La elección de Gabriel Boric generó importantes expectativas dentro y fuera de Chile. En su discurso al asumir la presidencia de la República, Boric reconoció los graves problemas que afectan a la mayoría de la población trabajadora: las bajísimas pensiones generadas por el “negocio” de las AFPs; la sequía causada por los grandes empresarios; la situación de abandono de adultos mayores y niños; el dolor de las familias que siguen buscando a sus detenidos desaparecidos; las graves violaciones de derechos humanos causadas en los últimos años, que, en sus palabras, “nunca más se volverían a repetir”, etc. Citando a los presidentes “progresistas” de la historia chilena, Boric prometió un gobierno para “terminar con los abusos que tan justamente han indignado al pueblo” y reconoció que su elección solo fue posible debido a las enormes movilizaciones sociales.
La elección de Gabriel Boric, un joven de 35 años y ex líder estudiantil, también generó gran simpatía en distintos países, donde la juventud y la clase trabajadora luchan por mejores condiciones de vida y contra las desigualdades del capitalismo.
Han pasado más de dos meses desde el inicio de su gobierno. Si bien no existen condiciones de hacer un profundo balance de su gestión, que recién se inicia, ya es posible identificar cuál será el camino del gobierno y hacer un balance de sus primeras medidas.
La Nueva Concertación
En primer lugar, es importante destacar que Boric no gobierna solo. El Partido Comunista es el brazo derecho (o izquierdo, como se prefiera) de Boric desde el inicio de su campaña presidencial. Después de la primera vuelta, el gobierno incorporó también a distintos partidos de la ex Concertación a su coalición, como el Partido Socialista, el Partido Radical y otros. La distribución de ministerios y secretarías desde el inicio dejó claro que la antigua Concertación tendría un peso relevante en el gobierno. Uno de los principales Ministerios, el de Hacienda, quedó en manos de un representante del gran capital, Mario Marcel.
En otro artículo analizamos, a partir de la composición del nuevo gobierno y sus propuestas, a servicio de quién estaría este gobierno. Hasta ahora la realidad nos ha dado razón, incluso más rápido de lo que creíamos.
El quinto retiro y las pensiones
Uno de los primeros desafíos del gobierno fue la votación del quinto retiro en el Parlamento. Como ya sabemos, la mayoría de la clase trabajadora está en contra del actual sistema de pensiones, controlado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y Aseguradoras privadas. Este sistema demostró, en los últimos 30 años, ser una enorme fuente de lucros para sus dueños y una verdadera tragedia para la clase trabajadora, pagando pensiones miserables a los jubilados.
Así, desde el inicio de la pandemia, la mayoría de los trabajadores exigimos el retiro de nuestros fondos de ahorro para financiar nuestras necesidades, ya que entendimos rápidamente que los trabajadores deberíamos “arreglarnos por las nuestras”. El temor a un nuevo estallido social hizo que el Congreso aprobara los 3 primeros retiros del 10%, con la férrea oposición de Piñera. Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista defendieron los retiros y votaron a favor de todos los retiros hasta el cuarto, cuando Boric todavía no era presidente. En su opinión, lo que justificaba el cuarto retiro era que se había terminado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la población seguía necesitando retirar sus ahorros para poder sobrevivir.
Sin embargo, su posición cambió totalmente con el quinto retiro, cuando ya estaba en el gobierno. Y no es que la población hoy esté en mejores condiciones, que los sueldos hayan aumentado cualitativamente o que exista algún bono como el IFE de Piñera. Nada de eso. Simplemente Boric pasó a priorizar los intereses de los dueños de las AFPs y no del pueblo trabajador.
Así, el quinto retiro fue rechazado en la Cámara, con votos contrarios de la mayoría del Partido Comunista, Frente Amplio y abstenciones del Partido Socialista. La maniobra del gobierno de proponer un “quinto retiro acotado”, solo en caso de pagos de deudas o compra de primera vivienda, tampoco alcanzó los votos necesarios. Así, las AFPs se quedaron tranquilas y los trabajadores seguimos sin tener acceso a nuestro dinero ahorrado, que seguirá proporcionando jugosas ganancias a las AFPs. Solo entre enero y septiembre de 2021 las AFPs tuvieron ganancias por más de 283 mil millones de pesos, mientras todos los Fondos de ahorro tuvieron pérdidas, que “naturalmente” son traspasadas a nuestras pensiones. Así, se perpetua el saqueo de nuestras pensiones, ahora bajo un gobierno “de izquierda” que supuestamente es “contrario a las AFPs”.
