por Paz Ibarra
La conmemoración de los 49 años desde el golpe cívico militar del ’73 reactiva un debate pendiente sobre el periodo más complejo de nuestra historia reciente. Este tiene dos caras. Una, la rica experiencia de organización del movimiento obrero, popular y campesino chileno acumulada en las décadas anteriores y que posibilitó la victoria de Allende para el periodo 1970-1976. La otra cara, la derrota impuesta por la clase empresarial a través de las Fuerzas Armadas que protagonizaron el golpe de Estado y que inicia el camino inverso con el exterminio de toda una generación de trabajadores altamente politizados y dispuestos a cambiar el país.
No es fácil sacar lecciones históricas sin un profundo análisis de las acciones y omisiones. Con el paso del tiempo, el Partido Comunista y el Partido Socialista (que hoy son nuevamente parte de un gobierno) se dedicaron a santificar la imagen de Allende. Han pretendido ocultar que la conducción de la Unidad Popular, y no exclusivamente la derecha y el gobierno de Nixon, llevó al desastre el sueño de millones de trabajadores.
Por esa época, la población analfabeta en Chile llegaba a casi 6, 7 millones de personas; faltaba más de medio millón de viviendas. La desnutrición afectaba a más del 19% de los niños de familias trabajadoras. Mientras, el Estado dejaba que principalmente por 2 empresas, Braden Copper y Anaconda Copper Mining (familias Rockefeller y Rothschild) se llevaran casi sin control el cobre desde 1905. En total, habían acumulado ganancias de 4 mil millones de dólares. Allende fue electo porque su programa proponía la nacionalización de la gran minería del cobre, es decir precisamente aquellas dos empresas saqueadoras y así romper la dependencia económica chilena del imperialismo norteamericano. Por otra parte, la recuperación de las riquezas naturales darían la base para el desarrollo tecnológico e industrial del país.
¿Era posible una vía pacífica al socialismo?
La necesidad de un golpe de Estado fue anticipada por un sector de empresarios quienes conspiraron para elevar la polarización del país, aún antes de la elección de Allende; en complicidad y con el financiamiento de la CIA (inversión en la candidatura de Frei en 1964; reuniones de Agustín Edwards con Kissinger en Washington)
El programa de gobierno de la UP era más que ambicioso. Era imposible de realizarse en los marcos del capitalismo y de forma pacífica. Allende proponía ese peligroso experimento: instalar una economía planificada en manos del Estado al servicio de la gran mayoría explotada y empobrecida; y para ello, expropiar las empresas estratégicas, con los mecanismos de la democracia burguesa (elecciones, Parlamento, tribunales de justicia y conservando la estructura de las Fuerzas Armadas, cuya alta oficialidad mantenía estrechos lazos con el gran empresariado y las FF.AA. de Estados Unidos). Esta falsa idea contradecía todas las luchas de los trabajadores; desde las mancomunales, Recabarren, las huelgas del salitre y el carbón, la Federación Obrera de Magallanes, Clotario Blest y la CUT de 53, etc. Allende buscaba que empresarios y banqueros permitieran ser despojados de su fuente de privilegios por la vía legal. Por eso todo el mundo miraba con asombro la vía chilena al socialismo la que sólo conseguiría dar algunos pasos durante los mil días de la UP.
Pronto los trabajadores vieron que su gobierno se limitaba a despachar leyes, mientras ellos avanzaban con extraordinaria organización más allá de lo laboral. En tanto Allende llamaba a “ponerle el hombro” para aumentar la producción, por un lado, y suplicaba el apoyo de la Democracia Cristiana en el Parlamento, por otro, los sindicatos dieron paso a los Cordones Industriales, verdaderos embriones de poder obrero. Allí decidían la producción y distribución prioritaria a las poblaciones, tomaban más fábricas para el sector social, organizaban comités para controlar precios y asegurar el abastecimiento ante el mercado negro fomentado por los empresarios. El gobierno nombró interventores políticos, militantes de la UP para dirigir las empresas estatizadas, en vez de impulsar un real control obrero.
