Servicio Nacional de Menores (SENAME) y OCAS: Violencia Institucional hacia la niñez y la clase trabajadora

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El caso de los Trabajadores de la OPD Lo Espejo

Durante la cuenta pública de la Directora Nacional de SENAME, Susana Tonda; realizada en mayo en el auditorio de la Contraloría General de la República, y que contó con la presencia del ministro de Justicia Hernán Larraín y el Contralor Jorge Bermúdez; el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras a honorarios de las Oficinas de Protección de Derechos (OPD), interrumpieron la presentación, denunciando que el gobierno de Piñera, ha lucrado con las 1.313 muertes de niños, niñas y adolescentes al interior del sistema residencial. Esto, porque a causa de esas muertes ocurridas entre enero de 2005 y Julio de 2016, el SENAME ordenó el cierre de los Centros Estatales de Administración Directa (CREAD), el despido a sus trabajadores y trabajadoras sindicalizados y el traspaso de millonarios recursos a empresas privadas, ligadas al negocio de la infancia en Chile.

En dicha cuenta pública, las trabajadoras y trabajadores de las OPDs emplazaron a Susana Tonda y a Hernán Larraín por la aprobación de un presupuesto de más de $ 400 mil millones para el año 2019, destinado a fortalecer los centros de administración directa de SENAME. El Servicio, en vez de garantizar la adecuada distribución de niños, niñas y adolescentes en los diferentes centros, separando a los que ingresan por situación socio económica vulnerable de los que ingresaron por causas “delictuales”, ha mantenido juntos a todos los niños y adolescentes, en los mismos recintos, generando un clima de barbarie y violencia en su interior, con graves casos de vulneraciones de derechos como abusos sexuales, violencia física y maltrato psicológico.

Por otra parte; las precarias condiciones laborales en que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de trato directo de los niños, niñas y adolescentes de los centros residenciales, los han llevado a la necesidad de tomar los recintos en forma de protesta, como hace algunos meses ocurrió en el CREAD Pudahuel. Allí, los trabajadores protestaron por falta de lugares de esparcimiento para los niños y adolescentes, nulo gasto en capacitación para afrontar situaciones críticas, bajos sueldos y la flexibilización laboral. La protesta se realizó en el marco del anuncio del cierre por parte del gobierno, de los CREAD Playa Ancha y Galvarino, éste último, en donde, por falta de capacitación y formación ético-profesional, la niña de 8 años Lisette Villa, falleció el año 2016, por una sobredosis de medicamento en medio de una crisis de angustia, por encontrarse en completo abandono.

Durante los gobiernos de la Nueva Mayoría, así como en los dos periodos de Piñera, la política de niñez ha estado orientada a la destrucción del Sistema Residencial Estatal mediante su permanente desfinanciamiento, lo que ha dejado a los más de 15 mil niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta modalidad, abandonados a la violencia y a todo tipo de abusos. Esta política de abandono estatal, se fortalece el año 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, con la Ley 20.032, mediante la cual se crea la figura de las “Organizaciones Colaboradoras de SENAME” (OCAS). Con esta ley, se abre una gran oportunidad a empresas privadas para lucrar con los recursos destinados a la protección de la infancia. Bajo esta política capitalista-neoliberal, a la fecha sólo el 3,82% de las residencias de SENAME, son directamente administradas por el Estado, equivalentes a 62 centros en todo el país. En cambio, el 96,18%, es decir 1.561 organismos, han pasado a la administración de empresarios, fenómeno que hoy se ha denunciado públicamente como el negocio del empresariado de la niñez.

Como consecuencia de esta modalidad privatizada aprobada por el congreso, la olla a presión ha explotado en los últimos años, dejando al desnudo la activa complicidad de los gobiernos de Bachelet y su ministra de Justicia Javiera Blanco, así como el de Sebastián Piñera y su actual ministro de justicia Hernán Larraín, como herederos de las políticas de la dictadura, período en que precisamente se crea el SENAME en 1979. Estos gobiernos se desentendieron del problema central, y escondieron los informes del año 2013, desarrollados bajo la conducción de la Jueza Mónica Jeldrez, así como también, la investigación revelada por el Fiscal Emilkfor en Junio de 2018, que da cuenta incluso de niños fallecidos, cuyo cuerpos a la fecha aún no se sabe dónde están, detrás de lo cual se “presume” que podría existir una red de tráfico de órganos.

El primer informe del año 2013, sale a la luz pública en Julio de 2016, y en éste se concluye que en 60 hogares de las aldeas SOS, repartidos en 10 regiones del país, un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de esa institución, estuvo involucrado algún tipo de abuso sexual intraresidencial, ya sea como víctima o agresor, precisando además que 86 niños han sido víctimas de abuso y maltrato y que otros 28 han sido identificado como abusadores. En dichas aldeas, también se denunció la constante violencia física y verbal por parte de los guardadores o de niños mayores, y además se conocieron castigos como el encierro o dejar a los niños sin comer.