El rechazo al quinto retiro fue la primera decepción de parte importante de los trabajadores con el nuevo gobierno.
El alza de los precios y la pírrica respuesta del gobierno
Otro tema que afecta directamente a la mayor parte de la población trabajadora es el alza de precios. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ya reconoce una inflación de 10,5% en los últimos doce meses. Todos los trabajadores sabemos que ese dato es totalmente inferior a la realidad. Un reportaje de Ciper del mes pasado demuestra que en el caso de muchos productos de la canasta básica, como azúcar, leche, aceite, huevos, café y otros, las alzas van de un 20% hasta un 90% en algunos de los principales supermercados utilizados por la población.
La respuesta del gobierno ha sido totalmente insuficiente. La primera medida anunciada por Boric fue el aumento de la beca de alimentación de los estudiantes, de 32.000 a 37.000 pesos mensuales, lo que generó una verdadera lluvia de memes irónicos en internet. La segunda medida fue anunciar un “histórico” aumento del sueldo mínimo, de 350.000 a 380.000 en mayo y 400.000 a partir de agosto. Si bien el aumento es superior al de los gobiernos anteriores, es totalmente insuficiente para las necesidades de una persona adulta y menos aún de una familia. La Fundación Sol calcula que para superar la línea de la pobreza el salario mínimo bruto debería ser de 640 mil pesos. Otro cálculo de la misma Fundación Sol demuestra qué se puede costear con un sueldo mínimo de 380 mil pesos: 1 kilo de pan al día, ir y volver del trabajo, el arriendo de una habitación y pago de cuentas básicas e impuestos. O sea, un sueldo mínimo de 380 mil pesos es totalmente insuficiente para la mantención mínima de una persona en el Chile actual.
Al mismo tiempo en que los trabajadores debemos elegir entre la mantequilla o el pan, los grandes empresarios han ganado ríos de dinero. Las ganancias de la minería privada, principal sector económico del país, han sido estratosféricas. Con el precio del cobre en las nubes, las empresas mineras han ganado decenas de miles de millones de dólares de ganancias. Si bien los datos de 2022 todavía no son públicos, seguramente las utilidades serán iguales o mayores a las de 2021. Es fundamental recordar, como ya hemos denunciado innumerables veces, que las utilidades declaradas por la gran minería privada son totalmente maquilladas debido a los distintos mecanismos ilegales que utilizan las grandes mineras para no pagar impuestos (ver más información acá). En el caso del litio, las ganancias de SQM (del ex yerno de Pinochet, Ponce Lerou) han aumentado en 1.170% durante el primer trimestre de 2022.
Esa realidad de “saqueo” del país se reproduce en todos los demás sectores de la economía. Los accionistas de grandes empresas han recibido miles de millones de dólares en reparto de utilidades mientras el pueblo no alcanza a llegar a fin de mes. Hace pocos días vimos la trágica noticia de un grupo de migrantes en la ciudad de Arica que tuvo que cazar un lobo marino para alimentarse. A este nivel hemos llegado.
La situación de los presos políticos
Otra decepción importante con el gobierno de Boric tiene relación con la situación de los presos políticos. Si bien Boric reconoció la existencia de presos políticos en Chile y realizó duras críticas a la justicia chilena durante su campaña, las acciones de su gobierno en relación a este tema son totalmente insuficientes. En sus primeros días como presidente, Boric anunció que el Estado retiraría las 139 querellas por Seguridad Interior del Estado interpuestas en el marco del estallido social. Esa medida no afectó a ninguno de los actuales presos políticos.
La propia Corte Suprema reconoce que hoy existen 29 personas en prisión preventiva por causas relacionadas al “estallido social” y más de 36 imputados cumpliendo diversas medidas cautelares. Esto sin considerar las decenas de condenados. Estos números son totalmente cuestionados por los familiares de presos y por el movimiento social, que dicen que la cifra es muy superior. El propio Boric durante su campaña trabajó con los datos recopilados por familiares y organizaciones de Derechos Humanos.
A estos números hay que sumar los varios casos de montajes comprobados donde los imputados fueron absueltos después de pasar meses o años en prisión preventiva, como Mauricio Cheuque (absuelto después de 13 meses preso), Axel Pizarro (absuelto después de 8 meses preso) y Daniel Morales (absuelto después de 10 meses preso). Aunque haya reconocido en su campaña que la justicia chilena no ha cumplido su rol de juzgar “imparcialmente” a los imputados, Boric hoy permite que muchos jóvenes chilenos y mapuche luchadores sociales sigan en las cárceles.
