Por LIT-CI
Exiliado en Chile, militante brasileño presenció los meses que precedieron al golpe y al derrocamiento del gobierno de Allende, en 1973.
El golpe militar que derrocó a Salvador Allende dejó miles de muertos, destruyó a los partidos políticos y a las organizaciones de los trabajadores e impuso el modelo precursor del neoliberalismo. No por casualidad, los estudiantes y el pueblo que se manifiestan en estos días con cientos de miles por las calles de Santiago levantan la bandera de “Se va caer, se va caer, la educación de Pinochet”. Así como la educación, la salud y la previsión social son privatizadas, en su abrumadora mayoría, así como las empresas que explotan el cobre, su principal riqueza. Tan profunda fue la derrota impuesta en 1973. El mejor homenaje a los caídos, a los cientos de miles de exiliados es esa demostración de fuerza das masas chilenas. Pero, ¿cómo se llegó a un resultado tan terrible? ¿Había otra posibilidad? ¿Cómo, tan poderoso movimiento social, fue derrotado prácticamente sin combates?
Chile en 1970
Chile tenía cerca de 10 millones de habitantes, una alta tasa de urbanización (75%), una trayectoria de casi cien años de organización del movimiento obrero, el más antiguo y poderoso partido comunista de las Américas, al lado de un, también antiguo e fuerte, partido socialista, que tenía una fuerte ala izquierda. La democracia burguesa era bastante antigua y estable para los patrones latinoamericanos: desde 1932 no había golpes militares. El movimiento de masas contaba con una poderosa central sindical, la CUT, cuyos afiliados representaban cerca del 25% de los asalariados.
En la década del 60, Chile conoció un profundo proceso de movilizaciones obreras, populares y estudiantiles, debido al estrangulamiento del modelo económico de sustitución de importaciones, bajo la influencia de la revolución cubana. No por casualidad, la Democracia Cristiana (DC), en 1964, fue a las elecciones para enfrentar a la coalición de izquierda con la bandera de “Revolución en libertad”. Su programa se enfocaba en la reforma agraria, la incorporación de los pobres de la ciudad a la economía y la “chilenización” del cobre. Ese partido contó con el fuerte apoyo del imperialismo americano que, en aquella época, implementaba su programa de la Alianza para el Progreso, a fin de tratar de detener la tremenda influencia de la revolución cubana.
Después de vencer en las elecciones, el gobierno de Frei, de la DC, mostró abiertamente su cara patronal, represiva, proimperialista. Inicialmente, su estrategia parecía tener éxito, pero después de dos años, la inflación subió, la reforma agraria se estancó, la chilenización del cobre se mostró un negocio óptimo para las compañías americanas. Con eso, el movimiento de masas comenzó a aumentar significativamente sus luchas, se produce un aumento exponencial de las huelgas, especialmente las ilegales. Hubo tres huelgas generales hasta el proceso electoral en 1970; los campesinos, estimulados por la promesa de la reforma agraria, comenzaron a ocupar tierras y se aprovecharon del reciente permiso de sindicalización antes negado para miles.
La Unidad Popular (UP)
En 1970 se realizan las elecciones y la coalición de partidos de izquierda, la UP, consigue la primera mayoría (36%), con Salvador Allende a la cabeza. La UP estaba compuesta por el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS), más un pequeño partido disidente de la DC, el Movimiento de Acción Popular Unificado (MAPU) y pequeñas agrupaciones burguesas, como el Partido Radical. Para que el candidato victorioso tuviese su elección confirmada aún tendría que pasar por la aprobación del parlamento. Intensas presiones y negociaciones precedieron esa votación. El imperialismo americano trata de estimular a los sectores que no querían la presidencia de Allende. El ex secretario de Estado Henry Kissinger resumió la consideración del imperialismo americano con la voluntad popular, al comentar con sus colegas “no veo por qué tenemos que quedarnos quietos y ver a un país volverse comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo”.
La extrema derecha llegó a tratar de secuestrar al comandante del Ejército, René Schneider, partidario de aceptar los resultados electorales, para forzar un cambio en la opinión de las fuerzas armadas y de la burguesía, pero el general resistió y murió, y el resultado fue que el sector más golpista de la burguesía perdió espacio. Antes de votar, sin embargo, la DC obligó a la UP a aceptar un estatuto de garantías constitucionales que reafirmaba el compromiso de mantener las instituciones centrales del régimen capitalista.
Antes de comenzar a hacer el balance del gobierno, dos palabras sobre Allende. Era un antiguo parlamentario socialista que postuló por cuarta vez a la presidencia. Él era un reformista convicto y nunca lo escondió. Las concesiones reales hechas en la primera parte de su gobierno, la implacable oposición que su gobierno sufrió por parte de la burguesía y del imperialismo y su muerte trágica provocada por los golpistas asesinos, hicieron que sea idolatrado por las masas. Pero no debemos confundirnos: su gran valor personal en el último acto al enfrentar con coraje a los gorilas chilenos, no redime sus errores, al escoger, equivocadamente, la llamada vía institucional al socialismo y su responsabilidad en la derrota.
El primer año
La UP tenía un programa de reformas básicas que incluía la aceleración de la reforma agraria, según la misma ley aprobada en el gobierno de Frei y, principalmente, la nacionalización completa del cobre, que representaba el 80% de los ingresos de exportación del país. En cuanto a la industria, sería dividida en tres áreas, privada, mixta y área de propiedad social (APS). A esta última serían incorporadas las empresas monopólicas. En las áreas no estatales, la única participación de los trabajadores sería a través de los poco definidos comités de vigilancia de la producción. Los bancos serían también nacionalizados.
