Por Luis Alvarado

La crisis sanitaria ha golpeado fuertemente a todos los sectores sociales, en particular a trabajadores, donde un sus lugares de trabajo escasea medidas de higiene y de salud mínimas, viéndose últimamente un sin fin de vídeos de denuncias por redes sociales, agregando despidos y rebajas al salario, determinados por un dictamen de la Dirección del Trabajo, mostrando la política del Gobierno de Sebastián Piñera, que deja a voluntad del empleador cancelar remuneraciones en el periodo de cuarentena, afectando gravemente en la estabilidad de millones de trabajadores.

La coyuntura de la propagación de la pandemia ha colocado en el centro, el funcionamiento de los servicios de salud pública, evidenciando el continuo colapso en hospitales y centros de salud familiar por las mayorías de la población, enfrentados a las lista de esperas, falta de insumos médicos, falta de camas, escasez de equipamiento y tecnología médica, reducción de técnicos, tens, enfermeros profesionales, y ahora a las largas filas de atención, espera en urgencias, y un riesgo al contagio, todo consecuencia de un abandono crónico de la red de salud pública.

Desde el inicio de un proceso revolucionario en Chile, a partir del 18O, donde la poblaciòn movilizada cuestionaron no sólo la corrupción de un congreso nacional en favor de las élites nacionales y capitalistas, sino también se repudió a la herencia de la dictadura militar, que privatizó todo, atropellando derechos sociales mínimos garantizados por el Estado, entregando casi 725 empresas a un puñado de familias que se enriquecieron en todo este tiempo (principalmente entre 1973 y 1990), Soquimich, Gasco, Lan Chile, Entel, Endesa, Chilectra (hoy Enel), IANSA, Inforsa, Indus, CTI, Ecom, CAP, CTC, Enaex, Telefónica (hoy Movistar), Copec, CCU, entre otras también las AFP, siendo los responsables del saqueo al conjunto de trabajadores del país, y que solo a generado que pocas familias empresariales acumulen millonarias ganancias, dejando a las grandes mayorías asalariadas y populares en una situación de riesgo, endeudamiento familiar, con pensiones de pobreza, donde el 60% de jubilados recibe una pensión entre los $50.000 y $150.000 mil pesos según estudio de PUC, salarios de hambre, que según Fundación Sol, el 69,7% de trabajadores remunerados tienen salarios bajo $500.000, un 32,9% gana menos o igual a $260.000 y un 18% gana entre los $260.000 y $350.000, hacinamiento y déficit habitacional, subcontrataciòn, trabajo informal y precariedad laboral , y una eterna lista condiciones paupérrimas en la vida de trabajadores, jóvenes, mujeres, diversidad sexual, pueblos originarios y el pueblo pobre.

En este contexto de propagación del coronavirus, nos parece oportunista la acción por parte de la familia Luksic en el anuncio de una entrega al colegio médico de un millón de mascarillas especializadas para la «protección de personal de salud», anunciando además con empresas extranjeras gestionar donaciones de guantes quirúrgicos. Estas prácticas son oportunistas y descaradas, al igual que la que efectuó la Confederación de Producción y Comercio (CPC), en relación a reunir un fondo de $50.000 millones de pesos, que se ha puesto a disposición del MINSAL para combatir el COVID-19. Son oportunistas porque jamás han donado ni siquiera un 10% de sus ganancias en más de casi 30 años en favor de la salud, educación o transporte. La donación realizada por la familia Luksic al igual que lo que han donado por parte del gremio empresarial de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), es descarada porque eso que “donan” es desde el patrimonio que han conseguido a costa de saquear o robar los recursos naturales y a costa de la explotación que hacen al pueblo trabajador, entonces es un patrimonio que le pertenece a la clase trabajadora, y con ésto los sectores empresariales no hacen más que intentar lavar su imagen para limpiar su reputación, que desde el 18O junto a los partidos tradicionales (involucrando al naciente partido republicano, la unión demócrata independiente, renovación nacional, evópoli, democracia cristiana, partido radical, PPD, PS, PC, incluso el Frente Amplio, entre otros), han sido el sector más criticado y cuestionado por la mayoría de la población trabajadora; por sus privilegios, la acomulaciòn de riquezas, ganancias exorbitantes, mientras la clase trabajadora sobrevive a la explotación neoliberal.

Sabemos que jamás la clase empresarial cederá sus utilidades en favor de las necesidades de las mayorías asalariadas y populares del país, por eso es fundamental que frente al oportunismo empresarial, nos opongamos con un política de la clase trabajadora que ataque directamente a las fortunas de las familias más ricas de Chile. Sabemos que la única forma de obtener recursos para garantizar una salud pública universal, gratuita, de calidad y oportuna para todos, y que sea controlada por funcionarios y el pueblo trabajador, será si recuperamos ese patrimonio y lo ponemos bajo control de trabajadores, un patrimonio que hoy, según la revista forbes, representa para la familia Luksic una cantidad US$17.200 millones de dólares (al 2018), ubicándose en el número 32 de la lista.

Una política económica y tributaria cuyo objetivo fuera terminar con la pobreza en el país, se enfocaría en efectuar impuestos progresivos y graduales a las fortunas de las 8 familias más ricas que suman un total de 35 mil millones de dólares, y si avanzamos en expropiar su patrimonio podríamos no solo construir más hospitales con tecnología médica avanzada, sino que facilitar la calidad en la atención, cubriendo con profesionales y técnicos, terminando las listas de esperas, y para cualquier contexto de emergencia sanitaria responder adecuadamente a las necesidades médicas de la población, y no dejando al pueblo al margen de garantizar su salud y vida, por no disponer de recursos fruto de la desigualdad social.

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