Boric, como presidente de la República, tiene la facultad de indultar individualmente a cada uno de los presos políticos. Sin embargo, en vez de hacer esto, deja al Congreso la responsabilidad de aprobar el proyecto de indulto que hace meses se encuentra totalmente empantanado en sus distintas Comisiones. Mientras decenas de jóvenes y mapuche siguen encarcelados en pésimas condiciones sanitarias, centenas de Carabineros y políticos responsables por asesinatos, mutilaciones y torturas siguen sueltos por las calles de Chile. Y no solo eso, uno de los responsables de la represión durante el gobierno de Piñera, el general y comandante en jefe de Carabineros, Ricardo Yañéz, fue reafirmado en su puesto por Gabriel Boric.
La militarización del Wallmapu y la represión a las protestas
En su discursoal asumir la presidencia, Boric reconoció la grave situación vivida en el sur del país. Abajo citamos textualmente sus palabras:
“… no es el conflicto mapuche. Es el conflicto entre el Estado chileno y un pueblo que tiene derecho a existir. La solución no es, ni será la violencia. Trabajaremos incansablemente por reconstruir las confianzas después de tantas décadas de abuso y de despojo. El reconocimiento a existir de un pueblo con todo lo que eso implica será nuestro objetivo y el camino será el diálogo, la paz, el derecho y la empatía con todas las víctimas…”
Aunque pronunció ese discurso el 11 de marzo de 2022, poco más de dos meses después, sus acciones apuntan en el sentido totalmente contrario. Fue con gran sorpresa que el pueblo mapuche y la clase trabajadora chilena recibimos la noticia de un nuevo Estado de Excepción en las regiones del Bíobio y Araucanía decretado por Boric. Nuevamente un gobierno, ahora “progresista”, envía tropas de las Fuerzas Armadas para cumplir el rol de “resguardar” el orden público interno.
¿Por qué Boric cambió tan rápidamente su discurso y principalmente sus acciones? ¿Qué hay por detrás del nuevo Estado de Excepción?
El gobierno justifica sus acciones diciendo que la situación de “violencia” en el sur lo obligó a decretar un nuevo Estado de Excepción. La Ministra del Interior, Izkia Siches, a su vez, intenta “amenizar” la situación diciendo que este gobierno no “quiere ser el gobierno donde un militar mata a un comunero”. Sin embargo, la realidad es más cruda que las “afables” palabras de la Ministra. El Estado chileno ha sido responsable, en los últimos años, por el asesinato de varios comuneros mapuche en el contexto del mal llamado “conflicto mapuche” … y aparentemente la historia no va a cambiar con el nuevo gobierno.
Basta tener un poco de conocimiento sobre la historia del “conflicto mapuche” para saber que el gobierno decretó el nuevo Estado de Excepción respondiendo a la enorme presión de la burguesía agrícola, forestal y de los gremios patronales camioneros, que necesitan “pacificar” la zona para mantener la producción y circulación del capital, lo que les permite recibir enormes ganancias. Para que se tenga una idea, solo en 2021, las empresas CMPC, de la familia Matte y una de las principales productoras de celulosa del país, tuvo utilidades por más de 500 millones de dólares. Solo las grandes forestales/papeleras poseen más de 3 millones de hectáreas en el sur. Es por ello que todos los gobiernos necesitan mantener “la paz” en la Araucanía.
Esa “receta” solo traerá beneficios a los grandes empresarios, mientras la tendencia es que el pueblo mapuche y sus organizaciones de recuperación territorial se radicalicen aún más.
Hipócritamente, el gobierno anuncia, junto al Estado de Excepción, un plan de “buen vivir” para esas regiones. Parte de ese plan es el aumento del presupuesto de la Conadi para compra de tierras al pueblo mapuche. Según lo divulgado, el gobierno “doblará” el presupuesto para ese fin, llegando a un monto de 35 mil millones de pesos.