En esa explosiva situación, el PC era la pata derecha de la UP, impulsando la colaboración de clases, es decir la alianza con un supuesto sector progresista de empresarios. Tenía que detener cualquier amenaza a la institucionalidad y mantener la coexistencia pacífica con el capitalismo, dictada por la burocracia estalinista de la URSS a los Partidos Comunistas del mundo. El PC de Chile amarró a la CUT usando a su principal dirigente. La Ministra del Trabajo, Mireya Baltra, encabezó los desalojos de las fábricas tomadas que no estaban en el programa de estatización del gobierno, acusando a sus trabajadores de “hacer el juego a la derecha”. El mismo 11 de septiembre, al llegar al Cordón Industrial Vicuña Mackenna, Baltra fue encarada por los trabajadores dispuestos a la autodefensa: “Ná de discursitos compañera, ¿dónde están las armas?” Ellos no pretendían defender La Moneda, sino sus fábricas y poblaciones.
Contra toda lógica revolucionaria, Allende se empecinó en respetar la democracia confiando en que los generales supuestamente constitucionalistas del Ejército (entre los que estaba el propio Pinochet) respetarían su mandato presidencial hasta el último día. Cabe recordar que durante agosto del ’73, un grupo de marinos denunció una serie de reuniones sediciosas sostenidas por altos oficiales que preparaban un golpe derrocar al presidente. Los marinos hicieron estas denuncias, entre otros, a parlamentarios de la época, de varios partidos de la Unidad Popular. Aun así, las advertencias no fueron consideradas y costaron la detención a 83 de los marinos leales al gobierno, quienes sufrieron torturas por parte de otros miembros de la Armada. Mientras, Allende buscó el apoyo en la bancada de la DC, y cediendo a su presión ordenó el desarme de los pocos sectores obreros y populares que habían comprendido a esas alturas que la autodefensa era más que necesaria y que no podían confiar en las FF.AA. Estos hechos pavimentaron el camino para la masacre.
La magnitud y brutalidad de la ira empresarial que se desató especialmente contra los sectores más organizados de la clase trabajadora, pobladores y estudiantes, no tiene comparación con las muchas matanzas sufridas durante la historia republicana del país. Fue un exterminio del movimiento obrero y sus nuevas organizaciones: Cordones Industriales, Sindicatos, Comités Comunales, Comités de Campesinos, cuadrillas para la autoconstrucción de viviendas, juntas de abastecimiento popular, etc. Fue el retroceso a punto cero del Área de Propiedad Social, del programa de Educación Nacional Unificada.
Hubo un ejemplo histórico de campesinos y obreros mapuche en la zona cordillerana de Valdivia. Su autoorganización para desarrollar la actividad forestal condujo a la formación del Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli; y esto provocó una represión ejemplar.
La Junta Militar de Gobierno concentró los poderes Ejecutivo y Legislativo, y así anuló la Reforma Agraria. La restitución de tierras a los latifundistas profundizó el despojo del pueblo mapuche y facilitó la concentración de cientos de miles de hectáreas en las familias Matte y Angelini, con lo que surgirían las forestales privadas.
Las contrarreformas fueron impulsadas por la clase empresarial que buscaba la reducción del Estado para ampliar el nicho de negocios privados. De hecho, los Chicago Boys, esa camada de economistas que instalaron el neoliberalismo a partir de la dictadura, se formaban ya desde 1955, en plena Guerra Fría, como parte del plan imperialista para frenar el avance de las ideas comunistas en Latinoamérica. El dictador Pinochet sólo facilitó la puesta en marcha de ese plan. Sin resistencia sindical y con el poder en sus manos, la Junta Militar firmó las leyes redactadas por la burguesía para saquear el país y despojar a los trabajadores.
Pinochet también fue generoso con los recursos fiscales. Financió el salvataje a los bancos en la crisis económica de 1981-82; creó millonarios subsidios a los privados para “incentivar la inversión”, como el Decreto Ley 701, que aportaba el 75% a las plantaciones de pino y eucalipto y se mantuvo por casi 3 décadas. Nuevamente los Matte y Angelini fueron beneficiados con ríos de dinero estatal para extender sus negocios. La industria forestal fue impulsada desde la CORFO (Corporación de Fomento) que era dirigida por… Julio Ponce Lerou, ex-yerno de Pinochet y hoy magnate del litio.
Durante los primeros años de liberalización de la economía, la deuda externa chilena aumentó de 3.500 a más de 17. 000 millones de dólares en tanto que el PIB se redujo un 14,3%. La clase trabajadora comenzó a sostener sobre sus espaldas el efecto de la recesión: entre 1973 y 1982, el desempleo aumentó al 23,7%. Muchas fábricas fueron a quiebra: todo el sector textil y de confección de ropa, el calzado, electrodomésticos y línea blanca. La quiebra de textiles emblemáticas como Bellavista Tomé, Paños Oveja Tomé, o aquellas que fueron objeto de millonarias estafas como Loza Penco, sumieron en la cesantía y pobreza a regiones completas como la del Biobío.
