El alza de la violencia en las grandes ciudades es una realidad. Los que más sufrimos con ella somos los trabajadores, trabajadoras y jóvenes que vivimos en las periferias. Los asaltos han aumentado, las balaceras, el control de las poblaciones por el narcotráfico, los casos de abuso sexual. El aumento de la violencia demuestra que la sociedad en que vivimos, la sociedad capitalista, aumenta a cada día su grado de descomposición. Ya podemos ver en países hermanos como Brasil que jóvenes sin perspectiva entran a colegios o guarderías y asesinan a estudiantes, profesores y niños, como también sucede en Estados Unidos. No queremos que esta situación llegue a Chile.

Al mismo tiempo, existe una enorme campaña en la televisión y los grandes medios de comunicación, principalmente desde el 18 de octubre de 2019, para reforzar la imagen de Carabineros como los héroes del combate a la delincuencia. Esa campaña no empezó ahora. Ella tiene como objetivo vincular la legítima protesta social con la delincuencia común, los asaltos, violaciones, etc. En primer lugar, todos los trabajadores debemos tener claro que esa vinculación es una gran mentira, reforzada todos los días para que nosotros dejemos de manifestarnos y para que se justifiquen las atrocidades cometidas por las fuerzas policiales y militares en los últimos años en Chile.

Hoy el gobierno de Gabriel Boric sigue en el mismo sentido. Si bien Boric eventualmente dice que la protesta social y la delincuencia común son cosas distintas, su práctica no apunta hacia eso. En primer lugar, el gobierno siguió criminalizando fuertemente a la lucha mapuche, con la ocupación de la Araucanía, algo que prometió en su campaña que no sucedería más. En segundo lugar, el gobierno sigue reprimiendo manifestaciones sociales estudiantiles o huelgas obreras, como fue el caso de la huelga de Enap de Concepción al inicio de su gobierno. En tercer lugar, el gobierno está apoyando leyes más represivas que tendrán como objetivo entregar un cheque en blanco a Carabineros para actuar no solo contra los delincuentes comunes, sino también contra los estudiantes, las mujeres, los pobladores y obreros.

La institución de Carabineros es responsable por más de 10 mil casos de “violaciones de derechos humanos” durante el estallido social. Miles de casos de tortura, centenas de personas con pérdida parcial o total de la visión, casos de abuso sexual y asesinatos. Y hasta hoy ningún alto mando de la institución fue castigado. Boric mantuvo toda la alta plana de Carabineros. Además de eso, Carabineros, al igual que las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, es una institución completamente corrompida, con un prontuario que va desde el desvío de miles de millones de pesos por las cúpulas hasta venta de armas a narcotraficantes. Entonces, ¿cómo podemos confiar en una institución así para que sea responsable de nuestra seguridad?

En las últimas semanas, tres Carabineros fueron asesinados mientras cumplían su trabajo Alex Salazar en Concepción, la carabinera Olivares en Quilpué y hoy el caso del cabo Daniel Palma, en Santiago. Evidentemente que la clase trabajadora debe repudiar esos asesinatos. No estamos hablando de casos que se producen como legítima autodefensa popular contra abusos de esa institución, estamos hablando de una de las consecuencias de la verdadera pandemia de delincuencia generada por la sociedad capitalista,

Aunque repudiemos esos asesinatos, no tenemos ningún acuerdo con las medidas aprobadas por el gobierno de Gabriel Boric y el Parlamento, como la ley Naín-Retamal entre otras y esto porque aumentar las facultades de Carabineros o las penalidades a determinados crímenes no solucionará en nada el problema y aumentará aún más la violencia de una institución con un histórico de abusos contra el pueblo trabajador. El llamado derecho a “legítima defensa privilegiada” en manos de Carabineros va a significar más abusos e injusticias contra las personas pobres.

La violencia es la consecuencia del capitalismo

La violencia urbana es un síntoma de la decadencia del capitalismo. En un país donde 50% de los trabajadores ganan menos de 460.000 pesos, donde la juventud no tiene perspectivas, donde los pobres no tienen una casa digna, donde hasta en los colegios más emblemáticos faltan baños… ¿qué podemos esperar? La población migrante, hoy responsabilizada por los grandes medios de comunicación y la derecha como la causante de la violencia, es también, en su gran mayoría, víctima de ella. Los migrantes están sometidos a la violencia de prestamistas y mafiosos, viven en los barrios más inseguros y son víctimas de asaltos, abusos, etc.

Y mientras la mayoría del pueblo vive en esa situación, los dueños del país, las 10 familias más ricas de Chile y algunas transnacionales, se hacen cada día más millonarios. Viven en barrios exclusivos, condominios con puertas cerradas, tienen seguridad particular, no frecuentan las poblaciones, etc. Muchos incluso viven fuera de Chile.