Con una tónica similar, en Junio de 2018, la PDI (Policía de Investigaciones) entrega un informe, de la investigación liderada por el Fiscal Emilkfor, al actual ministro de Justicia Hernán Larraín, al Poder Judicial, así como al Ministerio de Salud; informe a partir del cual se contabilizaron 2.071 abusos hacia niños y adolescentes, en 241 centros residenciales del país, 310 de ellos con connotación sexual. Estos hechos ocurrieron en centros administrados directamente por SENAME y por empresas privadas, las cuales se encuentran ligadas a partidos políticos como la Democracia Cristiana, la UDI, el PS, y RN.

No obstante lo anterior, pese a ser la cara más cruda de la realidad de miles de niños, niñas y adolescentes en todo el país, es fundamental dar cuenta a la luz pública que cerca del 80% de las intervenciones que ellos reciben, se realizan en los centros ambulatorios del área de protección de la niñez. Parte de esos centros son las Oficinas de Protección de Derechos, los programas de prevención focalizada, los Centros de Diagnóstico Ambulatorio y Programas de Reparación del Maltrato, entre otros. Sin embargo, los gobiernos, los empresarios y la prensa burguesa, sólo hablan de las muertes en residencia, sin referirse a las precarias condiciones en que se encuentran estos programas, los cuales arrastran listas de espera que superan los dos años para iniciar procesos terapéuticos, y sin mencionar que la mayoría de esos programas están en manos de fundaciones privadas ligadas a los mismos partidos políticos burgueses que administran las residencias.

No es de sorprender cómo los informes noticiosos que revelan las miles de muertes de niños, niñas y adolescentes, han sido aprovechados por los gobiernos y los empresarios, para mentirle a la opinión pública, a fin de desviar la atención del pueblo, sólo hacia el sistema de residencia del SENAME. Con esta artimaña se ha destinado a la fecha el 69% de los recursos de este servicio, al negocio inmobiliario detrás de la oferta programática residencial, dirigiendo sólo el 32% restante al Área de Protección y Justicia Juvenil, áreas supuestamente orientadas a que los niños no tengan que terminar internados en residencias.

En el sentido anterior, y pese a los escasos recursos que recibe el Área de Protección de la niñez, existen grandes empresas tales como Aldeas SOS, Fundación Ciudad del Niño, Corporación Opción, Fundación Mi Casa o María Ayuda, ligadas a partidos políticos, desde la Democracia Cristiana y Partido “Socialista” hasta la UDI. Todas esas empresas, al 31 de Diciembre de 2018, contabilizan en sus cuentas más de 15 mil millones de pesos, montos de los cuales, gracias a la ley 20.032 del gobierno del PPD Ricardo Lagos, se les garantiza el 10% de exclusiva propiedad de estas empresas, negocio que va acompañado de nula fiscalización por parte del SENAME en la utilización de los montos adjudicados.

En este escenario, la precariedad afecta no sólo a los miles de niños, niñas y adolescentes que son atendidos en el SENAME, donde las eternas listas de espera colaboran en perpetuar la vulneración de sus derechos, sin recibir una atención oportuna en los tiempos correspondientes; también, son las propias trabajadoras y trabajadores de estos programas quienes deben lidiar día a día con el empresariado que se ha adjudicado estos programas, transformándose en víctimas constantes de malos tratos, sueldos miserables, retrasos contractuales y sueldos impagos. Así lo demuestran hoy los trabajadores a honorarios sindicalizados de la Oficinas de Protección de Derechos, así como los trabajadores subcontratados por empresas privadas que supuestamente “colaboran” con SENAME.

Oficinas de Protección de Derechos: precariedad laboral, contratos a honorarios y nueva ley de cotización obligatoria.

En lo que respecta a la realidad de las Oficinas de Protección de Derechos, se contabilizan 233 oficinas a lo largo de todo el país, abarcando una atención total de niños, niñas y adolescentes equivalente a 810.120 en atención, promoción y prevención. La mayoría de estos trabajadores se encuentran a honorarios, contratados por los municipios, sujetos a políticas represivas, obligados a realizar proselitismo sobre los derechos de la niñez, muchas veces en el marco de campañas electorales de los mismos partidos corruptos, vinculados a empresas que lucran con los subsidios de SENAME. Son alrededor de 2.796 trabajadores a honorarios quienes nos desempeñamos en las OPD’s de todo el país, y alrededor de 400 en la Región Metropolitana, quiénes se suman a los más de 600 mil trabajadores a honorarios que se encuentran sometidos a esta modalidad de contratación del Estado y el empresariado a nivel nacional.

Como si fuera poco, las trabajadoras y trabajadores a honorarios de las OPDs, integran el grueso de 350 mil trabajadores que seremos perjudicados con la nueva ley 21.133 de cotización obligatoria a las AFP’s, la cual señala que la retención mensual del sueldo de los trabajadores aumentará de un 10% hasta llegar a un 21 % hasta el 2018. Esta política, sumada a la reforma previsional del 2008 implementada durante el gobierno de Michelle Bachelet, así como la reforma previsional propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera, apunta al saqueo mediante descuento al sueldo de los trabajadores, con la constatación práctica de que a la fecha los adultos mayores obtienen pensiones autofinanciadas inferiores a los 48 mil pesos, esto para seguir enriqueciendo a los dueños de las AFPs y a los Bancos, y entregar una miseria de Jubilación para las trabajadoras y los trabajadores.

