El 9 de octubre de 2019, en una entrevista a Mega, Piñera dijo que Chile era un “verdadero oasis” dentro de una “América Latina convulsionada”. En ese momento, Ecuador vivía una gran rebelión indígena, Haití estaba en llamas, Argentina y Paraguay venían saliendo de importantes manifestaciones. Diez días después, el “oasis chileno” explotó en una convulsión aún mayor y más violenta que la de todos los países vecinos. La juventud fue la punta de lanza, pero millones salimos a las calles para decir que ya no aguantábamos tanta explotación y opresión. Sabíamos que el país moderno que los gobernantes presentaban en el extranjero no era el que vivíamos cotidianamente. Los lindos edificios de Vitacura o las casas de Cachagua no son la realidad de la mayoría de la población.

El 18 de octubre fue la expresión de una rabia acumulada durante décadas, después de muchas luchas donde las respuestas eran únicamente las promesas y la represión, de ver como se multiplicaban los escándalos de corrupción; como los dueños de las AFPs se robaban nuestras pensiones; como los jóvenes se endeudaban por años y décadas para pagar sus carreras. El 18 de octubre dijimos ¡basta!

Esta Edición de La Voz de los Trabajadores es un especial de balance sobre los principales acontecimientos y conclusiones del proceso que se abrió el 18 de octubre de 2019.

Se abre un proceso revolucionario

En nuestra opinión el 18 de octubre abrió un proceso revolucionario en Chile. ¿Por qué no decimos que fue un simple estallido o revuelta? Por la profundidad de los hechos. Los chilenos sabemos mejor que nadie cómo diferenciar un simple temblor de tierra de un terremoto. En la política, también debemos ser capaces de hacerlo.

Tres características del 18 de octubre son fundamentales para caracterizarlo como una revolución: 1) la enorme masividad, transversalidad y permanencia en el tiempo de las manifestaciones; 2) el cuestionamiento al conjunto de las instituciones y al “modelo económico” implementado en el país a partir de la dictadura; 3) el alto grado de violencia usado por el movimiento de masas para demostrar su rabia acumulada y defenderse de la represión estatal. Esta violencia en muchos casos estuvo dirigida hacia los “símbolos” del capitalismo neoliberal chileno: monopolios farmacéuticos, bancos, AFPs, grandes empresas del retail, instituciones estatales, etc.

El 18 de octubre fue tan profundo que abrió todo un nuevo periodo, donde las masas pasaron a la ofensiva y empezaron a determinar, en las calles, los rumbos de los acontecimientos. Como decía Lenin, el principal líder de la Revolución Rusa de 1917, “los de abajo no querían seguir siendo gobernados como antes y tampoco los de arriba podían seguir gobernando como antes”. El mayor cambio provocado por el “estallido social” fue en la conciencia de la clase trabajadora y el pueblo en general, que dio un basta a tantos abusos.

Entender que en Chile se abrió un proceso revolucionario no significa decir que esa revolución haya triunfado. Ninguno de los problemas que generó el “estallido social” ha sido resuelto y la posibilidad de una nueva explosión social (con características similares o distintas a las del 18 de octubre) estará planteada mientras el país siga bajo la dominación de los grandes empresarios. Por lo tanto, sacar las conclusiones sobre lo que está pasando ahora tiene un sentido: prepararse para el futuro.

Por ello, intentaremos identificar, en este texto, los momentos más decisivos de los últimos años y los principales cambios que se han producido en la realidad y en la conciencia de las masas.

El 12 y el 15 de noviembre de 2019

Una de las características más importantes del 18 y de las manifestaciones que lo sucedieron fue la ausencia de una conducción o dirección. No había líderes, no habían partidos o movimientos sociales conduciendo a la enorme masa en lucha. Ese “espontaneísmo” tuvo dos aspectos, uno positivo y otro negativo. El aspecto positivo es que los gobernantes, las instituciones y los partidos tradicionales, no tenían como controlar la furia popular o arrestar a uno u otro líder para destruir el movimiento. Esto posibilitó que las masas siguieran en las calles por varios meses, enfrentándose al Estado, exigiendo la salida de Piñera y profundos cambios sociales. El aspecto negativo, sin embargo, es justamente la falta de una dirección que llevara a fondo la lucha por la renuncia de Piñera y que pudiera conducir el país a la realización de las demandas planteadas en las calles. Así, el propio desgaste del movimiento llevó a que los viejos (y jóvenes) políticos condujeran el descontento popular hacia un Acuerdo para mantener casi todo igual. Entre los activistas que estaban en las asambleas, cabildos y manifestaciones no había claridad de cuál camino era necesario seguir para triunfar. Así, ese “vacío” fue ocupado por organizaciones que sí tenían una estrategia y un programa político, los partidos políticos reformistas [principalmente Frente Amplio y PC] y las organizaciones sindicales y sociales dirigidas por el reformismo [CUT, Colegio de Profesores, Coordinadora 8M, Coord. NO + AFP, etc.]

