Expulsión de inmigrantes Plan criminal del gobierno

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Durante el primer mandato de Piñera, los empresarios y el gobierno hablaban de fomentar los nacimientos, de la inclusión laboral de mujeres y de importar fuerza de trabajo. Veían con buenos ojos la llegada de mano de obra, porque la escasez de trabajadores hizo que los sueldos aumentaran. Para los empresarios la baja en la cesantía era una cuestión preocupante, principalmente, en el área de la construcción.

Junto con la llegada de miles de trabajadores migrantes cambió el escenario y cambió el discurso de Piñera. Aprovechándose del aumento de la mano de obra, los empresarios han reducido los sueldos y precarizado aún más el trabajo; y, por su parte, el Gobierno culpa a los inmigrantes de los problemas en los hospitales, de la delincuencia y hasta del aumento del SIDA.

En los últimos cinco años los gobiernos, incluido el de la nueva mayoría, expulsaron a un promedio de 1300 extranjeros por año, mientras que en 2018 se expulsaron a 2500 personas. Recientemente, el ministro Ubilla señaló que el gobierno comenzaría a ejecutar la expulsión de más de 12.000 extranjeros. Estas personas no han cometido ningún delito ni en su país de origen ni en Chile, se les sanciona por ser trabajadores, extranjeros y pobres y no haber regularizado su residencia en el país.

La política del gobierno de Piñera se basa en mediáticas expulsiones, pero oculta descaradamente los abusos y bajos sueldos a los que son sometidos trabajadores extranjeros y chilenos. Los empresarios necesitan de la mano de obra que proporcionan los migrantes, por eso la Sofofa o los gremios de la agricultura jamás han pedido la expulsión de los migrantes; al contrario, incluso defienden la iniciativa legal que elimina el porcentaje máximo de extranjeros que según la ley laboral pueden contratar.

El Gobierno intenta hacernos creer que la responsabilidad de los problemas sociales la tienen los trabajadores extranjeros. Sin embargo, todos sabemos que los bajos sueldos, las  filas en los hospitales, los precios elevados del transporte existen desde antes de la ola de inmigración de los últimos años. El gobierno de Piñera ataca a los migrantes porque necesita ocultar que los verdaderos responsables son ellos, la derecha, la nueva mayoría y los empresarios.

La expulsión masiva que el gobierno propone solo busca criminalizar a una parte de los trabajadores para mantener a nuestra clase dividida; lo mismo hace con los mapuche o los trabajadores que van a la huelga, condenando así  a miles de personas a vivir en la ilegalidad y a no poder acceder a las cuestiones más básicas como la salud o la vivienda.

Hoy, como trabajadores debemos luchar en contra de estos ataques; esa lucha debe iniciar con una solidaridad total con los trabajadores migrantes. Debemos ser conscientes que chilenos o extranjeros somos explotados por los mismos empresarios, y que por esta razón debemos unirnos como clase.

El problema de los sueldos, de la salud o del transporte no se solucionará con la expulsión y la ilegalidad de los compañeros de nuestra clase; únicamente podremos mejorar nuestras condiciones de vida luchando, unificadamente, sin diferencias entre trabajadores extranjeros o chilenos.

A rechazar la expulsión de los inmigrantes

Que se abran todas las fronteras

La clase obrera es internacional!

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