Esa “gran medida”, sin embargo, será totalmente insuficiente para acabar con el “conflicto”. Hoy una hectárea de tierra en esas regiones cuesta entre 7 y 11 millones de pesos. Con el nuevo presupuesto destinado a la Conadi, el gobierno podría financiar la compra de más o menos 4000 hectáreas, mientras la propia Conadi reconoce reclamos por más de 270 mil hectáreas por comunidades mapuche, cifra que es muy inferior a lo que realmente reivindican las comunidades. Si el actual presupuesto de la Conadi se mantuviera, se demorarían casi 70 años para satisfacer la demanda mínima de tierras reconocida por la Conadi. Y este “modelo” de compra de tierras tiene otro problema: termina transformándose en un gran negocio para los propietarios actuales, que podrán vender sus tierras por valor de mercado cuando muchas veces las usurparon a través de documentos falsos o las compraron a precio de huevo al final de la dictadura, como es el caso de todo el sector forestal, que recibió subsidios inescrupulosos en las últimas décadas.
Cada vez más queda claro que el verdadero plan del gobierno no es devolver las tierras al pueblo mapuche, lo que lo llevaría a enfrentarse con los grandes capitalistas. Su verdadero plan, ya anunciado por la Ministra Izkia Siches, es invertir en inteligencia y represión para desarticular los grupos armados mapuche que recuperan tierras, como la CAM, mientras da algunas migajas para intentar calmar la población mapuche de la región. No tenemos dudas de que el conflicto se va a intensificar y posiblemente veremos a este gobierno asesinar y encarcelar a más luchadores mapuche, como han hecho todos los anteriores.
Por otro lado, de la misma manera que envía militares al sur, Boric mantiene la violenta represión a la lucha popular y de los trabajadores. Dos ejemplos recientes de ello fueron la dura represión a la huelga de los trabajadores del subcontrato de Enap, ordenada por la delegada presidencial de la región y también la represión a la marcha clasista del 1 de mayo, que terminó con la muerte de Francisca Sandoval a manos de grupos mafiosos que controlan el comercio ambulante y por, lo que todo indica, tienen inescrupulosas relaciones con la policía.
En relación al “conflicto mapuche” y a la represión a las movilizaciones sociales, no podemos identificar ningún cambio sustancial entre Boric y Piñera.
El rol de la Nueva Concertación en la Convención Constitucional
Al mismo tiempo en que se inicia el nuevo gobierno, vamos llegando a los últimos meses de la Convención Constitucional. La coalición de gobierno -PS, FA, PC- tuvo una oportunidad histórica de cambiar el país dentro de la Convención. Ese sector, sumado al sector independiente y de izquierda de la Convención, tenía más de ⅔ de los votos, lo necesario para aprobar todas las demandas populares en la Nueva Constitución.
Sin embargo, no fue eso lo que hicieron. En muchas de las votaciones más importantes, esos partidos, en particular Frente Amplio y Partido Socialista, votaron junto con la derecha contra las reformas que tocaban los intereses de los grandes empresarios y la institucionalidad burguesa actual.
Así, votaron en contra de las propuestas que acaban con el negocio de las empresas privadas de salud y educación. Votaron en contra de la posibilidad de los trabajadores de retirar la totalidad de sus fondos de pensiones. Votaron en contra del traspaso del dinero de las AFPs al futuro Sistema Público de Seguridad Social, lo que hubiera sido un golpe mortal a las AFPs. También votaron en contra de terminar con el subcontrato. Votaron en contra de la liberación de los presos políticos. Y lo más escandaloso, votaron en contra de la nacionalización de la gran minería del cobre y litio, lo que hubiera permitido al Estado tener en manos miles de millones de dólares para financiar derechos sociales y otro modelo de desarrollo social, que no dependa del sector “extractivista” exportador de materias primas.
Al mismo tiempo en que votaban en contra de prácticamente todo lo que se pudiera chocar con los intereses de los dueños de Chile, votaban a favor de mantener la estructura del Estado actual y la propiedad privada de los grandes grupos económicos. Así, quisieron engañar al pueblo diciendo que el Senado había terminado, cuando en verdad solo cambiaron su nombre y un par de atribuciones. Dicen que todos los derechos sociales ahora serán garantizados, pero no dicen cómo los van a financiar. Dicen que devolverán tierras y territorios a los pueblos originarios, pero mantienen el derecho de propiedad privada en el centro de la Constitución, con pago previo de indemnizaciones en caso que el Estado tenga que expropiar cualquier propiedad de grandes empresarios o terratenientes. Dicen que son democráticos, pero votaron contra la participación de independientes en el futuro Congreso. Dicen que quieren un país más independiente y soberano, pero votaron por mantener en las manos de los presidentes la firma de Tratados de Libre Comercio, sin participación popular alguna.