El programa de la UP hacía una referencia vaga a una transición al socialismo respetando las leyes y la institucionalidad vigentes, sin especificar sus ritmos y métodos. Allende, en varios discursos como presidente, hablaba de una segunda forma de transición al socialismo, supuestamente defendida por Marx, o sea, una transición respetando las reglas establecidas por el régimen burgués, pacífica, enalteciendo la supuesta “flexibilidad” de las instituciones del estado chileno.
Otro elemento en el programa de la Unidad Popular que estimuló al movimiento a luchar fue la declaración de que, “las transformaciones revolucionarias que el país necesita, solamente podrán ser realizadas si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente”. Era una declaración genérica, una concesión a su ala izquierda, sin mayores precisiones pero, incluso así, era un lenguaje distinto de los demás gobiernos y fue tomada al pie de la letra por los trabajadores y por los sectores populares y acabó traspasando, en mucho, las acciones e intenciones del gobierno y, con él, se chocó en varios momentos.
El gobierno de Allende fue un clásico gobierno de colaboración de clases en un país dependiente del imperialismo, marcado por una profunda inestabilidad, particularmente a partir del lockout patronal de 1972.
Para volver más clara esa definición, cedemos a la tentación de hacer algunas analogías históricas, como una aproximación a una realidad viva y compleja. Por su contenido programático, por su práctica de tratar de mantener al movimiento de masas como un apoyo bajo control del gobierno pero, además de las menciones retóricas, para “días de fiesta” a una transición al socialismo, se asemejaba a otros gobiernos nacionalistas burgueses de América Latina, entre ellos el de Goulart en Brasil. Por la composición predominante de los partidos que lo componían y por el apoyo de la principal organización sindical del país, la CUT chilena, tenía semejanza con otros regímenes de colaboración de clases, llamados de frente popular por la denominación dada por la Internacional Comunista bajo el dominio de Stalin. La propuesta era la de organizar una alianza antimonopolista, antioligárquica y antiimperialista entre la clase trabajadora, sectores de la clase media y una supuesta burguesía nacional, opuesta a los monopolios y al imperialismo, para completar una primera fase democrático-burguesa del proceso revolucionario.
A partir de octubre de 1972, el gobierno, además de las características anteriores, comienza a asemejarse a los gobiernos en auge de situaciones revolucionarias, y luego nos viene a la mente el ejemplo de Kerensky en Rusia, en 1917, en que, sin dejar de tener proyectos ni de existir, cada vez más es totalmente impotente entre las dos clases fundamentales que se enfrentaban, entre revolución y contrarrevolución. De cualquier forma, era un gobierno que, explícitamente, no rompía ni pretendía romper con los marcos de la dominación estatal capitalista.
Pero, no nos adelantemos. Veamos cómo evolucionó el proceso. El Chile que Allende recibió vivía una profunda crisis económica, recesión e inflación alrededor del 35% y la mayor deuda externa per cápitadel mundo. La UP aplicó una estrategia inicial de reactivar la economía con medidas de estímulo keynesiano, aumentando los salarios, por lo menos al nivel de la inflación, elevando los beneficios sociales (entre ellos, la entrega gratuita de medio litro de leche para cada niño del país) y, en especial, a los jubilados, aumentando el crédito para la economía, disminuyendo el desempleo, estimulando la construcción de casas populares, acelerando la reforma agraria, comenzando a nacionalizar los principales monopolios industriales y bancarios por medio de la compra y, muy especialmente, nacionalizando las riquezas naturales básicas, en primer lugar, claro, el cobre, el llamado “salario de Chile”. El efecto fue inmenso; en 1971 hubo una gran transferencia de renta para el trabajo asalariado, que algunos dicen haber alcanzado el 10% de la renta nacional (lo que es verdaderamente extraordinario), el desempleo bajó casi a la mitad, al 3,9%. La idea era de, a partir del aumento de la popularidad derivada de esas medidas, lanzar medidas de democratización del Estado, en particular la Asamblea Popular, especie de cámara legislativa única para poder proseguir con las reformas. Con eso, cinco meses después de asumir el poder, la UP consiguió el 51% de los votos en las elecciones municipales.
Pero las cosas no corrían exactamente como preveían los dirigentes de la UP: la burguesía obtenía enormes ganancias con la reactivación de la economía, pero no invertía casi nada, por su carácter parasitario y, principalmente, por un cálculo político: ¿hasta qué punto los dirigentes de la UP podrían controlar a los trabajadores? La misma desconfianza tenían los sectores privilegiados de las clases medias urbanas y rurales.
Por otro lado, las masas depositaban enormes expectativas en el gobierno y lo apoyaban, sintiendo que había llegado el momento de conquistar sus derechos, hace tanto tiempo postergados: las ocupaciones de tierras se expandieron, incluso superando los límites de la reforma burguesa heredada de la DC. Al contrario de respetar el límite de 80 hectáreas de irrigación básica, lo que dejaría cerca del 40% de las mejores tierras en las manos de los grandes y medianos propietarios, los campesinos resolvieron adelantarse y comenzaron a ocuparlas, organizándose en consejos campesinos autónomos de los oficiales y proponiendo la radicalización de la reforma agraria. Papel importante tuvieron los mapuches, pueblo indígena conquistado y expoliado desde la época de los españoles, que pedían la restitución de sus tierras. La reacción del gobierno fue doble: condenó, incluso en palabras del propio Allende, a la radicalización, pero, para no perder el control, aceleró la reforma agraria, a tal punto que en dos años se cumplieron las metas para seis años.