El Paro de los Trabajadores a Honorarios de la OPD Lo Espejo y la alianza del gobierno de Piñera con el gobierno comunal del PPD Miguel Bruna en Lo Espejo.

Desde el inicio del paro, los trabajadores de la OPD Lo Espejo en la primera semana de agosto han recibido el apoyo de todo el Sindicato que agrupa a las OPDs de la Región Metropolitana, de múltiples organizaciones sindicales, y del Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT), esto a fin de reunir fuerza política y social, frente al constante hostigamiento de sus jefaturas y las direcciones políticas de los municipios, que abiertamente llaman a no solidarizar con la paralización que los trabajadores han llevado adelante. Hemos sido testigos, como determinados actores políticos de la Nueva Mayoría en la comuna de Lo Espejo, han mostrado su verdadera careta anti obrera, anti pueblo y abiertamente burguesa, culpando al paro de los trabajadores como la causa del retraso administrativo de los contratos y de los pagos de sueldo, cuando sabemos perfectamente que la responsabilidad inicial de todo esto la tiene SENAME que no tiene ningún respeto por los trabajadores, menos aún por aquellos que están bajo la modalidad de honorarios. Es bastante más rentable tanto para el SENAME, como para los municipios realizar ese tipo de contratación.

Es realmente impresentable que el municipio de Lo Espejo, bajo el mandato de Miguel Bruna, sea cómplice activo en el retraso de nuestros contratos, y sabemos que desde que irrumpimos como Sindicato de honorarios, en la cuenta pública de la Directora Nacional Susana Tonda, SENAME se comunicó con el municipio de Lo Espejo, formando alianza con este en contra nuestra, esto con el propósito de hostigarnos mediante la no contratación, dejándonos sin sueldo hasta la fecha. El municipio de Lo Espejo, con su alcalde PPD, no sólo se roba el dinero de todos los habitantes de una comuna caracterizada por los escandalosos índices de pobreza y desigualdad social, sino que además la burocracia administrativa de cada uno de los departamentos del municipio, perpetúa y se ha acomodado a dichas prácticas, lo que es necesario acabar de raíz, y eso será obra de los trabajadores y la población más empobrecida.

¿Cuál es la salida política que tienen los trabajadores a honorarios externalizados del SENAME frente a la Crisis Social que ha generado esta institución?

Primero que todo el SENAME como aparato represor de la niñez popular, se debe eliminar de raíz, ya que su origen y fundamento está manchado con sangre de la clase obrera: este servicio es creado en 1979, en plena dictadura militar. Luego, los gobiernos de la ex Concertación y la Nueva Mayoría, como los del empresario Sebastián Piñera, han trasformado la protección de la niñez en un verdadero negocio para el empresariado. Debido a esto, se debe levantar desde los mismos trabajadores y trabajadoras organizados un ministerio de carácter nacional que implemente una red de cuidados para la niñez, bajo el control de los Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores que han luchado incansablemente para entregar dignidad a los niños y a sus familias.

En ese sentido, como parte de un programa mínimo, se propone la derogación de la ley 20.032, a fin de entregar todos los recursos estatales destinados al cuidado de la niñez popular, a los sindicatos de trabajadores que implementan directamente los programas, junto con la conformación de una asamblea de usuarios del sistema, en donde tanto los niños y adolescentes víctimas de vulneración de derechos y sus cuidadores tengan la voz principal.

No obstante, lo anteriormente planteado no garantiza que se terminen de raíz los problemas que vulneran estructuralmente a los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Tal como ha planteado el Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT), perteneciente a la LIT-CI (Liga Internacional de Trabajadores -Cuarta Internacional), debemos apuntar a la nacionalización de todos los recursos naturales, como el Cobre y el Litio, para financiar no sólo la atención a la infancia y adolescencia vulnerada de nuestro país, sino para ponerlas al servicio de la clase explotada y a la satisfacción plena de todas sus necesidades, como salud, educación, vivienda, previsión, esparcimiento o cultura. La superación real de las condiciones que atentan a diario contra los derechos de miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro país será obra de los trabajadores mismos y bajo su control, dado que la mayoría de los problemas de violencia intrafamiliar, violencia de género, adulto centrismo, abuso sexual, maltratos y la opresión cotidiana que viven los hijos de la clase trabajadora, se debe a las opresiones del sistema capitalista sustentadas en su régimen de desigualdad y explotación.

Finalmente, como MIT nos ponemos al servicio de todas las luchas de la clase trabajadora, y exigimos como primera medida que se dispongan inmediatamente los contratos para las trabajadoras y trabajadores de la OPD Lo Espejo, y se paguen íntegramente los dos meses de sueldos adeudados. Sabemos que esto no cambiará la inseguridad laboral de los trabajadores, por lo cual, tal y como ellos lo han planteado, exigimos que sean contratados en forma indefinida, junto con todos los derechos que dicha modalidad contractual implica.

Luis Santibáñez Pérez

Militante del Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT)

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