Todas esas votaciones son públicas y los trabajadores y jóvenes que acompañaron la Convención Constitucional pudieron darse cuenta en vivo de lo que pasaba. Libros y más libros serán escritos sobre el actual proceso constitucional. La conclusión de todos ellos no podrá ser distinta: esos partidos tuvieron la oportunidad histórica de cambiar Chile y no quisieron, porque se sometieron a los intereses del gran empresariado chileno y extranjero.
El Partido Comunista, por su parte, ha sido mucho más oportunista. Si bien en muchas oportunidades ha aparecido como el partido del gobierno más a la izquierda, votando por propuestas más radicales, esas posiciones son solo una cortina de humo para defender su verdadera política, que es la alianza con la gran burguesía y sus partidos. Así, en la Convención, el PC votaba a favor de las propuestas más a la izquierda (que se sabía que no serían aprobadas por no tener el apoyo del PS/FA) pero terminaba también votando a favor de las propuestas más nefastas que iban en el sentido contrario a lo que supuestamente estaban defendiendo. Para citar un ejemplo: al mismo tiempo en que votaron a favor de la nacionalización de la gran minería del cobre, también votaron a favor de que el Estado, en el caso de expropiar empresas, debe pagar las indemnizaciones por adelantado a los propietarios de dichos bienes. O sea, en el caso de que fuera aprobada la nacionalización del cobre, el Estado tendría que desembolsar decenas de miles de millones de dólares por adelantado para hacerse dueño de las grandes mineras (que ya han recuperado 10 o 20 veces sus inversiones en las últimas décadas). Así, mientras decían estar a favor de la nacionalización, en realidad dieron sus votos a una norma mucho más nefastas (que sí fue aprobada) y que inviabiliza nacionalizar las grandes mineras o expropiar tierras para devolverlas al pueblo mapuche.
Por otro lado, su discurso inicial de “rodear” la Convención Constitucional con movilizaciones quedó en eso, puro discurso. En ningún momento el PC utilizó su peso social y político para convocar movilizaciones afuera de la Convención que pudiesen presionar a los constituyentes a aprobar las demandas populares.
De la misma forma que actúan en la Convención, actúan en el gobierno. Hoy dicen ser amigos del pueblo mapuche, pero apoyan el envío de tropas de las Fuerzas Armadas para reprimir la lucha por la recuperación de tierras. Al mismo tiempo en que dicen defender la nacionalización del cobre, la vocera de gobierno, su militante Camila Vallejo, sale en la televisión diciendo que la nacionalización no es parte de su programa.
En resumen, lo que podemos concluir es que el principal objetivo del pacto que hoy gobierna el país –la Nueva Concertación- no es y nunca ha sido cambiar de fondo la realidad de la mayoría de la población trabajadora, acabando con las enormes desigualdades y el dominio de las 10 familias más ricas y transnacionales sobre Chile. Su objetivo va quedando cada vez más claro: desviar las movilizaciones hacia el callejón sin salida de la institucionalidad burguesa, reconstruyendo el “pacto social” que permita a la gran burguesía seguir saqueando el país.
Las luchas de los trabajadores y estudiantes muestran el camino
Pero no todo son malas noticias. En las últimas semanas, varios sectores de trabajadores y de la juventud han mostrado que el pueblo no está esperando sentado que los cambios vengan del nuevo gobierno o de la Convención Constitucional.
Los trabajadores subcontratados de ENAP han dado un ejemplo de lucha y organización en las últimas semanas, buscando mejores condiciones laborales y también luchando por su acuerdo marco, lo que cuestiona directamente la lógica del subcontrato, exigiendo negociaciones directas con la empresa mandante (Enap). Estos trabajadores han sido duramente reprimidos por Carabineros, bajo órdenes de la delegada presidencial de Boric en el Bíobio, pero siguen en huelga y movilizados. Esta lucha debe ser un ejemplo para los subcontratistas de todo el país. Ya es hora que revivamos el gran movimiento que dio origen a las luchas mineras, forestales y portuarias contra el subcontrato y por la dignidad de los trabajadores.
En los últimos meses, en la minería, también se han dado diversos paros espontáneos de trabajadores, muchas veces sin apoyo de los sindicatos. En Chuquicamata subterránea, después de distintos paros, los trabajadores subcontratados lograron formar el Sindicato Interempresa de la Minería -SIM 18 de octubre-. Este Sindicato nace al calor de la lucha y por las reivindicaciones inmediatas e históricas de los trabajadores de la minería. Por ello, el sindicato viene sufriendo una intensa persecución sindical, con la separación ilegal de sus principales dirigentes de faena. Hasta ahora se han logrado reincorporar 2 de los 3 dirigentes separados, pero todavía queda la lucha por la reincorporación de Edu Gallardo y su reintegro a faena.
