Ayer nuestra compañera constituyente María Rivera defendió, en una de las Comisiones de la Convención Constitucional, la propuesta de disolver los actuales poderes del Estado y reemplazarlos por una Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos, que concentre todos los poderes y sea compuesta con representantes electos en territorios, lugares de trabajo y en la tropa de las Fuerzas Armadas, sin representantes del gran capital, iglesia y oficialidad de las FFAA.

Hoy nuestra iniciativa fue rechazada por unanimidad en la Comisión de Sistema Político, con 25 votos en contra. En parte esa votación no nos sorprende, por parte de quienes defienden este modelo de Estado, dónde el poder económico es el que dicta las reglas, como la derecha, la ex Concertación e incluso la “Nueva Concertación” de PS-FA-PC. Otros constituyentes, que vienen de movimientos populares o son independientes, también rechazaron la norma, pues no logran ver más allá de realizar reformas parciales al Estado actual.

Pues bien, más allá de la votación, aquí queremos discutir una serie de argumentos que fueron utilizados contra nuestra propuesta.

Nuestra compañera y nuestra propuesta recibieron enormes ataques de la derecha, de constituyentes del Frente Amplio, Partido Comunista y hasta de Gabriel Boric. El reportaje exhibido en TVN ayer en la noche tenía como encabezado: “Convención: crítica a iniciativas ‘disparatadas’”. O sea, se calificó nuestra propuesta como un “disparate”. Este tipo de epítetos no es una novedad. En los últimos días los grandes medios de comunicación, los empresarios y muchos constituyentes trataron de usar palabras similares para descalificar varias de las Iniciativas aprobadas en las Comisiones de la Convención, como la devolución de las tierras al pueblo mapuche, la Derogación del Código de Aguas, la nacionalización de la gran minería y la revisión de los Tratados de Libre Comercio. Esas propuestas fueron calificadas de “descabelladas”, “locas” y “pésimas noticias”. Un constituyente de derecha llegó a decir que la Convención había entrado a Fantasilandia. Esos ataques no son solo en contra de nosotros, sino en contra de todos los convencionales que están defendiendo medidas para realmente cambiar el país, la mayoría de ellas que reflejan las demandas populares.

En relación a nuestra propuesta de Estado, el futuro presidente Gabriel Boric compartió un twitter de la convencional del Frente Amplio Constanza Schonhaut diciendo que nuestra norma “está fuera de todo el marco democrático que se ha sostenido para el diseño de la nueva constitución.”

Pues bien. Queremos discutir exactamente eso. ¿Es que nuestra propuesta está fuera de los marcos democráticos de la Nueva Constitución? ¿Cuáles son esos marcos democráticos y quién los estableció? ¿Es, nuestra propuesta, más o menos democrática que las propuestas de reformas actuales a las instituciones del Estado?

En primer lugar, queremos responder a la constituyente Constanza Schonhaut y a Gabriel Boric: nuestra propuesta está totalmente dentro del marco democrático de la Nueva Constitución. La Constitución es la Ley más importante de un país y tiene el poder de cambiar toda la legislación, las instituciones estatales y privadas y regular el conjunto de los derechos y deberes sociales. Entonces, ¿por qué nuestra norma estaría “fuera de los marcos democráticos”? Nuestra propuesta no va en contra de ningún derecho humano, no propone atacar a ningún grupo de personas, no propone ninguna medida violenta, nada de eso. Lo que proponemos es acabar con las actuales instituciones del Poder Estatal y construir otras nuevas, que no estén podridas y corrompidas hasta la médula. ¿Y por qué eso no estaría dentro de los marcos democráticos? ¿O podríamos decir que nuestra propuesta no está dentro del marco de lo que Boric, la UDI, RN y la ex Concertación establecieron como “democráticos” en el Acuerdo por la Paz?

En segundo lugar, creemos nuestra propuesta es infinitamente más democrática que el Estado actual y es la única que lleva a fondo las reformas necesarias para que el Estado sea la representación de la mayoría de la población. Esto por un motivo muy sencillo: hoy, todos los poderes del Estado están subordinados al poder económico, a los que tienen dinero. La gran burguesía chilena y las transnacionales controlan los principales partidos, el poder legislativo, los Tribunales, las Fuerzas Armadas y demás instituciones estatales. Esto no es una novedad. Todos esos mecanismos de control y corrupción están descritos en detalle en libros de importantes periodistas como Daniel Matamala, María Olivia Monckeberg y son conocidos ampliamente por la población: compra de políticos, privilegios a amigos y familiares, corrupción con dinero público, impunidad judicial y un largo etc.