Es interesante que haya sido del campo, de la provincia de Linares, donde haya surgido la primera contestación organizada, por la izquierda, a la política del gobierno: el congreso de campesinos de aquella provincia, en 1971, exigió la profundización de la ley de reforma agraria heredada de la DC, que dejaba las mejores tierras en las manos de los grandes propietarios, pidiendo la disminución del límite expropiable a 40 hectáreas de irrigación básica y el fin de la posibilidad de que los latifundistas se quedaran con las mejores tierras para ellos, así como sus máquinas y animales.
En las ciudades, los trabajadores comenzaron a reivindicar mejores salarios y condiciones de trabajo, las huelgas continúan aumentando exponencialmente. Muchas empresas fueron ocupadas, por la fuerza, para su nacionalización, incluso aquellas que no llenaban los criterios definidos por la UP (no había una lista definida ni había posibilidad de pasar una ley por el congreso, dominado por la derecha). Por ejemplo, la tejeduría Yarur, de propiedad de una de las familias más ricas del país, era una de las candidatas, pero el gobierno no había anunciado su nacionalización. Los dirigentes sindicales de la fábrica, que eran de la UP, y los trabajadores de base precipitaron un conflicto laboral, ocuparon la empresa y pidieron su pase a APS. Como cuenta el historiador Peter Winn (en Tejedurías de la Revolución), después de mucho presionar el gobierno y contando con la oposición personal de Allende, los trabajadores lo doblegaron y el gobierno utilizó una de las llamadas brechas legales, utilizando la antigua legislación en desuso para intervenir a la empresa. Según el autor, en los ásperos diálogos, Allende fue claro y dijo: “si yo cedo a ustedes, otros harán lo mismo”. Y, efectivamente, varias empresas siguieron el mismo camino.
Los pobladores sin techo que, entre ocupaciones y cerros, constituían cerca del 20 al 25% de la población de Santiago siguieron ocupando terrenos y exigiendo la construcción de casas y mejoras. Llamados genéricamente “pobladores”, este movimiento alcanzó un alto grado de organización y conciencia, llegando a tener verdaderas comunas populares, como la ocupación de “Nueva La Habana”, que llegó a reunir 9 mil personas bajo la influencia de un organismo parapartidario del Movimiento de Izquierda Revolucionario -MIR, el MPR (Movimiento de Pobladores Revolucionarios).
El MIR era una organización que no pertenecía formalmente a la Unidad Popular y había sido formado originalmente por disidentes del OS -trotskistas e independientes– y después siguió una línea castrista bajo la dirección de Miguel Enríquez.
Todos esos nuevos acontecimientos aparecían aún como si fuesen apenas un poco más del clima de ascenso y crisis que se vivía antes de la asunción de Allende, con una mayor confianza por parte de los trabajadores, porque sentían que el gobierno estaba supuestamente a su lado o, por lo menos, que no usaría la represión, como había prometido solemnemente.
En julio de 1971, el Congreso aprobó, por unanimidad, la nacionalización completa de las minas de cobre y Allende propuso que las empresas (americanas) fuesen compensadas financieramente, pero que las ganancias extraordinarias ganadas en los últimos 15 años fuesen descontadas, lo que, por presión popular, acabó siendo confirmado por los órganos del estado. En realidad, el cálculo que se hacía en la época era que ¡las empresas mineras habían lucrado tanto como toda la inversión en capital fijo en el país durante su historia!
Con eso, el imperialismo americano decide imponer el llamado “bloqueo invisible” del país, cortando los créditos para las importaciones, bloqueando la renegociación de la deuda externa del país, entrando en juicio para confiscar las exportaciones chilenas de cobre y financiando cada vez más a los movimientos de oposición al gobierno. El nervosismo del imperialismo se explica por la situación en América Latina en aquel período, con la desestabilización de varios países, como Argentina, Uruguay y Bolivia, en el marco de la inminente derrota en Vietnam y los reflejos de la crisis del 68 aún muy presentes.
La situación en dirección al final de 1971 va lentamente cambiando: la oposición burguesa se reorganizó, se realizó la primera manifestación de masas contra el gobierno, con las señoras de clase media orquestando la “marcha de las ollas vacías”, que coincidió con la visita de un mes de Fidel Castro al país, cuando dio su apoyo a la llamada “vía pacífica al socialismo”; la producción comenzó a caer por falta de inversiones, la inflación recomenzó a subir , las divisas del país se agotaron, dificultando la importación de bienes de consumo e insumos para la producción, lo que llevó al gobierno a suspender el pago de la deuda externa por la simple imposibilidad de continuar pagando.
Frente a eso, la UP comenzó a deliberar para cambiar de rumbo. Fueron varias reuniones en la primera mitad de 1972, cuando finalmente la línea económica del gobierno fue cambiada. El ministro Pedro Vuskovic, independiente, fue destituido y Orlando Millas, del PC, asumió con la orientación de frenar las nacionalizaciones y los aumentos salariales y negociar un acuerdo con la DC sobre la extensión de la APS.
Entonces, fue en aquel año de 1972 en que todo realmente comenzó a cambiar de curso en lo que toca a la disposición de lucha de las masas y a la radicalización de la oposición burguesa.
Es necesario decir que las nacionalizaciones previstas por el gobierno de la UP no representarían más del 20% de los trabajadores industriales del país, o sea, la política de alianzas propuesta dejaba afuera al resto de los trabajadores industriales, sin contar a los trabajadores de construcción civil, a los desempleados, a los artesanos, y un largo porcentaje de trabajadores rurales no integrados a la reforma agraria. Un autor chileno, Fernando Mires, calcula que quedaron afuera 1,7 millones de personas, en una fuerza de trabajo que era cercana a los tres millones de personas…
Además, el método preferido de la UP para nacionalizar era el de comprar las acciones de las empresas, lo que fue hecho, en especial, con los bancos; eso no tenía ninguna semejanza con una nacionalización de carácter socialista, expropiando a aquellos que se habían apoderado por muchos años de la riqueza producida por sus trabajadores. Por presión de los trabajadores y por la resistencia de la patronal, las nacionalizaciones por ese método no fueron más posibles y el gobierno utilizó los métodos de intervención y requisa de las empresas, que tenían el inconveniente de perpetuar el conflicto con los antiguos propietarios en los meandros del aparato legal del país.