Mientras van resurgiendo las movilizaciones, la mayoría de las organizaciones que deberían defender los intereses de los trabajadores siguen apáticas, como la CUT o la Confederación de Trabajadores del Cobre. La CUT prioriza sentarse a la mesa con el gobierno y los empresarios de la CPC para negociar la nueva reforma de pensiones y el sueldo mínimo. Nuevamente, repite la fracasada fórmula de la conciliación de clases con el gran empresariado en detrimento de la organización y movilización de la clase trabajadora. Ya la Confederación de Trabajadores del Cobre, importante Confederación surgida en las luchas de los trabajadores subcontratistas de la minería, se encuentra completamente paralizada y alejada de las bases. Su principal dirigente, Manuel Ahumada, fue nombrado Seremi del Trabajo en Santiago por el gobierno, aunque no pudo asumir por no cumplir los requisitos exigidos por el Estado. Como Manuel Ahumada, son varios los ejemplos de dirigentes sindicales cercanos a la coalición de gobierno que han asumido cargos en el aparato estatal y abandonado la lucha y organización de los trabajadores. Esto para no hablar de la mayoría de las organizaciones sindicales de la clase trabajadora que están completamente corrompidas por las burocracias sindicales y sobreviven de las migajas de la patronal.
Por otro lado, también los estudiantes se han vuelto a manifestar. Hoy diversos colegios se encuentran en toma, hay movilizaciones de las estudiantes contra el acoso y también de la juventud por el aumento de las becas de alimentación. Todas ellas duramente reprimidas.
Va quedando cada vez más claro que ni la Convención Constitucional ni el nuevo Gobierno solucionarán los problemas de la clase trabajadora y la juventud. Con el término de la Convención Constitucional, los trabajadores y la juventud tendremos que tomar una posición en relación al Plebiscito del 4 de septiembre. Sin embargo, gane el Apruebo o el Rechazo, la realidad viene demostrando que solo con lucha y organización será posible conquistar los cambios que queremos. Esto nunca ha sido distinto.
Las trabajadoras, la juventud y los sectores populares debemos reconstruir nuestras organizaciones territoriales y sindicales para unificar nuestras demandas en una gran movilización nacional, recuperando el camino del 12 de noviembre de 2019, donde la lucha organizada de las y los trabajadores y el pueblo pudo obligar el gobierno y los partidos del régimen a conceder el actual Proceso Constituyente.
Debemos caminar para unificar todos los movimientos sociales y de trabajadores/as bajo un programa de lucha, que en nuestra opinión debería contener los siguientes puntos:
1) Aumento del sueldo mínimo a 630 mil pesos de forma inmediata y 700.000 a fin de 2022. Aumento inmediato de las becas de alimentación estudiantil al nivel del sueldo mínimo. Estos aumentos deben ser financiados con la confiscación de las ganancias de las grandes empresas, que hoy solo sirven para enriquecer a las 10 familias dueñas de Chile y los capitalistas internacionales;
2) Condonación total de la deuda CAE, que agobia a las familias trabajadoras. Boric debe cumplir su promesa ahora. No podemos esperar 5 o 10 años más;
3) Congelamiento de precios de los productos de la canasta básica, transporte público, combustibles y cuentas de agua, gas y luz;
4) Fin del subcontrato e incorporación de todos los trabajadores a planta;
5) Fin inmediato a las AFPs y traspaso de los Fondos a un sistema público de pensiones, sin afectar los ahorros individuales de los trabajadores;
6) Inmediato plan de expropiación de tierras de grandes terratenientes y empresas forestales, sin indemnizaciones y devolución de las tierras reclamadas por el pueblo mapuche;
7) Redistribución de las aguas teniendo como prioridad el consumo humano, la recuperación de la naturaleza y los pequeños agricultores. Basta de monocultivo!
8) Fin del Estado de Excepción en el Wallmapu;
9) Amnistía a todos los presos políticos chilenos y mapuche;
10) Nacionalización del cobre y litio bajo control de los trabajadores y el pueblo para invertir en vivienda, salud y educación y crear un Fondo para que el país deje de depender de la exportación de materias primas.