Después de más 3 semanas de movilizaciones, los días 12 y 15 de noviembre de 2019, fueron decisivos para delimitar cómo seguiría la revolución.

El 12 de noviembre un amplio sector de la clase trabajadora respondió al llamado a la “Huelga General” realizado por la Mesa de Unidad Social, que agrupaba a diversos sindicatos del sector público, privado y organizaciones sociales. Ese día, en todo el país, hubo paralizaciones de puertos, metros, hospitales, colegios, faenas de la construcción, etc. Algunos sindicatos mineros, el sector más importante del proletariado del país por su peso económico, se sumaron a las movilizaciones, pero la gran mayoría de los sindicatos mineros se abstuvo, debido al rol de la burocracia sindical, incluso cuando la mayoría de los trabajadores quería paralizar las faenas. La enorme potencia de la clase trabajadora organizada se combinó con la energía de la juventud popular en distintas ciudades. En Santiago, la gran marcha de los sindicatos se unió a las manifestaciones de la juventud, que se mantuvo durante horas enfrentándose a la policía en los alrededores del Palacio de la Moneda.

Después de las manifestaciones y protestas del 12 de noviembre, el gobierno pendió de un hilo. Piñera amenazó nuevamente con poner los militares en las calles, pero no lo pudo hacer, ya que los propios generales no quisieron, pues sabían que si salían nuevamente a las calles era para realizar una masacre, lo que tendría enormes consecuencias. El rechazo de los oficiales a volver a las calles no se debió a ninguna consideración moral. Por el contrario, según cuentan algunos reportajes periodísticos (revisar libro La Revuelta), los militares exigían que Piñera asumiera la responsabilidad directa sobre la represión; ellos sabían que si el pueblo ganara y lograra derrumbar el gobierno, ellos serían castigados, como sucedió en otros países. Lo que querían era pasar la batuta a Piñera, quien titubeó.

Con el rechazo de los militares a volver a las calles, las únicas opciones que le quedaban al gobierno eran: negociar un gran acuerdo nacional o renunciar. Para la salvación de Piñera, la “izquierda” y la derecha se unieron para dar una salida a la crisis. Después de intensas negociaciones, surgió el Acuerdo por la Paz de 15 de noviembre, que propuso canalizar la crisis hacia una Nueva Constitución. Con eso, Piñera se mantuvo en el gobierno, los generales en sus puestos y las instituciones en sus funciones.

El 12 de noviembre fue el auge de nuestra lucha y demostró que era posible derrumbar a Piñera, conquistar el juicio y castigo a los militares y políticos responsables por la represión e iniciar un profundo proceso de cambios sociales. Sin embargo, las organizaciones que se iban perfilando como direcciones del proceso lo canalizaron hacia el Acuerdo por la Paz y no hacia una Huelga general indefinida y una insurrección que pudiese abrir otro camino a la revolución.

A partir de ese momento, se inició una gran operación de las organizaciones reformistas. El Partido Comunista, el Frente Amplio y el PS (un partido directamente burgués pero con peso en el movimiento social y sindical) empezaron a desarmar el movimiento social y conducir todo hacia el Proceso Constituyente. Así, la CUT y distintas Federaciones y sindicatos dirigidos por esos partidos, fueron bajando la intensidad de sus convocatorias y, a pesar de sus llamados a nuevos Paros Nacionales, no hubo construcción en las bases y se abandonó la demanda por la renuncia de Piñera. Esta situación llegó a ser patética cuando, unos meses después, el bloque sindical de la Mesa de Unidad Social (Colegio de Profesores, ANEF, CUT, NO + AFP, etc.) convocó un “Paro de 11 minutos” contra el gobierno de Piñera.

Junto a la desmovilización del movimiento sindical, esos partidos disputaban cada asamblea popular, cabildo y organización territorial o popular. Gran parte de las asambleas populares se dividieron frente al Proceso Constituyente y muchas empezaron a escribir “por abajo” la Nueva Constitución, dejando en segundo plano la organización para derrumbar al gobierno. Un sector del movimiento feminista separatista también jugó un rol muy reaccionario, dividiendo muchas espacios de organización popular y formando organizaciones separatistas de mujeres, lo que debilitó la organización popular.

Después del Acuerdo, amplios sectores populares siguieron en las calles. Muchos colectivos que desconfiaban de los políticos tradicionales decían que era necesario seguir en las calles, pero no tenían una estrategia alternativa, ni peso suficiente dentro de la clase trabajadora y los territorios para imponer otra agenda.