Por otro lado, según el convenio CUT-gobierno de 1971, sobre la participación en las empresas de la APS, el modelo de gestión sería dominado por el Estado: la dirección de las empresas quedó en manos de un directorio con mayoría nombrada por el gobierno y la participación de los trabajadores se resumía, en general, a los comités de producción que ayudaban a implementar la política preferida del gobierno, impulsada, en especial, por el PC, la llamada “batalla de la producción”, que llevó a que la producción de las empresas de la APS tuviese resultados espectaculares antes que la crisis económica y el mercado negro no se volviesen dominantes.
En la propia APS comenzaron a haber muchas críticas al modelo, exigiendo aumento de la participación real de los trabajadores, apuntando en dirección al control efectivo de las empresas, como se expresó, por ejemplo, en el Encuentro de Empresas Textiles de la APS, el principal sector industrial nacionalizado, realizado a mediados de 1972.
Comenzó a formarse, al calor de los acontecimientos y de la presión de las masas, una polarización dentro de la propia UP: contra la posición de Allende y del PC, se alineó el ala izquierda, mayoritaria, del PS, más el MAPU, y la Izquierda Cristiana (una nueva división de la DC ocurrida después de la elección de Allende) y por fuera de la Unidad Popular, el MIR. Los lemas de la época eran “consolidar para avanzar” y “avanzar sin conciliar”, lo que parece un juego de palabras, pero significaba que amplios sectores de las masas comenzaron a manifestar un enfoque diferente sobre la forma de enfrentar a los patrones y a la reacción, sin dejar de apoyar al gobierno.
En mayo, la derecha se propone ocupar las calles de Concepción, la segunda ciudad industrial del país; el ala izquierda de la UP y el MIR lideraron una de las mayores manifestaciones en la historia de la ciudad a fin de impedirla, siendo reprimidos por la policía bajo las órdenes del prefecto del PC. Más tarde, en julio, se realiza la llamada Asamblea Popular de Concepción, en realidad un fórum público donde la izquierda debatió el rumbo del proceso chileno, con la presencia independiente, por primera vez, de varios organismos sociales, donde se pidió esencialmente la convocatoria de una Asamblea Popular para implementar el programa de la UP. Incluso así, fueron públicamente desautorizados por Allende, que reclamó ante la tentativa de crearse una nueva dirección para el movimiento popular.
En junio, un acontecimiento de gran magnitud ocurrió: la energía de las masas comienza a expresarse en luchas más radicales, como ya sucedía en todo el país, con el aumento, aún mayor, del número de huelgas ilegales, ocupaciones, barricadas en las calles. Como en todos los grandes procesos revolucionarios, comenzaron a surgir organismos más amplios, para dirigir las luchas, que se habían ampliado y ya no podrían ser llevadas a buen término por las estructuras tradicionales, en el caso de la CUT. Y eso se produjo, como acostumbra ocurrir siempre en situaciones semejantes, de la forma menos esperada.
El primer cordón industrial: Cerrillos-Maipú
La región de Cerrilos, al sur de la capital, era la principal concentración fabril de Santiago, contando con 46 mil trabajadores esparcidos por 250 fábricas (el país contaba con 550 mil obreros industriales). La mayor parte de las fábricas de la región era moderna y no estaba contemplada en los planes de nacionalización del gobierno, mucho menos con la reducción de su número bajo la nueva orientación económica de la UP. Algunas decenas de fábricas se movilizaron, y los trabajadores ocuparon las calles del distrito, llegaron a ocupar el Ministerio del Trabajo, dirigido por Mireya Baltra, comunista. Ese movimiento se chocaba frontalmente con los nuevos planes de la Unidad Popular de frenar las nacionalizaciones e, incluso, se unió a las movilizaciones de los campesinos de la región. El cordón Cerrillos fue formado como una coordinación entre los sindicatos de fábricas de la región (los sindicatos chilenos se organizaban por fábrica), pasando por encima de los compartimientos impuestos por la ley sindical y por la estructura de la CUT, que no tenía organismos locales para coordinar las luchas, adoptando una forma territorial de organización.
La plataforma de fundación del cordón ya anuncia una clara presión para radicalizar el proceso, pidiendo, además del pase de muchas fábricas para la APS, el control obrero sobre todas las demás empresas en la ciudad y en el campo, el establecimiento de una asamblea popular en sustitución del parlamento burgués y, sin dejar de reafirmar la legitimidad popular del gobierno, consideraban apoyarlo “en la medida que éste interpretase las luchas y las movilizaciones de los trabajadores”, lo que daba una nota más bien crítica al movimiento social. Posteriormente se organizaron cerca de 30 cordones industriales en Santiago y a lo largo del país. Ellos contaron con un grado desigual de adhesión y masificación, dependiendo de las coyunturas. Así, durante las grandes crisis que analizaremos a continuación, tuvieron un papel destacadísimo, asumiendo, a partir de su origen sindical, tareas claramente políticas, retrocediendo posteriormente a reuniones de dirigentes sindicales con militantes de partidos más a la izquierda (izquierda del PS, MIR) sin convertirse en independientes del gobierno, funcionando como una especie de presión de masas para tratar de radicalizarlo.
