empresarios y FF.AA., la relación entre gran capital y Estado
Las FF.AA. y la policía son la parte del Estado burgués que hace el trabajo sucio en la sociedad capitalista. Ellas mantienen a raya, por la fuerza de la represión, a la gran mayoría que trabaja. Leyes laborales, previsionales y tratados internacionales de libre comercio, surgen de los parlamentos y la diplomacia para exprimir mejor los derechos de los explotados y oprimidos, en favor de los grandes empresarios y grupos económicos dueños de la riqueza a nivel global. Así, declaran la guerra a ese enemigo interno, que en todos los países, son los millones de pobres, desempleados, los sin techo y trabajadores ultra explotados. Esa relación directa entre empresarios y las FF.AA. y las policías se pone al descubierto en los procesos de huelgas y de movilización social, como se ve en lugares tan diversos como Francia, Belarús, Hong Kong, Iraq, Palestina, Guatemala, Colombia o Chile.
En la ocupación militar del Wallmapu, el Estado chileno custodia las propiedades de empresarios forestales y agrícolas (Matte, Angelini, Luchsinger) a través de Carabineros de punto fijo, con cargo a fondos fiscales. Desde el 18 de Octubre 2019, varios empresarios estrecharon su coordinación en materia de seguridad no sólo con los altos mandos de Carabineros sino también con el Ministerio de Interior. Pero también ocurre que grandes empresas confíen en la “experiencia y capacitación” de uniformados en retiro contratando sus servicios en forma directa.
No se trata de ex carabineros o ex milicos de la tropa buscando pega en una empresa de guardias. Son ex oficiales que montan sus empresas de seguridad y consultorías, capitalizando sus jugosas pensiones y los millones desviados a sus bolsillos durante todos sus años de “servicio”. Con esa cantidad de dinero, pueden relacionarse de igual a igual, con otro empresario. Como son negocios entre privados, nadie se mete. Tampoco importa la vida anterior de los ex uniformados reconvertidos a empresarios. Eso es lo que denuncian los artículos de los medios Interferencia y El Desconcierto. Una gran empresa como Falabella (de las familias Solari, Cúneo y Del Río) no tiene empacho en contratar como expertos para su propio equipo de seguridad a ex oficiales vinculados a casos de violaciones a los Derechos Humanos ex agentes de la DINA, y de corrupción como el Milicogate. Negocios son negocios.
Para muestra, un botón: RACOWIND
En su página digital, la empresa Racowind; formada por Alfredo Iturriaga Neumann; destaca su formación profesional en el campo de la seguridad y su participación como Profesor invitado experto en distintas universidades en Chile y el extranjero, entre ellas la Universidad de Chile, Bernardo O’Higgins y Santo Tomás. Sin embargo, no se menciona que fue agente de la Brigada Mulchén de la DINA, motivo por el cual debe combinar sus obligaciones empresariales con presentaciones en tribunales ya que aún es citado a declarar en procesos abiertos por crímenes políticos atroces cometidos en dictadura.
Entre los clientes de Racowind hay empresas como Embotelladora Andina (familias Chadwick Claro y otras 4), Ripley (familia Calderón), Grupo Carozzi (familia Bofill) y Penta Security (grupo Penta conocido por la condena a de clases de ética para los empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín, culpables de evasión tributaria por $1.700 millones y por financiamiento ilegal de la política). Los lazos comerciales entre la burguesía y sectores de ex oficiales no se fundan en una moralidad intachable. El Grupo Principal propietario de la AFP Cuprum, también es cliente de la empresa creada por el genocida que hasta ahora aún no cae en manos de la justicia. Otro cliente es la Universidad de Concepción, cuyo rector ha sido interpelado varias veces por la Federación de Estudiantes, por el mutismo que él mantiene ante el ingreso repetido de FF.EE. de Carabineros al interior del recinto universitario así como por las violentas detenciones que han sufrido varios estudiantes dentro de la universidad. Es válido preguntarse, cuál es el interés del rector por resguardar la infraestructura universitaria contratando con fondos públicos los servicios en seguridad de Racowind, donde la experiencia del empresario fundador surge precisamente de su pasado como agente de represión política.
A pesar de que Alfredo Iturriaga tiene vinculación directa con violaciones a los derechos humanos, organismos de la ONU en Chile como CEPAL, PNUD y la UNICEF parecen no tener reparos en contratar los servicios de su empresa. ¿Qué explicación darían esas oficinas internacionales por depositar su confianza en un ex agente del aparato represor de la dictadura? Y no sólo eso, ya que el hermano de Alfredo, Raúl Iturriaga, también ex agente de la DINA, cumple condena en Punta Peuco (cárcel para genocidas) por 38 secuestros y por el asesinato por atentado explosivo del general Prats y su esposa, en Buenos Aires, en 1974; lo que permite decir que el nombre del dueño de Racowind es bastante conocido.
¿Qué es lo que no funciona?
Para los trabajadores y el pueblo pobre, nada. Pero en favor de la clase empresarial, la justicia, leyes, acuerdos diplomáticos y gobiernos funcionan a la perfección en la orquesta internacional de los regímenes capitalistas. Para mantener los privilegios de unos pocos miles de familias que controlan los principales recursos naturales y que con sus negocios saquean todos los países y explotan a millones en el mundo. No importa si los empresarios desfalcan, evaden, se coluden, matan o comenten cohecho. Tampoco si se amasan fortunas en medio de dictaduras, a costa del trabajo infantil y de la esclavización de los trabajadores negros e indígenas. La ONU se espanta y hace costosas ceremonias para conmemorar lo que ningún gobierno en el planeta cumple: velar por la vida de las personas y por un desarrollo equitativo. Y eso es así, porque organismos internacionales, empresas y gobiernos son parte del esquema capitalista. Dentro de él, no hay desarrollo equitativo ni justicia social posible. Las leyes del mercado niegan las necesidades más básicas a miles de millones de personas. Mientras el derecho a la gran propiedad privada no sea abolido, mientras no se acabe con esta sociedad donde una minoría usa la fuerza de las armas para someter y explotar a la mayoría que realmente trabaja y produce la riqueza, cosas como la honestidad, el comercio justo, el desarrollo sostenible y la paz social serán siendo un chiste. Y uno muy malo.
Tenemos la necesidad urgente de organizarnos y luchar por cambiar de raíz lo que estamos viviendo a causa del manejo capitalista de la actual pandemia en el mundo. La unidad de la clase trabajadora y todos los oprimidos es la única alternativa frente al poder de unos pocos miles en el mundo. Y el camino hacia el socialismo es el único que puede distanciarnos de la barbarie a que el capitalismo imperialista nos condena.