El genocidio y la impunidad pactada
La transición a la democracia costó la mantención del capitalismo neoliberal la absoluta impunidad para Pinochet y todos los generales ex miembros de la Junta Militar. Esa “justicia en la medida de lo posible” impulsada por Aylwin tranquilizó a la derecha y la mayoría golpista de la DC que él mismo había liderado. Las víctimas de crímenes de lesa humanidad (es decir, contra la población civil, cometidos de forma planeada por agentes del Estado) fueron más de 38.000 personas: presos políticos, exiliados, relegados, ejecutados, exonerados, degollados, quemados, torturados y detenidos desaparecidos; durante los 17 años de dictadura. Los datos están en los informes de la Comisión Rettig (gobierno de Aylwin), Comisión Valech I (gobierno de Lagos) y el Informe Valech II (gobierno de Piñera) Las investigaciones buscaban tan sólo el reconocimiento de las víctimas para fijar compensaciones económicas a los sobrevivientes o familiares. Ningún gobierno ordenó a la justicia militar ni a los cuerpos de inteligencia (DINA, CNI, DICOMCAR, DINE) la entrega de información sobre los crímenes. No hay un catastro público del total de inculpados. La mayoría cumple condena en la Cárcel de Punta Peuco o el Penal Cordillera, construidos especialmente para ellos. De todos los reos, 95 son ex-generales y altos oficiales en retiro, que además reciben pensiones millonarias, entre 800 mil y 3 millones de pesos. Peor aún, Ricardo Lagos estableció la prohibición de desclasificar detalles del Informe Valech I por un lapso de 50 años, ni siquiera por motivos judiciales, con la excusa de proteger la integridad de las víctimas que se atrevieran a declarar.
La impunidad también beneficia a colaboradores directos de la dictadura: exministros, jueces de tribunales de Justicia, y familias de empresarios (Edwards, Kast, Yarur, etc.) Muchos de los aprendices de la dictadura (Allamand, Espina, Longueira, Chadwick) tienen hasta hoy roles de importancia en la UDI y Renovación Nacional.
Las lecciones que la izquierda no ha querido sacar
Los partidos con que históricamente se habían identificado trabajadores y pobladores fueron literalmente descabezados. El caso del MIR fue tal vez el más dramático por haber sido aniquilado casi en su totalidad. No se puede decir que se equivocaron al levantar las banderas de los explotados. Pero sí se puede afirmar que fue absolutamente errada su política de acompañar a Allende en su “vía pacífica”, sin anticipar medidas contra la enfurecida respuesta empresarial. La consecuencia fue sufrida por la clase trabajadora que avanzaba en su conciencia revolucionaria. Esta es la conclusión más cara para la izquierda chilena.
Sin embargo, no todos los partidos tuvieron la misma política en la UP. El PC mantuvo a raya a los trabajadores para que Allende pudiera negociar con los empresarios por dentro del parlamento y apoyado por las FF.AA. como garantes del compromiso presidencial con la Constitución. Aquello no fue un error sino una traición. El MIR intentó impulsar el socialismo por la vía armada, reemplazando a los trabajadores y pasando por sobre su experiencia de lucha y organización al imponer la formación de guerrillas en el campo. La discusión con esos partidos está aún pendiente, y hay muchos otros errores políticos que es necesario aclarar. Pero lo común es que ellos son responsables de una parte de las condiciones que causaron la muerte a miles de trabajadores valientes y confiados. Nunca se podrá demostrar que la aspiración por el socialismo fue lo errado.
La trágica derrota de la UP, ¿fue causada por la clase trabajadora? Claramente no. El golpe del ’73 fue la respuesta contrarrevolucionaria de la burguesía chilena que no encontró resistencia porque la autodefensa de los trabajadores y el pueblo nunca fue permitida por Allende.