El lockout de octubre y el surgimiento de una situación abiertamente revolucionaria
La burguesía y el imperialismo, utilizando métodos que ya habían experimentado en otros países y coyunturas, como en Brasil de Jango, comenzaron a estimular a los sectores de clase media y a todos los descontentes con el gobierno y se propusieron lanzar una ofensiva final para derrocar o hacer capitular a la UP.
Todo comenzó con una huelga de camioneros privados en el sur del país, contrarios a la creación de una empresa regional de transportes estatal y que se extendió a todo el Chile. En un país tan largo y estrecho, el cálculo es que eso obligaría al gobierno a capitular rápidamente. Se sumaron las asociaciones de profesionales liberales, en especial los médicos, los establecimientos comerciales, el transporte urbano y la patronal industrial. Era el lockout patronal masivo…
El gobierno y la CUT reaccionaron formalmente, sin mucha energía ni iniciativa, pero las masas dieron una respuesta impresionante. Los trabajadores decidieron que la conspiración burguesa para paralizar al país no prosperaría y decidieron tomar la producción en sus manos. Las fábricas fueron ocupadas, los medios de transporte fueron, en muchos casos, requisados, muchos comercios fueron abiertos a la fuerza, comenzaron a organizarse formas de control de precios y de distribución directa masivamente, contra el cada vez más floreciente mercado negro (se calcula que cerca de la mitad de la población de Santiago era abastecida por los organismos populares en 1973, a pesar de que el 70% de la distribución mayorista estaba en las manos privadas y abastecía al mercado negro). Ah, sí, sin olvidar a los comités de vigilancia para enfrentar a las bandas fascistas y proteger las industrias. Además de los cordones, surgieron comités de coordinación con las luchas de los barrios, los comandos comunales. En las fábricas y barrios, poco importaba la filiación política, incluso los trabajadores demócrata-cristianos adhirieron a este frente único de clase que tenía un carácter mucho más amplio que los sectores organizados por la CUT y los partidos de izquierda. ¡El lockout patronal había fracasado! ¡Y nunca antes la clase trabajadora chilena había expresado tal combatividad, unión y energía!
Pero los dirigentes de la UP no estaban a la altura de sus liderados. En vez de apoyarse en la movilización para arrinconar y derrotar a la burguesía y sus partidos, optaron por el camino de la conciliación. Un proceso que había comenzado como una serie de reformas, todas compatibles con el sistema capitalista, había llegado poco a poco a un impasse por fuerza de la intensa polarización de clases para llegar a un nuevo auge en octubre. Sin llegar aún a una situación tan explosiva como en otras situaciones revolucionarias como en España en 1936 o en Bolivia en 1952, pero con un grado de movilización inédito en América Latina hace mucho tiempo, había las condiciones para romper las amarras del legalismo y del programa autorrestrictivo de la UP. Pero no fue esa la conclusión de la mayoría de los líderes de la UP. E, incluso, los que pedían el avance, en el ala izquierda de la propia UP, no percibían que era necesario forjar una alternativa independiente a la UP. En realidad, se constituyeron en otro obstáculo para la radicalización necesaria, pues insistían que el poder popular no debería ser realmente independiente, procurando utilizarlo como un elemento de presión por la izquierda en los marcos del apoyo al gobierno.
Allende concluyó un acuerdo con la DC para incluir a los comandantes de las Fuerzas Armadas en el gabinete, con la misión principal de garantizar las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 y recuperar las fábricas ocupadas durante el lockout de octubre. Desde el punto de vista económico, eso se conoció como el plan Prats-Millas (sus formuladores habían sido el general Prats, comandante del Ejército, y Orlando Millas, comunista y ministro de Economía) que previa reducir el Área de Propiedad Social de las 120 empresas inicialmente previstas, a solo 49. Recordemos que cerca de 200 estaban ocupadas en aquel momento como fruto del lockout de octubre. Este número llegó a más de 300 en 1973, agrupando a cerca del 40% de los trabajadores industriales del país. Cuando fue oficialmente lanzado, fue duramente combatido por los cordones industriales con nuevas manifestaciones en el centro de Santiago y barricadas en los distritos industriales. El plan tuvo que ser convenientemente engavetado, pues el gobierno no tenía fuerzas para imponerlo.
Las elecciones de 1973, el tancazo y la preparación del golpe
Contrariamente a todas las expectativas, la oposición burguesa no consiguió los 2/3 de los votos para declarar el impedimento de Allende, incluso con los millones de dólares despejados por el imperialismo americano, el galopante mercado negro y la inflación que cerró 1972 alrededor del 200%. Con los 44% dados a la UP, la vía institucional del proceso chileno estaba cerrada, como reconoció el principal asesor político de Allende, el catalán Joan Garcés. Era voz corriente que el enfrentamiento entre el proceso revolucionario y la contrarrevolución era inevitable.
El patrón, después de la mitad de 1972, se repitió de forma acentuada: la burguesía en la oposición utilizó todas sus armas legales, el Poder Judicial, el Congreso, la Contraloría de la República, su poder económico, financiando el mercado negro, el desabastecimiento, los lockouts patronales, las asociaciones de clase media y sus medios extralegales, las bandas armadas fascistas.
El 29 de junio se da el penúltimo acto del proceso, ya preanunciando el desastre: un regimiento de tanques se levanta en Santiago, cerca al palacio presidencial, mata a cerca de 22 personas, pero no consigue la adhesión de las demás unidades de las Fuerzas Armadas. La reacción popular es espectacular, nuevamente, y concentrada en el tiempo: aquel día, otra vez, la gran mayoría de las empresas fue ocupada. Una gran manifestación comandada por los cordones industriales va a una concentración en frente al Palacio exigiendo el cierre del Congreso y la sentencia a los golpistas. Pero Allende fue inflexible y se apegó desesperadamente a la institucionalidad, dejando hasta de aplicar medidas elementales de saneamiento dentro de las corporaciones militares, cosa que muchos gobernantes del mundo ya lo hicieron sin ser revolucionarios. Al final de la manifestación Allende presentó a los generales que, junto con Prats, habían sido los héroes que habían impedido el triunfo del golpe (entre ellos, increíblemente, el propio Pinochet) y declaró el Estado de Emergencia, lo que daba a los militares el control del país.