El Acuerdo por la Paz cierra el paso a los cambios profundos

El Acuerdo por la Paz fue una gran jugada del empresariado y sus partidos. En primer lugar, porque ponía límites fundamentales a la soberanía de la Convención que escribiría la Nueva Constitución. Prohibía a la Convención tocar los Tratados de Libre Comercio (espina dorsal del capitalismo neoliberal chileno); la mantenía sometida a la Corte Suprema y al Parlamento; establecía el quórum de ⅔ para las votaciones, lo que los empresarios sabían que daría a sus partidos el poder de bloquear las transformaciones que afectaran sus intereses.

Además de todas esas trabas, el Acuerdo incluía dos Plebiscitos, que serían nuevas oportunidades para el gran empresariado de derrotar completamente la posibilidad de una Nueva Constitución escrita “democráticamente”, lo que terminó sucediendo con la victoria del Rechazo.

Toda esa “anatomía” del Acuerdo tenía una función: bloquear todos los cambios sociales que significaran tocar los privilegios de los dueños de Chile: el gran empresariado chileno y las transnacionales. Boric y el Frente Amplio fueron fundamentales para generar esa “salida”. El Partido Comunista, si bien no firmó el Acuerdo, al día siguiente salió a respaldarlo con algunos “reparos”.

A partir de ese momento, la estrategia de esos partidos fue la que condujo el proceso. Esa “izquierda institucional” empezó a instalar la idea de que era posible lograr las demandas sociales sin romper con la derecha, la ex Concertación y sin enfrentar al gran empresariado. Instalaron la idea de que era posible conquistar los cambios de forma pacífica y a través de un Proceso Constituyente bajo control del régimen actual.

El Proceso Constituyente y las fuerzas políticas

En el primer plebiscito, con el voto voluntario, más de 78% de los votantes aprobó la necesidad de escribir una Nueva Constitución, incluso un sector de la derecha y toda la ex Concertación, ya que apostaban por contener los cambios dentro de la propia Convención Constitucional. La derecha más dura (Republicanos, UDI y sectores de RN) fue la única que se mantuvo en el Rechazo, pero fue duramente derrotada. La elección de los constituyentes también fue un gran golpe a los partidos tradicionales, con la entrada de decenas de independientes a la Convención.

Por otro lado, mientras se desarrollaba el Proceso Constituyente, la situación de la clase trabajadora seguía empeorando. La pandemia fue un duro golpe a los trabajadores y el pueblo. Tuvimos miles de muertos, muchos perdieron sus empleos o tuvieron que trabajar en condiciones aún más precarias. Debido al temor a que hubiera un nuevo estallido social, el Congreso fue obligado a aprobar los retiros de las AFPs y algunos bonos. Sin embargo, no hubo ningún cambio que solucionara los profundos problemas sociales. Así, la Convención siguió concentrado la discusión sobre el futuro del país. Con la disminución de las movilizaciones, los constituyentes pasaron a jugar un rol aún más importante.

Varios fueron los factores que llevaron el Proceso Constituyente al fracaso. Hubo una verdadera división de tareas entre los distintos partidos y los constituyentes independientes para que llegáramos a la propuesta de Nueva Constitución y al triunfo del Rechazo.

La derecha, principal representante del gran empresariado, siendo absoluta minoría en la Convención, la atacó por todos lados. Los políticos y constituyentes de derecha utilizaron su influencia en los medios de comunicación para deslegitimar la Convención, organizando un verdadero boicot y aprovechándose de cada hecho político para atacar a los convencionales y al movimiento popular. El gran empresariado también atacó a la Convención a través de las organizaciones patronales, que durante todo el Proceso generaron temor en la población diciendo que si se aprobara tal o cual propuesta el país entraría en crisis o se destruiría (esto pasó con la propuesta de nacionalización de la gran minería, la de poner fin a los derechos de aprovechamiento de agua, las propuestas de pensiones, salud, educación, etc.).

Por otro lado, el Partido Socialista y el Frente Amplio tuvieron el rol de negociar permanentemente con los independientes para llegar a los ⅔ para aprobar las normas. El Partido Socialista también es un representante del gran empresariado, a pesar de su “cara” de izquierda. Así, junto al FA, bloqueaban cualquier propuesta que tocara los intereses de los empresarios. En las principales votaciones, derecha, PS y FA votaron juntos, por ejemplo contra la nacionalización de la gran minería del cobre, la liberación de los presos políticos chilenos y mapuche, el fin inmediato de los derechos de aprovechamiento de agua, por la defensa de la propiedad privada de los grandes grupos económicos, etc.

