En las últimas décadas nuestra educación sin duda ha cambiado. Hoy nuestro rol desde la docencia ya no es “transmitir” conocimiento, sino como plantean cientos de especialistas, ser “facilitadores” de los procesos de aprendizaje, relevando que en el centro están nuestros estudiantes. Sin embargo, como se dice en Chile, “el papel aguanta mucho” y aunque pasen los gobiernos “democráticos” (al servicio del capital transnacional y la burguesía nacional, tanto la ex Concertación, la derecha y ahora el Frente Amplio), las precariedades en educación, el agobio, los maltratos, los bajos sueldos y con ello, la deserción, es un pan de cada día, en un sistema educativo que, como lo demostró la Pandemia (2020-2022), fue sostenido materialmente por el profesorado. Asimismo, hoy estamos de luto, pero no solo tenemos tristeza, tenemos rabia e indignación, porque las promesas de campaña se las lleva el viento y nuevamente nos duele la realidad. El caso de la colega y compañera Katherine Yoma Valdivia, quien luego de reiteradas denuncias y sin apoyo concreto alguno, decide no participar más en este mundo. Ante este terrible suceso, esta nota no solo invita a la reflexión, sino a la organización para que ningún/a colega más pase por adversas situaciones. ¡Compañera Katherine Yoma Presente!
Las instituciones del Estado son responsables.
En primer lugar, según consigna el “Diario de Antofagasta”, las acusaciones por parte de la profesore Katherine Yoma en torno a maltrato, acoso y violencia en su lugar de trabajo no son de 2024. Más bien, la profesora denuncia públicamente el hecho en septiembre de 2023, donde había recibido estas acciones por parte de un apoderado y su hija, en el establecimiento en que ella desempeñaba sus labores académicas.
Asimismo, estas denuncias llegan directamente al empleador, donde la responsabilidad política y jurídica recae en la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMSDS), organismo que tiene como presidente al actual alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez (“Independiente, ex cupo Evopoli) no dando ninguna respuesta que pudiera subsanar el daño causado a la colega. Al contrario, las acciones en su contra se agravaron y su salud mental empeoró, teniendo que soportar incluso la aparición del apoderado fuera del establecimiento educacional, quien la amenazó directamente, tal como recaba la prensa de Antofagasta en esta denuncia: “Comenzó a decirme, ahora me las vas a pagar, eres una mierda de profesora“.
Por su parte, el sujeto en cuestión, tras no quedar conforme con los agravios a Katherine, agarró a la docente de la mano reventando su celular en el piso. Tras estos inexplicables hechos, se hace la denuncia correspondiente, siendo la trabajadora de la educación contenida psicológicamente debido al estado de shock que se encontraba, donde las autoridades del establecimiento (director) se le acerca justificando al agresor según consigna su relato: “él no pensó que algo así iba a pasar”. “La ingenuidad del director me parece conveniente para sus amistades que se relacionan con la familia de la agresora, pero no para mí porque en ese momento mi celular, dignidad y salud mental estaban destruidas”, recalcando en aquel entonces al Diario de Antofagasta la profesora Katherine, dando cuenta absoluta de los nexos dentro del establecimiento, lo cual refleja la impunidad y las relaciones de poder, frente a las y los profesores que tal como Katherine, tienen que soportar estas malas prácticas laborales, sin mediar que detrás de nuestra labor docente, somos personas que merecemos dignidad y tenemos derechos que no son respetados.
Sin embargo, la gota que derramaría el vaso serían las medidas tomadas por la CMDS de Antofagasta, suavizando las denuncias por parte de Katherine e incluso precarizando aún más sus condiciones laborales: reubicándola en otro establecimiento educación, reduciendo sus horas de clase, de 46 a 16, rebajando su sueldo cerca de 300 mil pesos, lo cual no solamente es un descriterio absoluto, sino es una vulneración de derechos fundamentales, un ataque directo a las condiciones de vida de la clase trabajadora, donde la colega tuvo la valentía de denunciar este atropello a su persona. No obstante, en la víspera del 8M la tragedia había enlutado a Antofagasta. La compañera Katherine Yoma decide frente a todas estas arbitrariedades quitarse la vida, dejando a una familia, a un gremio, a un pueblo muy indignado, por eso la voz de miles de mujeres en Antofagasta corearon en pleno 8M “No estamos todas, falta Kathy Yoma”.