Los meses siguientes mostraron a la oposición preparando el terreno para el golpe: la Suprema Corte y el Congreso declararon la ilegalidad del gobierno, abriendo el camino “legal” a los golpistas.
Los militares comenzaron a ejercitarse y a cohesionar sus filas. El pretexto fue la Ley de Control de Armas aprobada después del lockout de octubre, sin que Allende la vetase, y que permitía a los militares realizar operaciones de búsqueda y aprensión en cualquier lugar. Con esa disculpa, fueron acostumbrando a los soldados rasos a enfrentarse a los trabajadores y fueron testeando la resistencia de los cordones industriales.
Una última y fantástica negociación fue patrocinada por Allende y el PC: un nuevo diálogo con la DC, ya claramente ubicada para derrocar al gobierno. El periódico del PC, El Siglo, estampaba el titular, “¿Después de un tancazo, por qué no un dialogazo?”. Y por interminables 30 días perdieron tiempo con una campaña contra la guerra civil, cuando había que prepararse para ella… La DC exigió la capitulación total (un gabinete sólo de militares, la devolución de todas las empresas ocupadas, la promulgación de una reforma constitucional que limitaba drásticamente a la APS y permitía la represión a los cordones industriales), lo que Allende no podía aceptar.
Los trabajadores estaban confundidos y desmoralizados por la negativa del gobierno en contra-atacar a la derecha y por las concesiones hechas. Una última, simbólica e inútil concesión fue la entrega del Canal 9 de TV, ocupado por sus trabajadores y que conseguían taladrar un poco el bloqueo periodístico de los monopolios televisivos. Previendo cualquier ataque, los trabajadores, por medio de sus sindicatos, designaban guardias permanentes para proteger el canal 9.
El resto ya es conocido. El golpe del 11 de septiembre tuvo poca, sino heroica resistencia, en especial en algunas fábricas de los cordones. Caben algunas consideraciones finales sobre el carácter del gobierno de la Unidad Popular, su programa y las alternativas que estaban siendo generadas al final del proceso, pero que no tuvieron tiempo de madurar.
El programa de la Unidad Popular (UP) se reveló equivocado, pues no contemplaba la unión de las amplias camadas de explotados y oprimidos del país y propugnaba la alianza con una supuesta burguesía nacional antimonopolista que se demostró estar más ligada a los intereses del gran capital y tener una clara concordancia ideológica con éste, incluso en el momento en que ganaba inmensas ganancias, arrastrando sectores importantes de la clase media.
Hay una caudalosa polémica sobre la experiencia chilena: una corriente mayoritaria dentro de la izquierda y fuera de ella argumenta que el desastre se debió a la falta de acuerdo con el centro político (que supuestamente representaba a la clase media y la burguesía “nacional”), o sea, la DC. Sin poder entrar profundamente en el tema, una observación se debe hacer. La DC era el más importante partido burgués en Chile, sus sectores más progresistas habían roto por la izquierda y su base trabajadora estaba dispuesta a enfrentar a la patronal como se demostró en el lockout de octubre. Por otro lado, el limitado programa de reformas de la Unidad Popular en una sociedad dependiente del imperialismo y tremendamente desigual abrió las compuertas de la lucha social en una sociedad extremamente desigual, lo que desembocó en un grandioso proceso revolucionario, que no daba soluciones parlamentarias, ni la conciliación. Las clases sociales fundamentales estaban en movimiento y sólo la confrontación podría saldar cuentas. Revolución y contrarrevolución se enfrentaban en las calles, fábricas, campos y minas del país. El acuerdo con la DC significaría claramente la capitulación de todo el movimiento social y la represión de su vanguardia, lo que la UP no se atrevió a hacer. Se quedó a mitad de camino, tratando desesperadamente de contener al movimiento que, de cierta forma, creó y que la traspasó completamente.
La política militar de la Unidad Popular
El conjunto de la orientación de la UP ya explica el porqué de haber existido tan poca resistencia al golpe militar. Pero, en el terreno de su actitud frente a las Fuerzas Armadas, las cosas llegaron a un punto increíble. Durante los tres años de gobierno, en ningún momento hubo una política frente a la inevitable oposición de la oficialidad a cualquier reforma social más profunda. Incluso se inculcó un mito que después quedó en claro no tener ningún fundamento; el supuesto carácter profesional y legalista de las Fuerzas Armadas chilenas. En realidad, ellas intervinieron de forma sangrienta siempre que fueron llamadas, como en las huelgas y movilizaciones en el gobierno de Frei, con muertos y heridos. En 1969 hubo una tentativa de golpe, comandada por el general Viaux, el mismo que prepararía el asesinato del general René Schneider, pero eso no cambió una como a esta orientación suicida.