El Partido Comunista, que amenazó rodear la Convención Constitucional con movilizaciones, nunca cumplió su promesa. Dentro de la Convención, votaban a favor de algunas de las propuestas más “radicales” para no perder el contacto con los independientes y no quemarse ante la población. Sin embargo, el verdadero rol del PC era funcionar como “bisagra” entre los sectores más radicales y el PS/FA. Cuando las posiciones más radicales eran derrotadas, el PC ayudaba a conducir a las negociaciones entre independientes y partidos. Y mientras tenían un discurso radical en la Convención, hacían exactamente lo contrario en el gobierno. Mientras votaban a favor de la nacionalización del cobre, su vocera en el gobierno, Camila Vallejo, decía en la televisión que no habría nacionalización, tranquilizando al gran empresariado.

Por último, los independientes también jugaron un importante rol, ya que concentraban gran parte de la expectativa popular y tenían muchos lazos con los territorios y movimientos populares.

Por un lado, es importante reconocer que varias de las demandas sociales de las manifestaciones fueron defendidas por los independientes al interior de la Convención y resultaron aprobadas, ya que los partidos sabían que deberían entregar algo para contener el descontento popular. Así, se aprobaron medidas como la gratuidad de la educación pública, el sistema de seguridad social público, el aborto, etc. Sin embargo, los convencionales independientes tuvieron una gran oportunidad de señalar una dirección al movimiento social que pasara por fuera del bloque PS/FA/PC y no lo hicieron.

Al inicio de la Convención, 34 constituyentes independientes firmaron el Manifiesto de la Vocería de los Pueblos, que planteaba 6 puntos fundamentales para el avance del Proceso Constituyente (liberación de los presos políticos, desmilitarización del Wallmapu, soberanía de la Convención, etc.). Ese Manifiesto fue firmado por más de 600 organizaciones sociales y sindicales. En ese momento, justo al inicio de la Convención, esos 34 convencionales deberían haber convocado un Gran Encuentro Nacional de todas esas organizaciones y preparado movilizaciones para luchar por esos 6 ejes y las demás demandas de octubre. Esta fue la posición defendida por nuestra compañera María Rivera al interior de la Convención y por el MIT en el movimiento.1 Sin embargo, los independientes no la apoyaron. Después de la publicación del Manifiesto, que fue un “escándalo nacional”, la prensa burguesa los empezó a atacar de manera contundente. Así, muchos comenzaran a desdecir su apoyo al Manifiesto. Pocas semanas después, empezada la Convención, los independientes se adaptaron completamente a la lógica parlamentaria de las negociaciones, priorizando totalmente las reuniones con el FA/PS/PC en detrimento de la organización y movilización en las calles. Así, perdieron la gran oportunidad de conducir el movimiento social y sobrepasar los límites de la propia Convención. Como consecuencia, después de un inicio tumultuoso, la Convención Constitucional terminó siendo dirigida por los partidos que hoy componen el gobierno de Boric con el apoyo activo de la mayoría de los independientes.

El fracaso de un programa y una estrategia para conquistar cambios sociales

Aquí también es fundamental identificar otro elemento que condujo al fracaso del Proceso Constituyente para generar cambios sociales.

No es difícil identificar cuáles fueron las principales demandas de los millones que salimos a las calles. Vivienda, salud y educación públicas y de calidad, mejores sueldos y pensiones, acabar con la contaminación, tener acceso al agua, etc. En el caso de los mapuche y otros pueblos originarios, el respeto a sus tierras y territorios y a sus culturas. Ninguna de esas demandas era una novedad y todos los partidos y organizaciones las reconocen.

El problema empieza justamente en la pregunta: ¿cómo se solucionan esas demandas?

El sector que condujo la revolución hasta ahora tenía una hipótesis. Según ese sector, el mayor problema de Chile era (y sigue siendo) el neoliberalismo. Entonces proponían aumentar la participación del Estado en la economía y en la oferta de servicios públicos y hacer reformas a la institucionalidad estatal para permitir que ésta fuera más democrática. Así, llegaríamos a un capitalismo más humano y menos desigual. Según ese sector, la Nueva Constitución allanaba el terreno a ese camino. Para ellos, era posible acabar con el neoliberalismo y tener un Chile más justo sin ninguna ruptura o enfrentamiento con los dueños del país. Esa visión también ganó la hegemonía dentro de los movimientos sociales, a falta de una estrategia y un proyecto distintos.

Pues bien, la propuesta de Nueva Constitución materializaba ese proyecto y el Proceso Constituyente esa estrategia para conquistar cambios.

En nuestra opinión, ni el Acuerdo por la Paz era la vía para conquistar cambios sociales, ni el proyecto de Nueva Constitución solucionaría las demandas sociales y medioambientales. La Nueva Constitución, si bien contenía algunas conquistas de las luchas sociales, tenía dos grandes contradicciones: no tocaba la dominación de esas 10 familias y las transnacionales sobre el conjunto de la economía chilena y no cambiaba las principales instituciones estatales que son responsables por mantener esa dominación (Parlamento, Justicia, FFAA, Polícia, etc.).