Este caso no es aislado
En los últimos años, sobre todo desde la pandemia en adelante, la salud mental de las y los docentes se ha deteriorado de forma sumamente preocupante. Según consigna una encuesta realizada en 2021 por el Colegio de Profesores (CDP), señala que un 77% de los colegas reportó estrés laboral, un 49% frustración, un 41% angustia, un 31% impotencia y un 27% inseguridad. En esta misma línea, CIPER en 2023 publica su estudio “Agobio y salud laboral”, donde solo en la RM, las licencias médicas de profesores aumentaron un 200% (lo cual explicaría el alza en los casos de “remplazo” y con ello la precarización laboral en los contratos a plazo fijo sin ninguna garantía y estabilidad)
A su vez, según consigna el medio online “Súbela”, el 2023 se registraron 226 casos de docentes golpeados o que recibieron algún tipo de violencia en nuestro país. En efecto, si comparamos los datos anteriormente señalados, según el mismo CDP, podemos ver un aumento en la violencia en nuestras aulas, donde un 86,8% de los docentes declaro haber sido insultado, un 10,9% declaro sufrir violencia física, un 25,5% amenazas y un 6,2% declaró haber recibido intimidación vía redes sociales. Frente a estas preocupantes cifras, la abogada Francisca Bascuñán Venegas, especialista en educación y miembro del Directorio de la Fundación para la Convivencia Digital señala al mismo medio de prensa que:
“Se ven situaciones de violencia en redes, tales como funas a profesores, grabaciones que los exponen fuera de contexto, imágenes trucadas y otras que provocan una situación de agresión que escala dentro de toda la comunidad y que, con frecuencia, significa la salida temporal (licencia médica) o definitiva del contexto laboral escolar (deserción)”,
Bajo esta misma línea agrega que: “ “Se instala una sensación generalizada de inseguridad equivalente a los casos de acoso escolar, dado que los profesores tienen la percepción de inseguridad, pues cualquiera de ellos puede ser el siguiente”. Dando cuenta de un agravio generalizado en nuestras condiciones de trabajo, donde si bien en muchas ocasiones, sectores de la misma comunidad educativa son quienes ejercen estas acciones, estas tienen su explicación en los bajos sueldos, la salud mental deteriorada, la falta de oportunidades, la precariedad social y laboral, donde las mismas “soluciones” del Estado son insuficientes y cuando las abordan son punitivas, buscando criminalizar a apoderados y estudiantes con leyes penales y no abordar las problemáticas de fondo.
La situación de la educación es un reflejo más de una crisis aún más profunda en toda la sociedad chilena, que explota por todos lados: bajos sueldos, precariedad laboral en la gran mayoría de los empleos, pensiones miserables, caos en la salud pública y un largo etc.
¡Unidad en las calles, la resistencia es con más comunidad, no a la división!
El caso de la profesora Katherine Yoma reabrió el debate público respecto a la salud mental y las condiciones de trabajo del conjunto del profesorado en el país. En este sentido, las comunidades educativas en Antofagasta llevan semanas movilizadas en marchas, protestas e incluso paros indefinidos exigiendo la renuncia de las autoridades a cargo de la educación pública de la comuna, entre ellas el director de la escuela José Papic, Marcos Jil, el Jefe de Recursos Humanos de la CMDS, José Gajardo, la directora de educación de la CMDS, María Luz Gálvez y del presidente de la CMDS, el alcalde Jonathan Velásquez, entre otras autoridades, por sus responsabilidades, negligencias y falta de medidas para proteger a la docente y evitar más tragedias como lo ocurrido.