No levantaron un programa de reivindicaciones básicas y muy sentidas en la base y en la suboficialidad contra los privilegios de los oficiales, la brutalidad y la falta de derechos democráticos, entre ellos el derecho al voto, y por mejoras en el nivel de vida, ya que sufrían, como el conjunto de sus hermanos de clase, con la tremenda crisis económica exacerbada por la lucha distributiva entre las clases fundamentales de la sociedad, el flagelo del mercado negro y el desabastecimiento. Ningún control de las promociones militares, ninguna depuración de oficiales golpistas y el principal, ninguna propaganda antigolpista que pasase por encima de la rígida estructura militar y apelase directamente a los trabajadores uniformados. Ni es necesario decir que en ningún momento se alentó la defensa armada del gobierno, única garantía para que los soldados, marineros y suboficiales pudiesen atreverse a rebelarse sin que eso significase suicidio…
La mentalidad legalista llevó a que ni hubiese una estrategia de resistencia, las radios de izquierda fueron silenciadas y no había transmisores alternativos, la orientación de quedarse en los lugares de trabajo no servía más que para una situación extrema… pero era todo consecuencia de tres años perdidos, de no tener la claridad y el coraje de admitir la realidad del enfrentamiento, cosa que la burguesía demostró tener de sobra.
Estamos en un terreno en que hay pocas informaciones, pero hoy conocemos mejor un episodio simbólico: el caso de los marineros antigolpistas.
Desde la elección de Allende, la tremenda división de clases que existía en la Marina chilena hizo que los marineros y suboficiales conmemorasen intensamente la elección y los oficiales la considerasen una gran derrota. Por más de dos años, cientos de marineros organizados en los barcos y en tierra controlaban la actividad de los oficiales y cuando vieron que estaban abiertamente organizando el golpe, trataron de alertar al gobierno y pedir la ayuda a los partidos de izquierda para que tomaran los barcos, como había acontecido con la revuelta de la Armada en 1931. “¡Después del golpe será imposible!”, decían, proféticamente. No recibieron respuesta y fueron apresados y bárbaramente torturados.
Allende, el día 5 de agosto de 1973, formaba un nuevo y final gabinete cívico-militar, irónicamente llamado “Gabinete de Seguridad Nacional” y, para apaciguar a la oficialidad de la Marina, denunció a la subversión hecha por la ultraizquierda, fiel a su estrategia de no afrontar la jerarquía militar. Solamente 15 días después de los hechos, él se retractó. ¿Qué podría haber ocurrido si fuesen alentados todos los hijos de la clase trabajadora bajo uniforme a que rechazasen las órdenes golpistas y que el movimiento sindical y popular hiciese una campaña de masas con ese eje sobre la base de las Fuerzas Armadas?
Por una de esas casualidades de la vida, los marineros antigolpistas, en especial el principal dirigente, el sargento Cárdenas, sobrevivieran, pues ya estaban presos y los meandros burocráticos de las prisiones de la dictadura hicieron que no fuesen asesinados y fuesen al exilio. Pero, 30 años después, un investigador chileno, Jorge Magasich, produjo un bello libro, “Los que dijeron no”, en donde cuenta esa historia y entrevista a los marineros.
En los días del golpe, juntamente con los bolsones de resistencia, hubo fusilamientos en los cuarteles y hubo resistencia activa en la escuela de suboficiales de la policía, pero fueron pocos, muchos menos de los que podrían haber sido si la política de la UP hubiese sido distinta. Claro que siempre una derrota como esa parece inevitable y sería imposible probar con certeza lo contrario, pero el conjunto de las condiciones de la época, los vasos comunicantes que había entre un ejército de conscriptos y un movimiento de masas que ocupara como nunca antes el centro político del país no podrían dejar de influir para que las divisiones surgiesen. Pero, para eso faltó una política por parte del gobierno y del conjunto de la izquierda con un tiempo suficiente, y no los últimos llamados desesperados de la izquierda del PS y del MIR, para que los soldados desobedeciesen las órdenes golpistas.
El poder popular -esta fue la expresión chilena para un fenómeno recurrente en los grandes procesos revolucionarios, que es el surgimiento de organismos de poder dual que se enfrentan a la institucionalidad burguesa. La originalidad chilena es que el término poder popular consta en el programa de la UP, con una connotación de apoyo al gobierno y, como tal, fue reivindicado por Allende y por la derecha de la UP, el PC y sectores del PS. El proletariado y la izquierda chilenos tenían una enorme tradición política, fruto de casi un siglo de actividad socialista casi ininterrumpida, con sus altos y bajos. Por eso, en la vanguardia había debates interesantes, al calor de los acontecimientos. Solamente para citar, había una interpretación de que había un poder dual dentro del aparato del Estado, entre el gobierno y las demás instituciones, en una grosera tergiversación del concepto tradicional del poder dual como un poder independiente y opuesto al Estado y sus instituciones como se vio en tantos procesos revolucionarios. Pero, incluso los más radicales dentro de la UP y el MIR consideraban al gobierno como un aliado vacilante, pero un aliado.
De noviembre de 1972 hasta el golpe existieron distintos fórums en los cuales se debatió el poder popular, con la presencia de sus dirigentes y/o de dirigentes de los partidos de izquierda. Básicamente se esbozaban dos posiciones.
La primera era la de Allende y del PC, que primero atacaron fuertemente a los cordones industriales, pero frente a su fortalecimiento acabaron reconociéndolos y a los comandos comunales, formalmente, pero los concebían como subordinados al gobierno. Los comunistas solamente ingresaron en los cordones a partir de julio de 1973 e, incluso así, sin mucha fuerza.
La segunda posición era apoyada por casi todos los dirigentes de los cordones y sustentaba que ellos deberían ser autónomos del gobierno, pero no oponerse a él. Ninguna corriente expresiva señalaba la perspectiva de organizar una fuerza política y/o social fuera de la UP, incluso para luchar mejor contra los golpistas.