Para ser muy concretos en lo que queremos decir: cuando se discutió el tema de las pensiones, la mayoría de la Convención Constitucional se negó a acabar con las AFPs y traspasar los fondos controlados por esas instituciones a una entidad estatal que fuera administrada por los trabajadores activos y pensionados. En educación, la Convención rechazó acabar con el financiamiento público al sector privado. En vivienda, la Convención se negó a poner reglas especiales que permitiesen expropiar grandes terrenos improductivos para construcción de viviendas. En relación al financiamiento de los derechos sociales, la Convención rechazó la nacionalización de la gran minería del cobre, lo que permitiría financiarlos. En relación a la naturaleza, la Convención aprobó medidas generales, pero rechazó las que chocaban más directamente con el gran empresariado, como la participación vinculante de las comunidades en decisiones sobre grandes proyectos mineros o industriales. En relación a la institucionalidad política, los cambios también eran superficiales. Las Fuerzas Armadas quedaron intactas. No se aprobaron medidas reales de juicio y castigo a los que asesinaron y mutilaron al pueblo. No se democratizó la estructura de las FFAo Carabineros y no se generaron mecanismos para un efectivo control popular de las “fuerzas de orden”. En relación a los Tratados de Libre Comercio, la Convención mantuvo un enorme poder en manos de la figura del Presidente y rechazó todas las medidas que exigían plebiscitos populares para su aprobación. Y lo más importante, la Convención mantuvo la protección a los grandes grupos económicos a través de los artículos sobre la propiedad privada. Así, aunque la Nueva Constitución hubiese sido aprobada, el país seguiría en manos de los grandes monopolios.

Mientras la Nueva Constitución salía del horno, los que conducían el Proceso Constituyente entraron al gobierno y su estrategia para los cambios fue puesta a prueba. Con el pasar de las semanas, fue evidente que el gobierno se preocupaba más en negociar sus reformas con los dueños del país que en mejorar las condiciones de vida de las masas trabajadoras. Así, la mayoría de la población, descontenta con el gobierno, con la Convención e influenciada por la propaganda de la derecha, terminó por votar Rechazo a la Nueva Constitución.

Desde nuestro punto de vista (y esto lo hemos defendido desde el inicio del proceso revolucionario y al interior de la Convención) es imposible solucionar las demandas populares si no enfrentamos al gran empresariado chileno y a las transnacionales imperialistas. Los gobiernos de la ex Concertación demuestran claramente que la estrategia de realizar reformas pactando con el gran empresariado inviabiliza completamente las transformaciones sociales. Esa estrategia fue justamente lo que fracasó con el Proceso Constituyente y ahora con el gobierno de Boric. Aunque el Frente Amplio y el PC dicen tener la intención de cambiar el país, ya es evidente que su estrategia no conduce a eso. Ellos se rindieron completamente al gran empresariado.

Nuestra intervención en la Convención Constitucional

Desde el inicio fuimos críticos del Acuerdo por la Paz y alertamos a los trabajadores para que no tuviesen grandes expectativas en la Convención Constitucional. Esto porque había muchos obstáculos para obtener conquistas reales. Por ello, ya al inicio, propusimos que la Convención se declarara soberana y tomara medidas inmediatas que beneficiaran a la mayoría de la clase trabajadora.

El segundo día de la Convención, la mayoría de los convencionales aprobaron una declaración exigiendo al Parlamento que aprobara el proyecto de indulto a los presos políticos de la revolución y mapuche y algunas otras medidas. Nuestra compañera María Rivera no votó a favor de esa resolución y propuso otra, que planteaba que la Convención debería dar un plazo de 15 días al Parlamento para votar el Proyecto de Indulto y una amnistía de todos los presos políticos chilenos y mapuche.2 Si el Parlamento no las aprobara, la Convención, de forma soberana, debería aprobar esas medidas y convocar grandes manifestaciones populares. Esta propuesta ni llegó a votación, ya que la mesa de la Convención (Elisa Loncón y Jaime Bassa) instalaron una medida totalmente antidemocrática de que solamente propuestas con 32 firmas podrían ser votadas. Hoy queda más que evidente que la propuesta votada por la Convención no tuvo ningún efecto en la realidad, como ya alertábamos en ese momento.3

Ya en agosto (segundo mes), propusimos que la Convención se declarara soberana y tomara el poder en sus manos para adoptar “medidas extraordinarias para garantizar la vida en contexto de emergencia sanitaria. Aumento general de salarios y pensiones, finalización del actual sistema de pensiones, prohibición del despido por necesidades de las empresas, reducción de la jornada laboral sin reducción de sueldo”.4

Para acercar la Convención a la población, propusimos también que la CC exigiera al Parlamento: “la aprobación inmediata de una Ley para que se implemente en cada lugar de trabajo un tiempo protegido de 10h semanales para los trabajadores y trabajadoras de jornada completa (y proporcional a la jornada laboral), sin descuento de sus remuneraciones, con el propósito que puedan organizarse y discutir sus necesidades y los correspondientes cambios en la futura Constitución…”.