Sin embargo, pese a las masivas acciones de la ciudad, la dirección del Colegio de Profesores comandada por Mario Aguilar deja toda su confianza en el Congreso y en la institucionalidad burguesa afirmando la urgencia de una “Ley Kathy Yoma”, donde en sus palabras señaló “necesitamos una ley que atienda las situaciones que se producen y brinde efectiva protección a quienes son agredidos y sanciones para los agresores”, buscando imponer sanciones penales hacia los apoderados en la misma línea que los personeros del PPD, como Jaime Araya, quien declaró que presentará un proyecto de Ley bajo esa índole, lo cual es celebrado por la Derecha, ya que esta busca profundizar la violencia en los espacios educativos, dividiendo a la comunidad educativa, “separando” a los “buenos” de los “malos” estudiantes/apoderados, cuando es el conjunto del pueblo trabajador el que sufre la miseria de un sistema indolente que solo privilegia las ganancias de las 10 familias más ricas del país, donde el gobierno de Gabriel Boric ha sido cómplice.
Por otro lado, las y los profesores sabemos que proyectos de Ley que vayan en la línea de la criminalización causaran más problemas a las comunidades educativas. Tal es el caso de la “Ley Aula Segura” que se utiliza en los liceos emblemáticos para perseguir a las y los estudiantes que se organizan frente al modelo neoliberal en la educación, generando justamente estudiantes de “primera y segunda categoría”, aumentando la deserción escolar y quitándole el derecho a la educación a los hijos/as del pueblo trabajador. Asimismo, sostenemos que una realidad similar puede ocurrir, pero con los apoderados. Los trabajadores de la educación tanto profesores, asistente de aula, administrativos, trabajadores del aseo, estudiantes y todos quienes componemos la comunidad educativa debemos construir nuevas relaciones sociales tanto al interior como fuera de la escuela.
Ante este escenario, debemos continuar exigiéndole a la dirección del Colegio de Profesores que retomen la tradición histórica del gremio, donde primen las asambleas desde los comunales de base, incluyendo a las y los actores educativos que no necesariamente son colegas de los colegios públicos (o SLEP) y también al conjunto de la comunidad educativa, incluyendo a los apoderados. Esta problemática es transversal y necesitamos avanzar a la máxima unidad desde la movilización que ponga en pie un pliego único de demandas que parta por la construcción masiva de establecimientos educacionales, aumentar la planta docente, acabando con la figura del “remplazo” en aula, reducir al menos a la mitad la cantidad de estudiantes por sala, modificar el sistema de trabajo pedagógico en función de su mejora; por un 50/50 horas lectivas y no lectivas, aumento de los sueldos docentes, basta de agobio docente, fin a la carrera docente, necesitamos dignificar nuestra labor.
Para conseguir estas demandas, algunas históricas, otras “nuevas” como la salud mental para el conjunto de la comunidad educativa, es necesario no solamente que seamos las comunidades educativas quienes tomemos las decisiones, porque la estructura que existe en las escuelas, tampoco nos permite abordar estas situaciones de manera integral.
¡Vamos por más democracia en las escuelas! Basta de sostenedores y directores que están por fuera de nuestra realidad, sino que sean docentes, trabajadores de la educación, estudiantes (y sus organizaciones) y apoderados quienes democráticamente decidamos que educación necesitamos tanto a nivel local y nacional.
Junto con lo anterior, necesitamos mayor dotación de especialistas, que los departamentos PIE se fortalezcan con financiamiento directo, la convivencia escolar no es un tema aislado, sino que debe ser abordado directamente con el Ministerio de educación y de salud.
Para lograr conseguir estas demandas (entre otras), que sabemos continúan pendientes, aunque pasen los años, es necesario construir un movimiento pedagógico independiente al gobierno, ya que los gobiernos de la ex concertación, la derecha y ahora el gobierno de Boric en su alianza con el Partido Comunista, son responsables no solamente de la precariedad laboral, sino de su profundización a través de la implementación de los SLEP, cuando la experiencia pedagógica plantea justamente otro camino.
Para que toda esa problemática sea resuelta, es necesario aumentar la inversión en educación. Para ello, debemos recuperar para el pueblo trabajador las mayores riquezas que produce Chile, como el cobre y el litio. La lucha por la nacionalización del cobre y del litio bajo control de los trabajadores y comunidades es fundamental para solucionar los graves problemas sociales que tenemos en educación, salud y vivienda. Es fundamental que la CUT y las direcciones del movimiento docente busquen la movilización y organización del profesorado junto a los demás sectores sociales para dar esta lucha.