La mayoría de la población, los que trabajamos y producimos la riqueza de este país, no tenemos mayor participación en las definiciones políticas. Nuestro rol es ir a votar cada 2 años por candidatos de partidos totalmente cuestionados. Esa falta de credibilidad de la “democracia” se refleja claramente en las altas tasas de abstención electoral. La mayoría de la clase trabajadora no tenemos las condiciones para candidatearnos, ya que no tenemos dinero, ni aparatos políticos, ni medios de comunicación. Tampoco tenemos el derecho de revocar a los políticos si ellos no cumplen sus promesas. Tenemos que esperar 4 años (u 8!, en el caso del Senado) para sacarlos de sus puestos. Y la cosa es aún peor. Si bien tenemos la posibilidad de votar para los Poderes Ejecutivo y Legislativo, no tenemos el derecho a elegir a los jueces, ni a los oficiales de las Fuerzas Armadas, ni al presidente del Banco Central, ni a los ministros, nada. Así, las clases dominantes, además de tener el control de la mayoría de los partidos y sus parlamentarios, también mantienen el control de los sectores privilegiados del aparato estatal, como los jueces y la oficialidad de las FFAA. ¿Por qué el señor Gabriel Boric o la constituyente Constanza Schonhaut no se escandalizan por el hecho de que oficiales de las Fuerzas Armadas vayan a estudiar a Estados Unidos con becas financiadas por el mayor empresario del país, Andrónico Luksic? ¿Eso no les genera ninguna incomodidad? Y por qué nuestra propuesta les genera tanta molestia? Ya responderemos a esta pregunta.

Luksic (derecha) y otros 15 empresarios participaron en un inédito programa del Ejército para formar a nuevos oficiales de reserva

Nuestra propuesta va en el sentido opuesto al funcionamiento actual de las instituciones estatales. Lo que proponemos es acabar con todas las instituciones que están al servicio de los dueños del país y construir otras nuevas. Proponemos centralizar todos los poderes en una sola Asamblea Plurinacional, que sea compuesta por representantes electos en asambleas de base en los territorios, lugares de trabajo y entre la tropa de las Fuerzas Armadas. Además de eso, proponemos que todos los cargos sean revocables por sus asambleas de base y que ningún representante gane más que un obrero calificado. Por último, proponemos que las y los representantes sean todos de la clase trabajadora, campesinos, estudiantes y trabajadores intelectuales. Ellos son los que producen la riqueza del país, ellos son los que tienen que gobernar. Esto también evitaría que el poder económico nuevamente se hiciera dueño de la representación política. Por eso, no planteamos el derecho a voto a los sectores parasitarios de la sociedad, como los grandes empresarios, especuladores, la cúpula de la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Ese nuevo poder, totalmente electo, con control popular y sin la influencia del gran capital, podría tener las condiciones de evitar la corrupción y tomar decisiones al servicio de la mayoría de la población. Los ministros, los jueces, el presidente del Banco Central, etc., serían electos por ese poder, con alta representatividad popular.

Si nuestra propuesta es más democrática, entonces por qué genera tanto ruido en los representantes del gran empresariado y en sus aliados, como el Frente Amplio y el PC? Simple, porque todos ellos están comprometidos en mantener esta democracia, que sirve para mantener la dominación de las familias más ricas de Chile y las transnacionales sobre el conjunto del país. Boric ya dejó en evidencia lo que será su futuro gobierno, un gobierno de pactos y negociaciones en los términos planteados por el gran empresariado. Lo mismo se expresó en el Acuerdo por la Paz que dio origen a la Convención Constitucional, que establece cosas tan “descabelladas” y “disparatadas” como un quórum de ⅔, donde la minoría de los constituyentes (53) tienen más poder que la mayoría!

Queremos preguntarle al señor Boric, ¿qué nos puede enseñar usted sobre democracia? El 15 de noviembre, cuando miles de personas estábamos en las calles y era asesinado por la policía, en Plaza Dignidad, Abel Acuña, usted estaba firmando un acuerdo con la más rancia derecha de este país sin consultarle ni al pueblo ni a su propio partido.

Abel Acuña, joven trabajador de Maipú, murió de un paro cardiaco en Plaza Dignidad el mismo día que Boric firmaba el Acuerdo por la Paz. Su muerte se dio en el contexto de una fuerte represión de Carabineros, lo que impidió que Abel fuera atendido a tiempo.