Ninguna de esas medidas siquiera llegó a votación, debido a la regla mencionada anteriormente.

En el discurso inaugural, nuestra compañera rescató la tradición histórica de lucha del movimiento obrero, popular y mapuche, planteando que la única salida para los problemas de Chile y el Wallmapu es que la clase trabajadora, aliada con los pueblos originarios, luche por el poder para acabar con la dominación de las 10 familias más ricas y el imperialismo, apuntando hacia una sociedad socialista. También criticamos a los llamados países socialistas o comunistas, demostrando que en todos ellos existen gobiernos autoritarios o dictaduras al servicio de las burguesías nacionales o internacionales y de sus militares, como es el caso de Venezuela o Cuba.

Posteriormente, pasamos a denunciar que la Nueva Constitución sería letra muerta si no se aprobara la nacionalización de la gran minería del cobre, la mayor riqueza del país, propuesta que defendimos durante varios meses y fue rechazada con votos contrarios de la derecha, ex Concertación y Frente Amplio. Además de eso, muchas de las propuestas de nuestra compañera que significarían cambios sustantivos a la población fueron rechazadas, como el fin del subcontrato, la posibilidad de expropiar grandes terrenos sin pago de indemnizaciones a los grandes latifundistas, el derecho al retiro total de las AFPs, el fin del financiamiento público a la educación privada, etc.

Otras dos medidas propuestas por nuestra compañera permitirían cambiar de fondo la realidad chilena, poniendo toda la economía del país y las instituciones estatales al servicio de la gran mayoría de la población y no de una ínfima minoría que tiene la propiedad de las grandes empresas y bancos.

La primera de ellas generó “escándalo” entre los medios de comunicación, los intelectuales burgueses y la mayoría de los partidos políticos (e incluso independientes): la propuesta de disolver los actuales poderes del Estado y reemplazarlos por una Asamblea Plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos, con representantes electos en todos los lugares de trabajo, vivienda y en la suboficialidad de las FFAA, con cargos revocables y sueldos de un trabajador. Muchos políticos e intelectuales de la burguesía calificaron nuestra propuesta como una “locura”, como algo “fuera de los márgenes culturales del país”. Nosotros creemos todo lo contrario. Una propuesta de poder verdaderamente democrático pasa por demoler todas las instituciones actuales, que están totalmente al servicio de los grandes grupos económicos y corrompidas hasta el cuello. Cada semana vemos un nuevo escándalo de corrupción involucrando a políticos, oficiales de las FFAA y Carabineros, ministros, subsecretarios, etc. Esto no tiene que ver con un problema ético de los políticos, tiene que ver con el control de los grandes grupos económicos y el dinero sobre las instituciones estatales. No hay forma de cambiar esta situación que no sea pasando el poder directamente a los que producen la riqueza de nuestro país, a la clase trabajadora, organizada de forma democrática. Ésta propuesta tuvo 0 votos en la Comisión de Sistemas Políticos. Ningún convencional (ni los independientes de izquierda que hablaban del “poder popular”) se atrevieron a votar a favor.

La segunda propuesta, que iba en el mismo sentido, planteaba estatizar todas las grandes empresas estratégicas del país (minería, forestales, puertos, bancos, AFPs, etc.) y ponerlas bajo control de la clase trabajadora organizada. Con esa medida, se podría planificar la economía para satisfacer las necesidades de vivienda, salud, educación, trabajo y pensiones de la mayoría de la población. Esta propuesta obtuvo 6 votos a favor en la Comisión de Medioambiente, siendo rechazada por la mayoría de la Comisión.

Por ende, en el último discurso de nuestra compañera María Rivera, denunciamos que la Convención había fracasado en cambiar estructuralmente el país y que tanto la derecha como la izquierda (incluidos los independientes) eran responsables de esa situación. Desde el MIT llamamos a votar Apruebo en el Plebiscito de salida y creemos que esa posición estuvo correcta. Esto porque evaluábamos que la victoria del Rechazo significaría una derrota para el movimiento de masas y un retroceso incluso en las más mínimas medidas democráticas que habían sido aprobadas por la Convención, lo que podría llevar a la desmoralización de miles o millones de personas que lucharon en los últimos años. Este análisis se viene confirmando hoy, ya que el gran empresariado se siente envalentonado para aprobar medidas aún más violentas contra el pueblo, como el TPP11, que terminará con lo que queda de soberanía nacional y hay un gran sector del activismo desorientado y desmoralizado por la derrota.

¿En qué situación estamos hoy?