Una polémica dentro de ese campo era entre los que defendían la primacía de los cordones industriales y los que defendían los comandos comunales, como el MIR, argumentando que éstos agrupaban al conjunto de los explotados y que los cordones solamente podrían tener un papel sindical. Mucho aún está por ser escrito sobre los detalles del movimiento real, de base, dentro de la revolución chilena, pero nos limitamos a observar que, incluso siendo una posición correcta en abstracto, no respondía a la realidad de aquel momento, en que los cordones industriales tenían un peso mucho mayor. En realidad, extrañamente, esta posición del MIR coincidía, en la práctica, con la opinión de los comunistas, de integración de los cordones a la CUT, desconociendo el papel claramente político, mucho más del meramente sindical, que habían adquirido y como única alternativa real de ejercer un papel de vanguardia social en aquel momento. Una de las razones que posiblemente influyó para esa posición del MIR fue su mayor implantación en los sectores de “pobladores”, en tanto su inserción en el proletaria industrial era, aún, muy reducida.
La falta de independencia de los cordones y de los órganos de poder popular fue dramática cuando se trató de enfrentar el golpe que se preparaba, pues se aguardaban las iniciativas del gobierno, que nunca vieron… por todo eso, los cordones solamente pueden ser clasificados como los más avanzados organismos embrionarios, potenciales, de poder dual, que podrían haberse desarrollado como tales si el tiempo permitiese la madurez de sus posiciones.
Lo más próximo que se llegó a una posición independiente fue la carta de la coordinación de los cordones industriales, dirigida a Allende días antes del golpe, en que el tono ya era de bastante distancia. Luego de oponerse sobre el significado del programa y de la elección de la UP, sobre las concesiones hechas a la derecha, enumeraban las medidas mínimas para luchar y terminaba con esas palabras, que consideramos el punto más avanzado a que iba llegando la vanguardia revolucionaria chilena, pero que, lamentablemente, no tuvo el tiempo necesario para madurar y hacerse de masas. Otra podría haber sido la historia de la clase trabajadora y del pueblo de Chile y de América Latina si eso hubiese ocurrido.
Decía la carta:
“Nosotros le advertimos, camarada que, con el respeto y la confianza que aún le tenemos, si no cumple con el programa de la Unidad Popular, si no confía en las masas, perderá el único apoyo real que tiene como persona y dirigente y que será responsable por llevar al país no a la guerra civil que está ya en pleno desarrollo, sino a la masacre en frío, planificada, de la clase obrera más consciente y organizada de América Latina. Y [nosotros lo advertimos] que será responsabilidad histórica de este gobierno, llevado al poder y mantenido con tanto sacrificio por los trabajadores, habitantes, campesinos, estudiantes, intelectuales, profesionales, la destrucción y el descabezamiento, quizá a tal plazo, y a tal costo sangriento, no sólo del proceso revolucionario chileno, sino también el de todos los pueblos latino-americanos que están luchando por el Socialismo”.
Sin embargo, esa evolución era lenta, limitada aún a una vanguardia amplia y dificultada por las posiciones ambivalentes de la izquierda del PS, que trataba de conciliar el apoyo a los cordones y la necesidad de superar la institucionalidad capitalista con la participación en el gobierno, sin colocar la necesidad de forjar una alternativa a la UP. Si, en un primer momento, sirvieron de estímulo a la movilización, después sirvieron como un freno, una justificativa elaborada desde la “izquierda”, impidiendo a los trabajadores avanzar políticamente. Tenían a su favor la enorme tradición de legalismo dentro del movimiento de masas de Chile, en la creencia en lo que sus dirigentes le decían sobre la imparcialidad de los militares y, fundamentalmente, la confianza en sus dirigentes, a quienes atribuían muchas de sus conquistas. Sabemos cómo costó cara esa tradición…
Falta decir algunas palabras sobre el MIR, visto como la única alternativa a la izquierda en relación a la UP. En que, pese a su extrema juventud, tuvo un crecimiento importante durante los años del gobierno de Allende (se calcula su militancia orgánica en cerca de 10 mil militantes, aunque sea difícil determinar con precisión este número). Sin embargo, tenía limitaciones claras:
Desde el punto de vista político, no tenía una estrategia clara frente a la UP, en realidad, sus caracterizaciones apostaban a presionar al gobierno para que radicalizase sus posiciones. Eso explica su acuerdo electoral y programático con la izquierda del PS para las elecciones parlamentarias de 1973 y para la actuación dentro del movimiento de masas.
Desde el punto de vista de la organización para actuar en el movimiento de masas, hizo una transición incompleta de un partido de cuadros, militarista, a un partido que aspiraba a conquistar influencia de masas. No conseguía incorporar orgánicamente una gran cantidad de militantes que se sintieran atraídos por sus posiciones, debido a sus métodos internos bastante burocráticos (su congreso de 1968 fue sucesivamente postergado hasta el golpe, en que pese al cúmulo de nuevos problemas y debates creados por la novísima situación del país), lo que aumentó su incoherencia y las tensiones internas.
Su método de lanzar ultimatos dificultó su estructuración en el movimiento obrero (sólo tuvo 1,5% de los votos en la elección de la CUT de 1972), manteniendo su fuerza esencialmente entre los estudiantes y habitantes de los cerros de las ciudades. Eso no niega, como en el caso de las demás organizaciones políticas de izquierda del país, la abnegación y heroísmo de sus militantes.
En el momento más difícil, apareció con toda fuerza la principal deficiencia del proceso chileno: la inexistencia de una corriente revolucionaria que hubiese acumulado la experiencia y los cuadros durante el proceso revolucionario para poder proponer a la vanguardia y a las masas la construcción de una alternativa a la UP, con base en la propia experiencia de la lucha de clases, y no de forma doctrinaria o ultimatista. Una alternativa a su variante más reformista, PC-Allende, como a sus variantes más a la izquierda -la izquierda del PS y el MIR.
Traducción: Laura Sánchez