Es evidente que, en una realidad tan brutalmente desigual, industrias como el narcotráfico pueden proliferar. El narcotráfico también es un gran negocio capitalista, donde están involucrados bancos, grandes empresarios, políticos, generales y un largo etc. Sin embargo, los que sufrimos con la violencia del narco somos los trabajadores e incluso los Carabineros rasos que están en las calles mientras los generales se roban la plata del Estado.

El supuesto “fortalecimiento” de las policías que defiende Boric, la derecha y el Parlamento no terminará con la violencia, solo la aumentará. Tendremos más asesinatos y más abusos, ya que están dando una “aspirina” creyendo que van a combatir un cáncer.

¿Entonces qué hacemos?

En primer lugar, para enfrentar las causas más profundas de la violencia, es necesario enfrentar el problema de la pobreza de la clase trabajadora y la juventud, que termina siendo presa fácil en manos del narcotráfico. Es necesario tener un plan de emergencia para sacar a los trabajadores de la miseria, aumentando el sueldo mínimo a 700.000 pesos de forma inmediata, congelando el precio de los arriendos, cuentas y alimentos para que la población no tenga que someterse a las manos del narco, de los prestamistas o al endeudamiento con casas comerciales, supermercados o Bancos usureros.

Es necesario un plan inmediato de construcción de más de 600 mil viviendas para que la población trabajadora chilena y migrante tenga donde vivir con dignidad y no sometida a la violencia de las poblaciones callampa.

Para financiar todo ello, es necesario confiscar las ganancias de las grandes empresas. Solo las 29 grandes empresas que componen el índice IPSA tuvieron más de 25 mil millones de dólares de ganancias en 2022, una cifra astronómica si comparamos con la pobreza de la clase trabajadora… y todo ello fue a parar al bolsillo de algunas familias como Luksic, Angelini, Paulmann y empresarios extranjeros. Es necesario nacionalizar la gran minería del cobre, que todos los años se lleva más de 20 mil millones de dólares en ganancias, y ponerla al servicio de la clase trabajadora y el pueblo, para construir viviendas y mejorar la educación y la salud públicas.

En relación con el narcotráfico, es necesario legalizar las drogas y que su producción y distribución sea controlada directamente por el Estado, con control directo de organismos de la sociedad civil y abolir el secreto bancario de los paraísos fiscales de los peces del narco nacional e internacional. Se deben promover campañas de educación de las y los jóvenes y trabajadores sobre las características y perjuicios del uso de las drogas, financiar centros de rehabilitación para personas en situación de dependencia y regular su consumo. Esta es la única forma de acabar con la enorme industria capitalista del narcotráfico.

En relación con la seguridad, en primer termino, el gobierno y el Parlamento calla que las grandes empresas, que no han parado de ganar plata, no han tomado ninguna medida de seguridad en favor de sus trabajadores. Por eso exigimos, tal como lo vienen haciendo los trabajadores del comercio, la aprobación urgente del proyecto de cierre del comercio a las 19 horas, sin ninguna rebaja de remuneración, para que los trabajadores y trabajadoras no paguen con sus vidas la crisis de inseguridad. También defendemos el derecho a paralización de los trabajadores por inseguridad, sin represalias de las empresas.

Para esto es necesario avanzar, en los lugares de trabajo, en asambleas que garanticen estos derechos y disputen con las salidas propuestas por la ultraderecha. También es necesario que la clase trabajadora y sus familias tomen en sus manos su propia seguridad y autodefensa. Para ello en cada Sindicato, Asambleas territoriales, escuelas, liceos, universidades, Junta de vecinos, Centros Juveniles, de madres e incluso en cada empresa, fábrica o barrio se debe discutir el problema y tomar medidas de autodefensa. No podemos confiar en la corrupta institución de Carabineros o en las Fuerzas Armadas para proteger al pueblo, debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Las guardias obreras y comunitarias en empresas, barrios y poblaciones son la única posibilidad de combatir la delincuencia común de forma inmediata y eficaz. ¡Emplazamos el gobierno de Gabriel Boric, si efectivamente está preocupado con la seguridad de la población, que utilice a la PDI, a las FFAA y Carabineros para entrenar y armar al pueblo trabajador!

¡Abajo la ley Naín-Rematal! ¡Juicio y castigo a todos los Carabineros, militares y civiles involucrados en violaciones a los Derechos Humanos!

¡No más Estados de excepción! ¡Retirada inmediata de militares del norte y de la Araucanía!

Por último y no menos importante, debemos luchar para acabar con esta sociedad capitalista decadente. Es necesario que la clase trabajadora fortalezca su organización y empiece a discutir la necesidad de tomar el poder político en sus propias manos para reorganizar completamente la sociedad y acabar con la pobreza en que vivimos la mayor parte de los trabajadores, sometidos a la violencia estatal, del narcotráfico y de la delincuencia. ¡Por una sociedad socialista sin explotadores y explotados!

3 COMENTARIOS

  1. Hay algunas muy buenas propuestas aquí, no todas. Hay algunas altamente peligrosas e irresponsables como hacer que las policías entrenen y armen al pueblo. Produciría la guerra entre nosotros.

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