La situación de la clase trabajadora es cada día peor. La inflación corroe los sueldos, las AFPs siguen existiendo y sus dueños siguen ganando millones con nuestras pensiones. Las transnacionales mineras siguen llevándose gratuitamente nuestro cobre. Y lo peor, hoy vemos un gobierno completamente controlado por los partidos de los 30 años y consecuentemente por los grandes empresarios. Las esperanzas de cambios con Boric se desvanecen rápidamente.

La derecha se ha fortalecido después de los primeros golpes que sufrieron con el “estallido social”. Ya durante el gobierno de Piñera, los sectores más duros de la derecha se diferenciaron del gobierno, exigiendo mayor represión al movimiento social y mano más dura contra los inmigrantes y los grupos mapuche autonomistas en el sur. La crisis migratoria en el norte del país, que profundizó los problemas sociales en Arica, Iquique y otras ciudades, hizo que la derecha se fortaleciera estimulando un discurso xenofóbico, que apunta a los inmigrantes como los responsables por la situación de pobreza de la población chilena. Así, vimos escenas lamentables de marchas de chilenos contra la migración donde hasta se quemaron carpas de migrantes venezolanos.

El aumento de la violencia en las grandes ciudades, fruto del aumento de la pobreza, también es tomado por la derecha para exigir mayor inversión en Carabineros, Estados de Excepción y mayor violencia contra la población pobre y trabajadora.

Por otro lado, con la victoria del Rechazo en el Plebiscito, la derecha, los intelectuales de la burguesía e incluso del reformismo, dicen que lo que fracasó fue el “octubrismo” y “las propuestas más radicales”. Quieren deslegitimar las movilizaciones sociales que estallaron en 2019 y convencer a los trabajadores de que son los políticos y los “expertos”, los mismos de siempre, los que resolverán los problemas sociales. Como siempre, mienten al pueblo para mantener los privilegios de los grandes empresarios y los suyos propios.

En nuestra opinión, el fracaso del Proceso Constituyente y el Rechazo a la Nueva Constitución demuestra el fracaso del proyecto reformista del Frente Amplio/PC para conquistar cambios sociales negociando con la derecha, la ex Concertación y el gran empresariado y no el fracaso de las movilizaciones sociales como una vía para conquistar transformaciones.

Estamos convencidos que si en 2019 hubiésemos logrado derrumbar al gobierno de Piñera podríamos haber conquistado una Asamblea Constituyente mucho más democrática y que tuviera el poder en sus manos para tomar medidas inmediatas al servicio del pueblo. Como discutiremos en otro artículo, la conquista de una AC “libre y soberana” debería ser solamente un paso para formar un proyecto de poder de la clase trabajadora y el pueblo, porque solo así será posible acabar de una vez con la explotación capitalista y construir otra sociedad.

Hoy el gran empresariado se siente fortalecido con la victoria del Rechazo. El gobierno de Gabriel Boric no solucionará ninguna de las demandas sociales y empeorará aún más las condiciones de vida de la mayoría de la población, ya que su proyecto es defender el capitalismo y el gran empresariado. Si antes el gobierno tenía la intención de hacer algunas tímidas reformas para retirar algunas migajas del gran empresariado y entregarlas a la población más pobre, ahora ni eso será posible, ya que su gobierno está totalmente controlado por la ex Concertación. También podemos esperar un aumento de la represión a las luchas del pueblo trabajador, la juventud y el pueblo mapuche.

Todavía es temprano para determinar si la victoria del Rechazo significó un golpe tan duro ( punto de terminar) que cierre el proceso revolucionario iniciado en 2019. Como ya dijimos anteriormente, las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora siguen empeorando y es muy probable que esto genere luchas sociales, independiente de si son trabajadores que votaron “rechazo” o “apruebo”.

¿Qué hacer?

El nuevo Proceso Constituyente que está siendo negociado por los partidos será aún menos democrático que el anterior, ya que, por lo que todo indica, los partidos del régimen controlarán todos los cupos de la Nueva Convención (si es que se llega a un acuerdo de tener una Nueva Convención). Así, la clase trabajadora, la juventud y el pueblo no pueden esperar nada de ese Proceso.

Todo ello no significa que debemos estar paralizados, por el contrario. El descontento de nuestro pueblo es igual o mayor que antes y es muy posible que se exprese en distintas movilizaciones por demandas económicas, sociales, medioambientales, etc. Debemos superar la pelea entre “los que votaron apruebo y los que votaron rechazo”. La mayoría de la clase trabajadora votó rechazo y eso no significa que son reaccionarios o están con la derecha.

Los dirigentes sindicales comprometidos con la lucha social, los jóvenes activistas, las mujeres, etc., debemos volver a las bases y dialogar con cada vecino, familiar y amigo para explicarles que solamente el pueblo organizado y movilizado podrá lograr cambios sociales.