De la derecha podemos esperar ataques como los que nos hacen. Del Frente Amplio y el Partido Comunista esperaríamos el mínimo de sentido común y un debate serio sobre las propuestas que están en discusión y no argumentos tan bajos como “esta propuesta está fuera de los marcos democráticos de la nueva constitución”.

Por último, queremos responder rápidamente a las acusaciones que nos hace la derecha. En redes sociales muchos nos han acusado de ser dictatoriales, chavistas e incluso de defender las masacres que hizo Stalin en Unión Soviética. Esas acusaciones son totalmente falsas. Como ya hemos demostrado, nuestra posición sobre el Estado propone reformas para ampliar la democracia para el pueblo, no para limitarla. En segundo lugar, hemos reivindicado la experiencia de la organización de las y los trabajadores en los Consejos Obreros y Populares de Unión Soviética. No reivindicamos la figura de Stalin y además planteamos hace décadas que Stalin fue una de las figuras más nefastas del siglo XX y el verdugo de la Revolución Rusa. También reivindicamos la experiencia chilena de organización obrera y popular de los cordones industriales, las asambleas territoriales, las tomas de tierras, etc. Tampoco reivindicamos las figuras de Hugo Chávez o Evo Morales. En nuestra opinión ni Chávez ni Evo Morales han defendido un proyecto socialista, ni tampoco han aportado a la democracia de la clase trabajadora, si no al revés. Todo ese contenido está expresado en innumerables artículos que hemos publicado en otros momentos y pueden ser fácilmente encontrados en nuestra paginaweb o en la pagina web de nuestra organización Internacional.

Desde nuestro punto de vista, reafirmamos nuestra propuesta de reorganización total del aparato Estatal y creemos que la única solución para el problema de la gran mayoría de la población es que la clase trabajadora tome el rumbo de las cosas en sus manos: el poder político y el poder económico.

4 COMENTARIOS

  1. […] In the case that caused such an uproar, comrade María used her position in the Convention to denounce the nature of a state that protects interests antagonistic to those of the working class and of the oppressed nations within Chile, such as the Mapuche. She defended a state with another character and organized in a diametrically different way, that is, infinitely more democratic, as explained by MIT: “(…) today, all the powers of the State are subordinated to economic power, to those who have money. The Chilean big bourgeoisie and the transnationals control the main parties, the legislative power, the Courts, the Armed Forces and other state institutions (…) The majority of the population, those who work and produce the wealth of this country, have no major participation in political workings. Our role is to vote every two years for candidates of parties whose legitimacy is being ardently questioned (…) The majority of the working class does not have the conditions to run for office, since we have no money, no political apparatus, no media. Nor do we have the right to recall politicians if they do not fulfill their promises (…) While we have the possibility to vote for the Executive and Legislative powers, we do not have the right to elect judges, nor officers of the Armed Forces, nor the president of the Central Bank, nor ministers; nothing. Thus, the ruling classes, besides having control of the majority of the parties and their parliamentarians, also maintain control of the privileged sectors of the state apparatus, such as the judges and the officers of the Armed Forces…”[4]. […]

  2. […] In the case that caused such an uproar, comrade María used her position in the Convention to denounce the nature of a state that protects interests antagonistic to those of the working class and of the oppressed nations within Chile, such as the Mapuche. She defended a state with another character and organized in a diametrically different way, that is, infinitely more democratic, as explained by MIT: “(…) today, all the powers of the State are subordinated to economic power, to those who have money. The Chilean big bourgeoisie and the transnationals control the main parties, the legislative power, the Courts, the Armed Forces and other state institutions (…) The majority of the population, those who work and produce the wealth of this country, have no major participation in political workings. Our role is to vote every two years for candidates of parties whose legitimacy is being ardently questioned (…) The majority of the working class does not have the conditions to run for office, since we have no money, no political apparatus, no media. Nor do we have the right to recall politicians if they do not fulfill their promises (…) While we have the possibility to vote for the Executive and Legislative powers, we do not have the right to elect judges, nor officers of the Armed Forces, nor the president of the Central Bank, nor ministers; nothing. Thus, the ruling classes, besides having control of the majority of the parties and their parliamentarians, also maintain control of the privileged sectors of the state apparatus, such as the judges and the officers of the Armed Forces…”[4]. […]

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