La más dura de las lecciones
Desde 1990, los empresarios contaron con el apoyo de cada uno de los gobiernos para aumentar sus riquezas. Se profundizó la privatización de empresas iniciada por la dictadura permitiendo la escandalosa concentración de increíbles fortunas en 20 familias. Con las concesiones mineras se continuó el saqueo de las compañías extranjeras de comienzos del siglo XX. Chile, tal como en la Colonia, siguió dependiendo de la exportación de materias primas, sin desarrollo industrial ni tecnológico propio, con mano de obra barata. Todo ello garantizado por el Código del Trabajo de 1981, que creó el subcontrato, atomizó los sindicatos y arrasó con los derechos laborales. La dictadura gobernó por y para los empresarios; apoyó el desarrollo de grupos económicos tradicionales y creó otros nuevos.
En resumen, el mismo Estado que con sus aparatos legislativo, judicial y militar ahogó en sangre el avance de la clase trabajadora en la Unidad Popular, se mantiene intacto hasta hoy, en las manos de los grupos económicos que se beneficiaron con el golpe y que han profundizado la pérdida de derechos sociales y laborales, aumentando la explotación.
La continuidad de Pinochet como comandante en jefe y del plan de liberalización de la economía trazado por José Piñera y Jaime Guzmán, fueron la moneda de cambio en la nueva democracia de los acuerdos, con el consentimiento del PC y el PS. Así se firmó la tranquilidad para el puñado de empresarios y amigos de Pinochet que compraron a precio de huevo o que recibieron el traspaso de las industrias todavía en poder del Estado: Soquimich, LAN Chile, IANSA, CAP, ENTEL, ENDESA; lo que acrecentó la fortuna de grupos económicos y creó otros nuevos.
Las familias que en 30 años amasaron fortunas también son corruptas. Evaden impuestos, se coluden, roban al Fisco. Ellas controlan los tribunales, Impuestos Internos, FF.AA. Aumentaron su riqueza incluso en pandemia. Son las familias Luksic, Paulmann, Piñera, Angelini, Matte, Cueto, Solari, Von Appen. Son Ponce Lerou, Salata, Saiéh, Yarur…
El periodo de nuestra historia entre 1970 y 1990 demuestra que no existe una vía pacífica al socialismo, porque la respuesta de la burguesía chilena y el imperialismo nunca será pacífica. Más aun, la actual corrupción de la democracia burguesa, los efectos de la pandemia, la crisis ambiental y económica, empujan a mayores niveles de barbarie y ponen a la orden del día la urgente necesidad del socialismo, con la estatización de toda la economía, el control obrero y popular de los medios de producción y distribución de la riqueza y el poder político en manos de la clase trabajadora.
Para no caer en la misma capitulación de la UP frente al Estado burgués, es fundamental que el pueblo trabajador se plantee la disputa de las bases de las Fuerzas Armadas, que también tienen origen trabajadora, para evitar una nueva represión violenta o masacre al movimiento de masas.
Para conseguir cambios sociales profundos, debemos mostrar incansablemente la necesidad de recuperar sindicatos y organizaciones de lucha para los trabajadores. Si la clase trabajadora se cohesiona por arrebatar el poder político a los dueños del país, la increíble fuerza liberada el 18 de octubre de 2019 encontraría un cauce. Un pequeño indicio del poder de los trabajadores se demostró el 12 de noviembre. Ese día, una huelga productiva parcial en conjunto con la gran movilización callejera, logró lo que ni todas las asambleas territoriales y cabildos hubiesen logrado: poner contra las cuerdas a un gobierno, obligándolo a retroceder concediendo en algo que nunca hubiese sido posible como los retiros del 10% de los ahorros previsionales.
Por último, si se hubiese acompañado a la Convención Constitucional con movilizaciones similares a las del 12 de noviembre de 2019, de trabajadores y organizaciones sociales, sin duda los convencionales independientes se habrían visto presionados, no por los partidos de los 30 años, sino por quienes defendimos las banderas del 18 de oct: fin de las AFP y del Código Laboral, fin del Código de Aguas y de las concesiones mineras y pesqueras, restitución de sus tierras a los pueblos originarios, liberación inmediata de todos los luchadores presos chilenos y mapuche, recuperación bajo control de los trabajadores y las comunidades de todas las riquezas naturales para financiar los derechos vulnerados
Nuestra historia de luchas y derrotas nos muestra cada vez, que son los trabajadores los únicos capaces de destruir el Estado y empujar la transformación social que necesitamos para sobrevivir a la barbarie capitalista. Nuestra clase debe retomar ese camino. Sólo así, el pueblo trabajador con el poder en sus manos, podrá corregir el rumbo desviado por la claudicación del PC y el PS, y construir la sociedad socialista donde no haya explotadores ni explotados.