Debemos explicarles pacientemente que todos los problemas de Chile vienen de un origen común: el dominio del país por 10 familias y algunas transnacionales, que se llevan toda la riqueza producida por los trabajadores. El saqueo del cobre tiene especial importancia, ya que se trata de la principal riqueza que produce nuestro país. Por ello, la lucha por la nacionalización de la gran minería del cobre bajo control de los trabajadores y comunidades permitía solucionar gran parte de las demandas sociales e iniciar una transición hacia otra matriz productiva, que no dependa de la exportación de materias primas y no sea tan destructiva con la naturaleza. Es fundamental que estudiemos para poder dar esas discusiones, que manejemos datos e informaciones, organicemos charlas, etc. El MIT está a disposición para apoyar en ese proceso.

Debemos explicar también que el fracaso del Proceso Constituyente es una victoria del gran empresariado y una derrota del proyecto del Frente Amplio y PC para cambiar la sociedad. No podemos repetir la misma experiencia ni confiar en el nuevo Proceso Constituyente, que será aún más alejado del pueblo trabajador y controlado por los empresarios. Por otro lado, es fundamental que los trabajadores tengamos claro que el gobierno de Gabriel Boric está contra la clase trabajadora y al servicio del gran empresariado. Hoy, Boric, Marcel, Carolina Tohá y Camila Vallejo son los representantes del gran capital en el gobierno de Chile. Por ello, es fundamental que nuestra lucha sea independiente del gobierno. Los dirigentes sociales y sindicales deben poner especial atención a este punto, ya que el gobierno intentará cooptarlos para llevarlos a la vía muerta de las negociaciones, comisiones parlamentarias, etc., lo mismo que hizo la ex Concertación durante los últimos 30 años.

Durante el nuevo Proceso Constituyente, es fundamental que sigamos organizados y movilizados, luchando por las demandas sociales que ya habíamos conquistado en el anterior proyecto de Constitución y buscando ir más allá de ellas. Sin embargo, esto solo será posible si organizamos a la clase trabajadora desde abajo, partiendo de sus necesidades inmediatas como el empleo, el sueldo, la vivienda, el agua, la lucha contra la opresión machista o xenofóbica, etc. Los dirigentes sindicales combativos y democráticos deben empezar a articularse para construir un proyecto para recuperar la CUT, sacarla de las manos de los partidos de los 30 años y reconstruir una organización verdaderamente democrática y que defienda los intereses de los trabajadores y no de los patrones. Debemos recuperar la estrategia de la CUT de Clotario Blest de 1953, que planteaba la necesidad de acabar con el capitalismo y construir una sociedad socialista. En cada lugar de trabajo, debemos recuperar los sindicatos para las manos de los trabajadores, que organicen asambleas para luchar por sus condiciones de trabajo, mejores sueldos, etc. Junto con ello, los trabajadores más conscientes deben plantear la necesidad de luchar por las banderas históricas del movimiento obrero, como la negociación ramal, el fin del subcontrato, la creación de un sistema de seguridad social público y controlado por los trabajadores, etc.

El 12 de noviembre de 2019 la clase trabajadora chilena demostró que cuando entra en movimiento es una fuerza muy potente, capaz de conquistar enormes cambios sociales. Por ello, tenemos el deber de reconstruir la organización y conciencia de las y los trabajadores para que seamos nosotros los que dirijamos un próximo estallido social que inevitablemente sucederá, porque la vida de la clase trabajadora no mejorará en este sistema ni bajo este Estado.

Por último, también queremos discutir con los miles de activistas y luchadores/as sociales por qué es necesario organizarse políticamente para llevar a cabo ese proyecto. El Movimiento Internacional de Trabajadores es una organización política con un programa para realizar un cambio profundo en la sociedad. Queremos llevar estas propuestas a la clase trabajadora, a la juventud, a las mujeres, a los migrantes, para que construyamos una gran fuerza social capaz de enfrentar a los grandes empresarios, las transnacionales y caminar hacia un poder de la clase trabajadora y el pueblo. Ese fue el proyecto que defendimos en la Convención Constitucional y es el proyecto que defendemos en cada lucha sindical, territorial y popular. Hacemos una fraterna invitación a todos los activistas que han luchado en los últimos años y décadas a que conozcan este proyecto y vengan a construir el MIT.

1https://www.vozdelostrabajadores.cl/el-manifiesto-de-la-voceria-de-los-pueblos-y-la-lucha-por-la-soberania

2https://www.vozdelostrabajadores.cl/constituyente-maria-rivera-presenta-mocion-por-amnistia-a-todos-los-presos-politicos-chilenos-y-mapuche

3https://www.vozdelostrabajadores.cl/sobre-la-declaracion-aprobada-por-la-convencion-en-relacion-a-los-presos-politicos

4https://www.vozdelostrabajadores.cl/maria-rivera-presenta-propuestas-por-soberania-presos-politicos-reparacion-castigo-y-participacion-popular

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